Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha trasladado a los trabajadores del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas su intención de implantar desde este miércoles por la noche la limitación de acceso a las terminales del aeropuerto a pasajeros y acompañantes en horario nocturno, entre las 21.00 horas y las 05.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes sindicales.
La medida se adopta tras la situación provocada por los centenares de personas que viven y pernoctan en las instalaciones aeroportuarias en la capital, circunstancia que ha generado un intercambio de críticas entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. En el fondo de la cuestión: ¿qué administración debe hacerse cargo de la situación ante un colectivo vulnerable?
El Comité de Seguridad Local de AENA se reunió este martes para abordar la situación. El gestor aeroportuario ya había anunciado la pasada semana que intensificaría los controles de acceso existentes en franjas horarias de baja intensidad en la programación de los vuelos “con el fin de contribuir a que la situación no empeore”.
Acceso limitado
En las franjas horarias fijadas solo accederán a los terminales del aeropuerto los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada, y los trabajadores del aeropuerto.
Según han indicado fuentes sindicales, señala EP, se ha comunicado a los trabajadores del aeropuerto un refuerzo de la vigilancia en las instalaciones para garantizar que el acceso y salida de las terminales únicamente a pasajeros con tarjeta de embarque, junto a sus acompañantes.
Controles de documentación
Este refuerzo de vigilantes de seguridad llegará hasta los 22 efectivos, en horario nocturno, entre las 21.00 y las 05.00 horas, y se establecerán controles de documentación en los accesos a las terminales: cuatro en la T-4 y cinco en cada una de las restantes (T-1, T-2 y T-3).
En el caso de que una persona quiera acceder sin la documentación, los vigilantes de seguridad deberán avisar a la Policía Nacional, según han indicado estas mismas fuentes, que “dudan” de la legalidad de atribuir estas competencias a profesionales de la seguridad privada en un espacio público.
¿Se incumple la Ley de Seguridad Privada?
Sobre si el procedimiento contraviene el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, Ramón Cuerda Riva, experto en vigilancia privada y colaborador de este diario, dice que no se incumple: “La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, establece las funciones, competencias y obligaciones de los vigilantes de seguridad. Entre las funciones del personal, reguladas por el artículo 32, se menciona que ‘pueden realizar controles de acceso, comprobación de identidades, inspección de objetos personales (con consentimiento), entre otros, siempre en el marco de un servicio contratado y autorizado’”.
“No pueden retener documentación ni realizar identificaciones forzosas (solo pueden solicitar colaboración), añade. “El vigilante puede controlar el acceso a instalaciones privadas y AENA es privada”, sentencia.
Desde CC.OO. explicaron a Escudo Digital que se estaban realizando consultas legales en la estimación de que la orden “puede no cumplir la Ley de Seguridad Privada”.
OK Diario informa que UGT ha puesto en duda la legalidad del plan de AENA. Este sindicato también considera que el protocolo establecido podría vulnerar el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada por no contar con una instrucción formal y por escrito transmitida a través de la empresa y no directamente a los vigilantes.
El sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE) apunta que el acceso al aeropuerto de personas sin hogar "se seguirá produciendo" pese a las limitaciones anunciadas por el gestor aeroportuario. Al cierre de esta edición, mantenía la postura de censurar la medida, que “todavía no ha sido comunicada oficialmente ni a las compañías aéreas, ni a las empresas que trabajan en el aeropuerto, ni a los empleados, como es preceptivo”.
Para Paloma Vega, secretaria de política institucional de CC.OO. Madrid, “la dimensión social del drama revela que las decisiones que se están tomando vulneran los derechos de personas que no tienen otra alternativa”. “Si se produce un cierre, no se va a permitir el acceso y a los que están dentro no se les dejará salir”, añade.