En 2011 se creó, mediante el Real Decreto-ley 13/2010, AENA Aeropuertos, S.A., que en 2014 pasó a denominarse AENA S.A. En este mismo año, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, pasó a denominarse ENAIRE.

Hecha esa puntualización, no me referiré a los millones de pasajeros del aeropuerto de Madrid, ni a la participación estatal en su gestión, ni a la facturación y ganancias de ese ente.

El aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en otro motivo más de disputa política entre a quienes desde sus mullidos sillones les trae al pairo que existan personas en situación de vulnerabilidad y pobreza absoluta. Se pasan el tema de unos a otros como si de una patata caliente se tratara y a mi entender hacen una dejación de funciones eludiendo sus respectivas responsabilidades.

La indigencia, la pobreza y las distintas situaciones y dramas humanos que se dan en ese recinto son fieles aliados de la falta de humanidad y conciencia de una clase política que cada vez  tiene menos clase.

Impedir la entrada al recinto a personas  con una vulnerabilidad total  es una falta de humanidad absoluta. Ocultar al pobre indigente muestra una vez más la catadura moral de quienes rigen nuestras instituciones.

Las distintas administraciones se pasan la pelota y hacen un arqueo sobre el tema para ver qué rédito político van a sacar de esta cuestión. Entre las medidas tomadas por el gestor aeroportuario, está la de impedir el acceso a la terminal en horas determinadas y cargar de más responsabilidad a los vigilantes de seguridad.

Algunos sindicatos han salido a manifestar sus dudas sobre las funciones encomendadas y dicen que estudiarán el tema. Existen en el sector de la seguridad privada otras muchas cuestiones que deberían resolverse y ni están ni se les espera, pero es una forma de salir a la palestra para que vean que esto les interesa  y que están luchando por el colectivo.

Se cuestiona si podría vulnerarse la competencia de estos profesionales de la seguridad desconociendo que las funciones de este personal están clarificadas en el Artículo 32 de la Ley 5/2014.

La única vulneración es la de los derechos humanos de estas personas: “Los derechos humanos deben garantizarse para todos, incluyendo a las poblaciones más vulnerables, a través de la protección legal, la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación. Se trata de asegurar que todos tengan acceso a sus derechos fundamentales, como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la protección social”.

¿Qué hacemos con estas personas? ¿Tienen derechos?. ¿Los ocultamos en guetos? ¿Nos limitamos a llevarles ropa y alimento? ¿Los tiramos a la calle? Según los expertos, “crece nuestra economía”. Debe ser así, pero paralelamente también crece la desigualdad social, comúnmente llamado “escalón entre ricos y pobres”. Se refiere a la brecha que existe en la distribución de la riqueza y los ingresos en una sociedad.

Esta desigualdad se caracteriza por la concentración de la riqueza en un grupo reducido de personas, mientras que la mayoría de la población enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Las personas que “viven” en ese aeropuerto no cuentan con esas básicas necesidades. No son peluches, ni mascotas, son seres humanos.

Mañana esta noticia ya será el papel para envolver el bocadillo y no generará morbo en ninguna cadena televisiva que hasta han sentado en plató a una de estas personas. La despedida habrá sido: “Vamos a seguir muy de cerca vuestro problema y nos mantendremos en contacto”. Habrán consumido un gran tiempo televisivo y hecho caja con los anunciantes a costa de una realidad social cada vez más patente.

Mañana habrá otro caso que ocultará a este y ya no será noticia que más de cuatrocientas personas siguen hacinadas en ese aeropuerto,  mientras nuestras instituciones siguen debatiendo sobre quién adopta a esos pobres. ¿Asumirá alguien sus competencias o asistiremos una vez más al bochornoso espectáculo al que nos están acostumbrando? Nuestras instituciones demuestran su incompetencia ante sus competencias.