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44 detenidos por estafar robando datos personales a compañías eléctricas

Accedían a las bases de datos personales de las eléctricas para usurpar la identidad de los clientes y cambiarlos a otras empresas sin su consentimiento para así lucrarse de las comisiones por nuevas altas.

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La Policía Nacional ha detenido a 44 personas por el uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de consumidores y contratar servicios no autorizados (Fuente: Europa Press)
La Policía Nacional ha detenido a 44 personas por el uso fraudulento de datos personales para usurpar la identidad de consumidores y contratar servicios no autorizados (Fuente: Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido a un total de 44 personas en hasta 12 provincias españolas – Barcelona, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla  y Valencia – por su presunta implicación en una trama de delito contra el mercado y los consumidores. 26 de los detenidos trabajaban como comerciales y también se les imputa un delito de usurpación de estado civil, mientras que los 18 restantes eran administradores de sociedades "fuerza de ventas" que, a su vez, proveían de las bases de datos, y están presuntamente implicados en un delito de estafa.

Su "modus operandi" consistía en acceder a las bases de datos personales de compañías eléctricas para usurpar la identidad de los clientes y, sin su consentimiento, cambiarlos a otras empresas proveedoras de servicios para lograr así su objetivo: enriquecerse con las comisiones por nuevas altas que proporcionaban las empresas a las que derivaban fraudulentamente a los clientes.

El operativo policial se ha llevado a cabo en tres fases y la investigación sobre esta trama nacional se inició en septiembre de 2019 a raíz de una denuncia por parte del administrador de una compañía distribuidora de luz y gas natural. En ella, manifestaba que personas desconocidas se hacían pasar por trabajadores de la empresa y estaban llamando a los clientes siendo conocedores de todos sus datos personales, así como bancarios y puntos de suministro, para ofrecerles un supuesto descuento en la tarifa. Sin embargo, lo que hacían en realidad era cambiar a los clientes a otra comercializadora eléctrica sin que ellos lo supieran.

Además, la empresa denunciante había realizado una auditoría interna en la que se dio cuenta que se habían producido accesos no autorizados a sus bases de datos. También detectó que personas desconocidas habían contactado con la mercantil haciéndose pasar por clientes y, tras contestar las preguntas de seguridad, solicitaban duplicados de facturas con la finalidad de comunicar un cambio en sus datos de contacto para que, una vez realizado el cambio de compañía, pudieran evitar que una posible contraoferta llegara al consumidor, que desconocía su nueva alta.

Paralelamente y tras descubrir el método de captación, la comercializadora eléctrica que estaba recibiendo a los nuevos clientes también interpuso una querella contra varios comerciales por las prácticas realizadas.

Se estima que se han producido unos 36.000 cambios de datos personales

Durante su investigación, los agentes también detectaron que la empresa "fuerza de ventas" de la mercantil donde se inscribían a los nuevos clientes, subcontrataba a su vez nuevas sociedades para la captación de más clientes, lo cual suponía que una gran cantidad de datos personales de personas se filtraran hacia tales subcontratas.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una valoración económica del perjuicio causado, se estima que se hayan produjo unos 36.000 cambios de datos personales, los cuales también han causado baja en la compañía perjudicada.

La Policía Nacional ha reportado estos hechos a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por si las prácticas comerciales de las empresas "fuerza de ventas" pudieran ser constitutivas de una infracción contraria a la normativa de defensa de la competencia. También ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos sobre las medidas de protección y filtraciones de los datos personales de los consumidores por si fueran constitutivos de infracción en la normativa de protección de datos de carácter personal por parte de sociedades distribuidoras y comercializadoras contratantes de esas empresas de call center investigadas, susceptibles de corrección o sanción.