Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la distribución de un servicio de comunicación encriptada utilizada por delincuentes. El servicio de comunicación cifrada, conocido como Sky ECC, se ofrecía mediante terminales móviles que contenían insertado dicho sistema. Se configuraba como una herramienta utilizada por las organizaciones criminales en la preparación y ejecución de delitos graves (tráfico internacional de drogas, tráfico de armas o blanqueo de dinero, entre otros) con garantías de privacidad y seguridad ante posibles investigaciones policiales.
Cuatro personas han sido detenidas, dos en Países Bajos y otras dos en España (en Ibiza y Jávea). Los arrestados en territorio nacional eran los distribuidores del servicio más importantes a nivel mundial Estos se encargaban del tráfico de dispositivos Sky, tarjetas SIM y software de Sky, así como de la recaudación y el envío de las cuotas de suscripción.
Como resultado de los registros practicados (2 en España y 5 en Países Bajos), se han intervenido múltiples terminales telefónicos y dispositivos electrónicos, 10.000 euros en efectivo, 1,4 millones de euros en criptomonedas, 26.000 dólares, 5 relojes de lujo valorados en más de 50.000 euros y 2 vehículos de alta gama. Además, se han embargado bienes inmuebles y cuentas bancarias por un valor total de 6 millones de euros.
Beneficios superiores a 13 millones de euros
La investigación comenzó en 2019, impulsada por la Fiscalía Nacional de Países Bajos, contra el software de comunicación cifrada Sky ECC, así como contra sus distribuidores, proveedores y los productos que empleaba. Dicho sistema se configuró como una infraestructura completa para el cifrado de comunicaciones y una herramienta muy utilizada por las organizaciones criminales para la preparación y ejecución de delitos graves. El servicio se ofrecía mediante terminales móviles que tenían insertado el sistema de comunicación con el fin de facilitar comunicaciones seguras.
Los esfuerzos de la Policía Nacional se centraron en identificar a los distribuidores, así como a los encargados de la recaudación y el envío de las cuotas de suscripción que pagaban las organizaciones criminales. La investigación ha acreditado que, con la venta y distribución de dicho servicio, los proveedores y distribuidores obtuvieron beneficios por valor superior a los 13 millones de euros. Todo ello con conocimiento de su uso por parte de organizaciones criminales para cometer delitos, y a sabiendas de que el dinero (total o parcialmente) que pagaban los usuarios procedía de la comisión de ilícitos, lo que les convierte en facilitadores de las actividades delictivas realizadas.