La Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por la presunta incompatibilidad de diversos aspectos del Real Decreto 517/2024, que regula la utilización civil de drones en España, con el Derecho de la Unión Europea.
La documentación que se aporta consta de un informe jurídico elaborado por el despacho Tornos Abogados y un certificado técnico emitido por un ingeniero aeronáutico colegiado. En ellos se recoge que determinadas obligaciones introducidas por el artículo 40 del Real Decreto exceden el margen de actuación reconocido a los Estados miembros por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947.
Contrario a los principios de mercado interior
Entre los aspectos puestos en cuestión se encuentran la definición extraordinariamente amplia del concepto de entorno urbano, la obligación de comunicar determinadas operaciones al Ministerio del Interior con cinco días de antelación, la prohibición de sobrevolar edificios salvo autorización de sus titulares y otras restricciones que, según la ANPD, pueden alterar el régimen armonizado establecido por la normativa europea.
La asociación estima que estas medidas afectan tanto a pilotos recreativos como a operadores profesionales y que pueden dificultar la prestación de servicios por parte de operadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. La denuncia expone que la acumulación de requisitos administrativos y limitaciones operativas podría provocar un efecto disuasorio contrario a los principios del mercado interior.
Recorrido judicial
Con anterioridad, la ANPD había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Tribunal Supremo. La sentencia estimó parcialmente la demanda y eliminó la obligación de registrar los drones en el Ministerio del Interior, pero la asociación considera que los asuntos vinculados con la compatibilidad del Real Decreto con el Derecho de la Unión Europea quedaron fuera del análisis judicial, motivo por el que acude ahora a la Comisión Europea.
La denuncia presentada no supone la apertura automática de un procedimiento de infracción. Según el procedimiento, corresponde a la Comisión examinar la documentación y valorar la existencia de indicios suficientes para iniciar actuaciones contra España conforme a los mecanismos previstos en los Tratados de la Unión Europea.
Marco regulatorio equilibrado
Sobre la denuncia, la ANPD ha explicado que el objetivo “no es reducir los niveles de seguridad ni cuestionar la necesidad de una regulación”. “Lo que defendemos es que las normas nacionales respeten el marco jurídico común aprobado por la Unión Europea y que las restricciones impuestas sean proporcionadas, técnicamente justificadas y compatibles con el sistema armonizado que rige para todos los Estados miembros”, añade.
La asociación subraya que esta actuación forma parte de la hoja de ruta iniciada desde su constitución para promover un marco regulatorio equilibrado que garantice tanto la seguridad aérea como el desarrollo del sector de los sistemas de aeronaves no tripuladas en España.
La Asociación Nacional de Pilotos de Drones (ANPD) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por la presunta incompatibilidad de diversos aspectos del Real Decreto 517/2024, que regula la utilización civil de drones en España, con el Derecho de la Unión Europea.
La documentación que se aporta consta de un informe jurídico elaborado por el despacho Tornos Abogados y un certificado técnico emitido por un ingeniero aeronáutico colegiado. En ellos se recoge que determinadas obligaciones introducidas por el artículo 40 del Real Decreto exceden el margen de actuación reconocido a los Estados miembros por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947.
Contrario a los principios de mercado interior
Entre los aspectos puestos en cuestión se encuentran la definición extraordinariamente amplia del concepto de entorno urbano, la obligación de comunicar determinadas operaciones al Ministerio del Interior con cinco días de antelación, la prohibición de sobrevolar edificios salvo autorización de sus titulares y otras restricciones que, según la ANPD, pueden alterar el régimen armonizado establecido por la normativa europea.
La asociación estima que estas medidas afectan tanto a pilotos recreativos como a operadores profesionales y que pueden dificultar la prestación de servicios por parte de operadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. La denuncia expone que la acumulación de requisitos administrativos y limitaciones operativas podría provocar un efecto disuasorio contrario a los principios del mercado interior.
Recorrido judicial
Con anterioridad, la ANPD había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Tribunal Supremo. La sentencia estimó parcialmente la demanda y eliminó la obligación de registrar los drones en el Ministerio del Interior, pero la asociación considera que los asuntos vinculados con la compatibilidad del Real Decreto con el Derecho de la Unión Europea quedaron fuera del análisis judicial, motivo por el que acude ahora a la Comisión Europea.
La denuncia presentada no supone la apertura automática de un procedimiento de infracción. Según el procedimiento, corresponde a la Comisión examinar la documentación y valorar la existencia de indicios suficientes para iniciar actuaciones contra España conforme a los mecanismos previstos en los Tratados de la Unión Europea.
Marco regulatorio equilibrado
Sobre la denuncia, la ANPD ha explicado que el objetivo “no es reducir los niveles de seguridad ni cuestionar la necesidad de una regulación”. “Lo que defendemos es que las normas nacionales respeten el marco jurídico común aprobado por la Unión Europea y que las restricciones impuestas sean proporcionadas, técnicamente justificadas y compatibles con el sistema armonizado que rige para todos los Estados miembros”, añade.
La asociación subraya que esta actuación forma parte de la hoja de ruta iniciada desde su constitución para promover un marco regulatorio equilibrado que garantice tanto la seguridad aérea como el desarrollo del sector de los sistemas de aeronaves no tripuladas en España.
