La política migratoria del Gobierno se caracteriza por su inconsistencia y falta de relevancia, guiada por iniciativas que denotan su fragilidad y el rumbo desacertado que mantiene ante uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta España. En este ámbito, se ha impuesto un discurso dominante, hábilmente manejado por la izquierda, que tacha de extrema derecha cualquier posicionamiento que se aparte de su marco conceptual. Así, si por ejemplo se da el caso de que una formación política plantea la necesidad de reforzar los controles fronterizos para frenar la inmigración ilegal, no tarda en ser señalada como xenófoba o reaccionaria. Este clima se ve además favorecido por el seguidismo acrítico de gran parte de los medios de comunicación y por la incapacidad –cuando no parálisis– de la derecha para defender sus propuestas sin temor a las consecuencias políticas que puedan derivarse.
Durante los siete años de gobierno socialista, la política migratoria ha seguido una línea errática que comenzó apenas diez días después de la moción de censura que llevó al PSOE al poder. Fue entonces cuando el buque Aquarius recibió la autorización para desembarcar en el puerto de Valencia, donde atracó en junio de 2018 en medio de un gran despliegue de políticos socialistas y medios de comunicación, tras semanas a la deriva en el Mediterráneo después de que Italia y Malta le negaran la entrada en sus puertos. Sin embargo, años después, más del 80% de los 625 inmigrantes que llegaron en el Aquarius vieron denegada su solicitud de protección internacional, quedando abocados a la ilegalidad en su estancia en nuestro país. A ello se sumó un efecto llamada incontestable, como evidencia el hecho de que España soporte actualmente la mayor presión migratoria por entradas irregulares en las costas europeas. Esta presión ya está repercutiendo en la sociedad española, especialmente en determinadas zonas y sectores sociales donde están surgiendo conflictos de intereses y de valores culturales.
Cataluña: violencia, guetos, radicalización… y surgimiento de Aliança Catalana
Un ejemplo reciente de esta tensión son los graves incidentes acecidos el pasado mes de marzo en la localidad gerundense de Salt. Durante dos noches consecutivas, unas 200 personas –en su mayoría de origen subsahariano– cortaron vías públicas, incendiaron mobiliario urbano y contenedores e incluso intentaron asaltar la comisaría de los Mossos d'Esquadra en protesta por el desahucio del imam de Salt, tras varios años de impago de su vivienda. La respuesta del Ayuntamiento no pudo ser más desoladora para el sentido común: cedió ante el chantaje y la violencia desatada, concediendo una vivienda social al imam y enviando así un preocupante mensaje de debilidad institucional que fortalece a los causantes de los disturbios.
Otras ciudades catalanas como Vic, Figueres o La Junquera cuentan con barrios conflictivos, marcados por elevados niveles de delincuencia y habitados mayoritariamente por inmigrantes musulmanes de origen magrebí y subsahariano, que se han convertido en verdaderos guetos. En estos entornos, además, se adoctrina a la población en unos valores y formas de vida incompatibles con los principios y normas de las sociedades occidentales. Prueba de esta realidad es que, hace apenas dos meses, los imames salafistas de las dos últimas poblaciones citadas fueron expulsados de España por difundir mensajes radicales contrarios a la seguridad nacional. Y no son los primeros en ser deportados, gracias a la labor de los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del CNI, que mantienen bajo vigilancia varias localidades catalanas y del arco mediterráneo por la composición de sus grupos de población. En algunos de estos territorios, el 80% de los nacidos en 2023 son de origen musulmán. Como agravante, ya hay barrios que se asemejan a las banlieues de los distritos de la periferia de París o Bruselas, donde la presencia policial brilla por su ausencia, y los inmigrantes replican los modos de vida y patrones culturales propios de sus países de origen musulmán.
Como reacción a la situación que se vive en varias poblaciones catalanas, ha surgido un partido radical de corte independentista, Aliança Catalana, que en las últimas elecciones autonómicas logró representación en el Parlamento catalán con dos diputados. Esta formación se declara abiertamente islamófoba y canaliza el malestar que está surgiendo en la sociedad catalana por la gestión de la inmigración, un asunto que ya figura como la segunda preocupación para la ciudadanía, según una encuesta del instituto de opinión de la Generalitat.
