El consejo de administración de Orange ha aceptado la dimisión de Stéphane Richard como presidente y consejero delegado de la operadora francesa, después de que el Tribunal de Apelación de París condenase al ejecutivo a una pena de un año de prisión exento de cumplimiento y al pago de una multa de 50.000 euros por su participación en el escándalo multimillonario del "Caso Tapie", por el que también fue condenada la entonces ministra francesa de Finanzas y ahora presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
Este caso se remonta a 1993, cuando el empresario Bernard Tapie vendió Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais para así incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Mitterrand.
En 2008, la exministra Lagarde promovió un tribunal de arbitraje que se saldó con el pago de una indemnización de 404 millones de euros al empresario. Posteriormente, Lagarde, ya en su cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue condenada por negligencia por su actuación en este caso y se ordenó a Tapie que devolviera los fondos.
La dimisión será efectiva antes del 31 de enero de 2022
La dimisión de Richard será efectiva una vez que se haya designado la nueva estructura de gobierno en la operadora gala y, a más tardar, para el 31 de enero de 2022, ha señalado la compañía, que añade que Stéphane Richard continuará en su cargo hasta tal fecha.
Según el veredicto, difundido a la prensa francesa y que recoge el diario Le Monde, el tribunal de apelaciones encargado del caso ha anulado una sentencia de un tribunal inferior que había absuelto al empresario. La sentencia de un año de prisión se ha dictado en suspenso, por lo que el directivo no pisará la cárcel.
En un comunicado también difundido a los medios franceses, el consejero delegado de Orange ha sostenido que las acusaciones de complicidad en la malversación de dinero público "son infundadas y no se basan en ninguna prueba". Además, adelantó que recurrirá este nuevo veredicto.
El Estado francés es el principal accionista de Orange, con una participación del 22,95% entre las acciones en manos de la Agencia de Participaciones del Estado (equivalente a la española SEPI) y BpiFrance (equivalente al ICO), que acumulan un 13,39% y un 9,56%, respectivamente.