La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (A.V.I.S.P.A.) ha denunciado a DuPont Asturias –filial de la multinacional científica estadounidense DuPont Corporation–, y a Securitas Seguridad España –en su delegación asturiana– por presuntas infracciones de carácter "muy grave" y "grave" de la Ley 5/2024 de Seguridad Privada, del reglamento que la desarrolla y de otras normativas vigentes en el sector.
La denuncia, interpuesta ante la Delegación del Gobierno en Asturias por el presidente de A.V.I.S.P.A., Jorge Ceferino Fernández, ha sido difundida por la asociación junto con su texto íntegro y el justificante de entrega, ambos adjuntados en un comunicado remitido a nuestra redacción.
Infracción "muy grave": prestación de servicios de seguridad sin habilitación
El eje central de la denuncia es la presunta sustitución de vigilantes de seguridad habilitados por personal contratado con la categoría de auxiliar de servicios que no cuentan con la cualificación, capacitación y formación adecuadas. Esta actuación, según A.V.I.S.P.A., obedece a una decisión unilateral de ambas empresas –Dupont Asturias como contratante y la delegación asturiana de Securitas como prestadora de servicios– y se estaría produciendo en el control de accesos principal de las instalaciones de la empresa científica en el Valle de Tamón (Carreño), considerado una infraestructura crítica.
Tal como detalla la demanda, fechada el 16 de mayo de 2025, los auxiliares –contratados a través de la empresa Servisecuritas, perteneciente a Securitas– realizan funciones de videovigilancia tanto en horario diurno como nocturno, "con acceso ilimitado a las imágenes del CCTV, grabaciones almacenadas, sistemas de alarma, así como a bases de datos confidenciales".
Esta práctica, subraya la querella, vulnera de forma directa lo dispuesto en diversos artículos del Reglamento de Seguridad Privada, que tipifican como "infracción muy grave" las siguientes conductas:
- "La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria" (art. 148.1)
- "Prestar servicios de seguridad privada sin haber obtenido la tarjeta de identidad profesional correspondiente o sin estar inscrito, cuando proceda, en el pertinente registro" (arts. 23.1.a y el 151.1.a)
Asimismo, la denuncia recuerda que el artículo 42.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada establece que los servicios de videovigilancia deben ser ejercidos únicamente por vigilantes de seguridad habilitados o por Guardas Rurales, siempre que su finalidad sea la prevención de infracciones, la protección de bienes y personas, o el control de accesos no autorizados.
Este principio ha sido reforzado por la Unidad Central de Seguridad Privada, que, en respuesta a una consulta planteada en este sentido, ha corroborado que cuando los sistemas de CCTV persigan esas finalidades "solo podrán ser visualizadas, imágenes tiempo real, por personal de seguridad, es decir, vigilantes de seguridad o bien transmitir las mismas a una empresa autorizada para la actividad de centralización de alarmas, pero en ningún caso podrán serlo por personas que no sean de seguridad".
El incumplimiento de estos preceptos, además de suponer un ejercicio ilegal de funciones reservadas a profesionales acreditados, puede conllevar sanciones económicas que, según la normativa, oscilan entre los 30.000 y los 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y de su impacto sobre la seguridad.
Infracción grave: contratación irregular y uso indebido de servicios
Además, como también indica la denuncia, el artículo 154.2.b. del Reglamento de Seguridad Privada contempla como infracción grave "la contratación o utilización de los servicios de empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al efecto".
Ante todo lo expuesto, A.V.I.S.P.A. solicita a la Delegación del Gobierno en Asturias que admita a trámite su denuncia, investigue los hechos y verifique el presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Privada por parte de DuPont Asturias y Securitas Seguridad España. Además, la asociación insta a que se dé traslado del caso a la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Asturias para la redacción del preceptivo informe y la apertura del expediente sancionador contra los supuestos infractores, adoptándose las medidas correctoras que correspondan.