El descontrol administrativo se extiende por España
En otros muchos puntos de la geografía nacional también se hace patente la desorganización en el tratamiento de la inmigración irregular, tal como denuncian numerosas administraciones municipales y autonómicas. Estas entidades suelen tener conocimiento de la llegada de inmigrantes a sus localidades cuando estos ya se encuentran allí, y es entonces cuando la administración central les notifica que deben empadronarlos y facilitarles acceso a los servicios sociales. Durante meses se les aloja en instalaciones hoteleras, pero una vez finalizado ese período, se les deja abandonados a su suerte en la calle, sin más recursos que los que pueda ofrecerles el municipio al que fueron enviados.
Otro ejemplo del desconcierto en la gestión de este fenómeno es la imagen que proyectan los aeropuertos de Madrid y Barcelona, los dos principales aeropuertos del país, donde centenares de personas –la mayoría solicitantes de asilo o en situación irregular– pernoctan en instalaciones que están concebidas para el tránsito de viajeros, no para ser habitadas.
Regularizaciones y progresos fallidos
A este panorama hay que añadir la iniciativa legislativa popular que el Congreso admitió a trámite el año pasado, con el objetivo de regularizar a medio millón de inmigrantes, y que, una vez impulsada, supondrá un nuevo reclamo para la llegada de más inmigración irregular.
Otro evidente fracaso son los programas de migración circular, que consisten en ofertas de empleo temporal en el sector agrícola dirigidas a los principales países de origen de la inmigración irregular. Estos programas ya han demostrado su ineficacia como alternativa real, pese a la gira africana de Pedro Sánchez del pasado verano, en la que trató de vender las bondades del sistema. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad: apenas se formalizaron 300 empleos temporales en todo el año pasado, y lejos de frenar las llegadas, actúan como un incentivo más para la inmigración ilegal, constituyendo un efecto llamada indudable entre los miles de aspirantes que no pueden optar a esos empleos temporales.
Polémico acuerdo con Junts: reparto de MENAS y transferencia de competencias a Cataluña
El último episodio de la errática política inmigratoria del Gobierno es el acuerdo que ha alcanzado con Junts para reformar parcialmente la Ley de Extranjería, por el que se impone a las Comunidades Autónomas el reparto de los 4.500 menores no acompañados (MENAS) que actualmente se encuentran en Canarias, cuyos centros de acogida están colapsados.
Resulta chocante que un partido que ni siquiera gobierna en la Generalitat imponga al resto de España esta repartición, de la que sale claramente beneficiado puesto que Cataluña acogerá apenas a 20 de ellos, mientras que comunidades como Madrid y Andalucía está previsto que tutelen a 800.
Además, para poder llegar a este acuerdo, el Gobierno ha transferido a Cataluña las competencias en materia migratoria y de control de fronteras, elementos que representan el núcleo duro de la soberanía nacional y que, tal como establece nuestra Constitución, son de competencia exclusiva del Estado. En un enésimo ejercicio de contorsionismo político al que ya nos tiene costumbrados, Pedro Sánchez ha accedido a esta cesión con el objetivo de mantenerse unos meses más en el poder. Todo ello, a pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había negado hace apenas unos meses y en sede parlamentaria que estas facultades fueran a transferirse, desdiciéndose posteriormente, como ya es habitual que ocurra en otros asuntos. Esta actitud recuerda al gato de Cheshire, el personaje del cuento de Lewis Carroll "Alicia en el país de las maravillas", cuando dice que "si no sabes dónde vas, no importa el camino que tomas".
