El año que se va no ha sido bueno para los funcionarios de prisiones, no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo en el ámbito de las reivindicaciones laborales y económicas de este sector, pese a que Fernando Grande-Marlaska prometió abordar la situación, prosigue el conflicto colectivo.
El caso de la subdirectora de la prisión de Villena que se inventó una agresión tras supuestamente filtrar las cintas de unos subordinados reduciendo a un preso, y fue apoyada por el ministro de Interior, no ha hecho sino recrudecer el malestar entre los trabajadores de prisiones. De hecho, ha provocado que gran parte de ellos se sientan humillados y dolidos.
Hay que recordar que lo único que hacían los dos empleados sancionados es cumplir con su trabajo, reducir a un preso muy peligroso, que, tras ser puesto en libertad, cometió un delito sexual, y al ser ingresado en otra cárcel, casi le corta la yugular a un funcionario. El "premio" por ser difamados ha sido suspenderles en sus funciones, lo que ha provocado un maremoto de encierros, protestas y manifestaciones públicas por parte de los trabajadores. Es más, en sede parlamentaria, se contestó que, en contra de lo que figuraba en la primera documentación, a los funcionarios suspendidos durante tres meses de empleo y sueldo, se les achacaba otro delito que no tenía nada que ver con las falsas amenazas a la subdirectora detenida por la Guardia Civil, que llegó a decir que había recibido un puñetazo en la cara tras decirle que estuviera calladita. "Los hechos objeto de los expedientes disciplinarios nada tienen que ver con la denuncia interpuesta por la subdirectora", respondió el Ministerio a la interpelación de un diputado de Ciudadanos", cuando anteriormente, como publicó El Español, Prisiones llegó a asegurar que la falsa agresión denunciada por la subdirectora de la Cárcel de Villena constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable". Y de esta forma constaba en el oficio la agresión denunciada por la subdirectora de la cárcel de Villena con el que se suspendió provisionalmente de sus funciones a dos trabajadores de la prisión alicantina
Según un comunicado facilitado por ACAIP- UGT, la cifra total de incidentes entre internos en el periodo 2016-2020 en las prisiones españolas ha alcanzado una cifra muy alta, nada más y nada menos que 23.049 situaciones violentas. Se producen prácticamente 13 cada día, y en todas ellas se hace necesaria la actuación de los profesionales penitenciarios, y que en muchas ocasiones acaban con un trabajador lesionado.
Resulta significativo que, como señalan fuentes sindicales de ACAIP-UGT, el numero de incidentes porcentual aumenta mientras hay menos presos que en años anteriores, lo cual demuestra que la gestión no es la adecuada. Hay 43. 000 presos, y hace pocos años, allá por 2012 se superaba los 70.000, La respuesta se encuentra en la falta de autoridad "que se transmite por las ordenes que emanan de la secretaria general. Se está practicando el buenismo, se clasifica de forma equivocada a los presos en contra de los informes de los funcionarios de prisiones".
Las consecuencias del "buenismo" de Instituciones de Prisiones las pagan a veces los presos víctimas de agresiones por parte de compañeros a los que no se ha clasificado en el régimen penitenciario que se debería. Y cada 36 horas un funcionario es agredido
Así, no se tiene en cuenta que el el régimen de vida que no le corresponde puede poner en peligro la integridad de "otros presos de los que pueden abusar" o convetirlos en protagonistas de graves incidentes. Lo más grave, señalan, es que saben que sus acciones no tienen consecuencias. De hecho, se produce una agresión al personal penitenciario cada 36 horas.
Sin datos oficiales de 2021, desde ACAIP-UGT han querido resaltar el trabajo que realizan los funcionarios penitenciarios. Cada vez que tiene lugar un incidente tienen que actuar, y ponen en peligro su propia integridad física. Son las consecuencias del "buenismo" de un gobierno que muestra una actitud vergonzante en relación con determinados temas, como la gestión de las prisiones, o la represión de las manifestaciones.
Por este motivo, una de las reivindicaciones insertas en el conflicto colectivo que se mantiene con la administración es la de que se realice una formación universal a todos los empleados públicos penitenciarios para poder atender estas situaciones de la mejor manera posible. No se trata solo de una formación en materia de defensa personal, sino también encaminada a la prevención y la resolución pacífica de conflictos.
El año se cierra con la muerte de un interno de 19 años en una pelea, una de las 23.049 situaciones violentas que tienen lugar en un sistema penitenciario donde muchos presos viven hacinados y donde hay 4.000 vacantes de funcionarios sin cubrir
El final de este año 2021, señalan, está siendo especialmente duro, los sucesos más destacados son: el fallecimiento de un interno de 19 años, en la prisión de Aranjuez, tras una pelea con otro preso y la paliza que llevó al hospital a otro recluso en Puerto III.
En ambos casos, se actuó con celeridad y profesionalidad no pudiéndose evitar el resultado. Estas situaciones, afirman desde ACAIP-UGT, causan gran frustración entre los trabajadores, que asisten impotentes a una situación muy complicada. La tasa de reposición es muy baja en prisiones, y la falta de personal -hay más de 4.000 vacantes- y la carga de trabajo burocrático que padecen los funcionarios les impide tener un buen control de todas las dependencias de un centro.
Es imprescindible, afirman, " que se pueda realizar una correcta separación entre internos y que se aplique el reglamento penitenciario, especialmente, a aquellos internos que presentan un perfil violento. Para ello, desde ACAIP-UGT hemos reclamado que los centros penitenciarios cuenten con las infraestructuras adecuadas, actualmente, muchas prisiones tienen módulos cerrados, lo que provoca que, a pesar de la reducción del número de internos, sigue habiendo un problema de hacinamiento en muchas prisiones que, en algunos caos como Alicante, supera el 150% de su capacidad".
Los funcionarios de prisiones solo reclaman los medios materiales y jurídicos adecuados, y una formación universal enfocada al trabajo que se realiza a diario en una prisión. Todo ello, acompañado de una correcta separación interior de los internos, reduciendo el hacinamiento, y este es un punto importante del comunicado: "poniendo en valor los informes de los profesionales y no tomando decisiones en contra de las mismas". Recordemos que, según han publicado varios medios, como VozPopuli, la famosa subdirectora de Villena carecía de formación, y a la que ocupaba el cargo anteriormente se la despidió por exigir el pago de las horas extras realizadas.
Desde Acaip-UGT piden que la Administración reconozca la labor de los trabajadores penitenciarios, con una retribución acorde a las funciones realizadas y con una reclasificación de centros que se adecue a la realidad actual de las prisiones, la nueva tipología de delitos y los distintos perfiles de los reos.