El interés del prófugo Carles Puigdemont en controlar las competencias migratorias está motivado por el hecho de que le ha salido un competidor aún más a su derecha en Cataluña: Aliança Catalana, un partido ideológicamente muy cercano que está captando votos de Junts debido al malestar creciente de su electorado, a sus mensajes de dureza y radicalidad contra la inmigración irregular, y a su defensa de que para integrarse en su región es imprescindible dominar el idioma catalán, una exigencia que también comparten los dirigentes de Junts. En este contexto, cabe resaltar que la policía autonómica catalana nunca ha reclamado esta competencia que hasta ahora era exclusiva del Estado, y que, en la última Junta de Seguridad de Cataluña, celebrada en diciembre y donde se abordan los asuntos de Interior entre ambas administraciones, no se trató este asunto. Además, los Mossos advirtieron de su falta de recursos humanos y materiales para asumir con éxito esta nueva atribución.
En los próximos meses, la gestión del reparto de los MENAS y la confrontación política en torno a este asunto y a la inmigración en general estarán en el centro del debate.
Así, varias Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el reparto asignado invade sus competencias porque ya sus centros de acogida ya se encuentran saturados, y sienten que han sido discriminadas en la adjudicación frente a Cataluña y País Vasco, que han resultado claramente beneficiadas.
Además, el Gobierno está utilizando el proceso de distribución de MENAS como un arma de confrontación política: satisface a Puigdemont, que ha pasado a codirigir la política inmigratoria, y de paso aprovecha para tensar la relación entre el PP y VOX, como sucedió el verano pasado, cuando la formación de Abascal rompió los pactos de gobierno que mantenía en cinco comunidades autónomas tras la aceptación, por parte de sus socios, de la acogida de poco más de tres centenares de menores.
El sistema de MENAS: deficiente y saturado
Hay varios aspectos en el abordaje de los MENAS que ponen de manifiesto la falta de eficiencia y rigor del sistema. Uno de ellos es que la gran mayoría de menores que se encuentran tutelados en Canarias no cuentan con autorización de residencia. De los 5.000 existentes, apenas un 10% disponen de ella, según denunció el pasado verano el Defensor del Pueblo. Esta situación denota la flagrante falta de recursos dispuestos por el Estado y anticipa que muchos de estos menores, cuando cumplan 18 años, quedarán abocados a la irregularidad. El problema se agudizará cuando finalmente se produzca el reparto entre las Comunidades Autónomas, que deberán iniciar de cero el procedimiento de regularización, teniendo en cuenta que más de dos tercios de los MENAS tienen más de 16 años cuando entran en nuestro territorio. Y no se trata de tiernos infantes, como frecuentemente se presentan en los medios de información, que hablan de niños a los que hay que acoger, sino de adolescentes que salen de sus países, mayoritariamente de Marruecos y Senegal, en busca de un futuro mejor que el que pueden encontrar en sus lugares de origen.
Con Marruecos, además, existe un Acuerdo bilateral de 2007 sobre asistencia a menores inmigrantes, que contempla su retorno concertado y que habría que instar a su cumplimiento, máxime ahora que el reino magrebí se encuentra en un proceso de modernización con vistas al Mundial 2030, dando una imagen de país avanzado que contrasta con la continua salida de sus adolescentes.
Otro ejemplo de la improvisación y falta de criterio con que actúa el Gobierno es la retirada del recurso que había presentado la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Supremo en el que le instaba a acoger al millar de menores migrantes que también habían solicitado asilo. Esta decisión contradice sus mensajes de colaboración en la acogida, ya que mientras abogan por atenderlos, sus servicios jurídicos interponían un recurso para dilatar el cumplimiento del requerimiento judicial.
A esta situación se suma la saturación existente en varios centros de menores de la península, donde los incidentes son frecuentes y en muchas ocasiones saltan a los medios de comunicación. Las noticias reportan casos de educadores y vigilantes de seguridad que resultan heridos al intentar frenar peleas y altercados, detenciones de menores implicados en los mismos y, en otras ocasiones, reclamaciones de mayores ayudas de las que reciben, que ya superan los 4.000 euros mensuales por cada menor. El coste total del sistema alcanza cientos de millones de euros anuales del presupuesto público, aunque la cifra exacta es incierta porque, por un lado, el Ministerio de Juventud e Infancia estima en 19.000 los MENAS en España y, por otro, los registros de la Policía Nacional contabilizan 16.000.
A este escenario, descrito someramente, hay que añadir que el sistema de asilo, que representa la vía más segura de permanecer en el país, se emplea en la mayoría de los casos de forma injustificada y está al borde del colapso, con más de 275.000 peticionarios a la espera de respuesta de la Administración. Además, la situación se agravará con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, prevista para el 20 de mayo, y que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por las principales ONGs defensoras de los derechos de los inmigrantes. Este reglamento establece que quienes vean denegada su solicitud de asilo no podrán, como hasta ahora, solicitar la residencia por arraigo contando los años que hayan permanecido en el país. En consecuencia, muchos quedarán directamente abocados a la irregularidad.
La cuestión inmigratoria es una realidad compleja, sin soluciones fáciles ni recetas sencillas, que marcará la agenda política en los próximos meses y que ya constituye una de las principales preocupaciones de los españoles, junto a problemas tradicionales como la vivienda y el empleo, como así adveran las últimas encuestas de opinión.
Una nueva política de inmigración
Por tanto, es imprescindible establecer una política que frene la actual dinámica de saturación de recursos y servicios destinados a atender esta realidad, y que evite la sensación de inmersión migratoria que ya están experimentando los ciudadanos de muchas localidades de nuestro país. Crece el temor a perder la identidad y los valores de vida occidental ante las oleadas de inmigración irregular de origen predominantemente musulmán, que en muchas ocasiones no se integran y convierten en auténticos guetos sus nuevos lugares de residencia.
Por ello, cada vez es más perentorio, con el fin de evitar el demoledor efecto llamada que existe actualmente –y que ha provocado que nuestras costas fueran el año pasado las que más llegadas de inmigración irregular registraron en toda Europa–, enviar el mensaje de que violentar nuestras fronteras no es el modo de entrar en España, y que se actuará con firmeza para frenar estas llegadas, dejando claro que su llegada está condicionada a que se produzca de forma legal, regulada y ordenada.
Asimismo, es necesario reorientar la estrategia seguida hasta el momento con los principales países de origen de la inmigración irregular, vinculando las ayudas destinadas a su desarrollo a un control efectivo de sus fronteras.
Es fundamental reforzar la cooperación policial ya existente con los países de origen y tránsito de la inmigración ilegal, para combatir con mayor eficacia contra las redes de crimen organizado dedicadas al tráfico de seres humanos. Ello exige una coordinación más ágil en el intercambio de información e inteligencia sobre las actividades de estos grupos criminales, así como capacitar y formar a las fuerzas de seguridad de dichos países en el uso de las nuevas tecnologías que se están aplicando en la lucha contra esta modalidad delictiva.
En relación con los menores inmigrantes, debe prevalecer siempre el interés superior del menor, que en buena lógica pasa por estar con su familia de origen en su país. Una vez alcanzada la mayoría de edad, su permanencia en España debería estar supeditada a su inclusión en programas de formación orientados a su inserción en el mercado laboral.
Igualmente, se hace necesario monitorizar la labor de algunas ONGs que, en determinados casos, colaboran con redes de inmigración ilegal, suprimiendo las generosas subvenciones que reciben y estableciendo un mayor control sobre el destino final de las mismas.
También es fundamental dotar de más medios y recursos al sistema de asilo, actualmente colapsado, para poder resolver con mayor rapidez las solicitudes y evitar que sea el camino empleado por los inmigrantes irregulares para quedarse en el país haciendo un uso abusivo de este instrumento. En este sentido, la reciente decisión de la Unión Europea de calificar como países seguros a Marruecos y Colombia, entre otros, contribuirá a frenar en muchas ocasiones el uso torticero de este recurso.
Finalmente, debido al fuerte incremento de entradas a Canarias por África Occidental, es necesario instar a una mayor intervención de la Agencia Europea de la Guardia de Costas y Fronteras (FRONTEX) mediante la utilización de plataformas tecnológicas avanzadas que permitan mantener un control constante en las zonas fronterizas estratégicas al sur de la Unión Europea. Ello facilitaría una respuesta más proactiva y eficiente junto a las autoridades fronterizas de los países africanos, contribuyendo a la detección de embarcaciones con inmigrantes irregulares y limitando los movimientos de las mafias implicadas en estas actividades ilícitas.