El Parlamento australiano ha aprobado, con el apoyo del Partido Laborista, una controvertida legislación diseñada para combatir las actividades delictivas graves que tienen lugar en internet. Se trata del Proyecto de Ley de Enmienda de la Legislación de Vigilancia (Identificar y Desarticular) 2020, que otorga nuevos poderes a las autoridades para que puedan espiar a los presuntos ciberdelincuentes, editar y borrar sus datos, o tomar el control de sus cuentas.
En concreto, proporciona tres nuevos tipos de órdenes judiciales a la Policía Federal Australiana (AFP) y a la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia que les dan la facultad de:
- Modificar o eliminar los datos de los presuntos delincuentes (órdenes de interrupción de datos)
- Recopilar información sobre los dispositivos o las redes delictivas utilizadas (orden de actividad en la red)
- Tomar el control de las cuentas en internet de los presuntos ciberdelincuentes, como pueden ser las redes sociales, con el fin de obtener información para una investigación (orden de toma de posesión de cuentas).
Otras claves de este proyecto de ley
Como informa ItNews, la aprobación de esta nueva normativa fue recomendada por el Comité Parlamentario Conjunto de Inteligencia y Seguridad (PJCIS) a principios del pasado mes de agosto, junto con 33 cambios que buscaban limitar su uso potencial así como mejorar la supervisión. Las enmiendas al proyecto de ley presentadas por el gobierno y respaldadas por el Partido Laborista abordan 23 de las 33 recomendaciones del PJCIS, incluidas protecciones adicionales para los medios de comunicación, criterios más estrictos para emitir órdenes y una cláusula de extinción para que los nuevos poderes expiren en cinco años.
"Se fortalecieron los criterios de emisión de las órdenes judiciales, y el proyecto de ley ahora estipula que deben ser 'razonablemente necesarios y proporcionados', en lugar de simplemente 'justificados y proporcionados", señala el citado medio, que también indica algunas recomendaciones del PJCIS que se rechazaron. Por ejemplo, que la supervisión del PJCIS se amplíe para cubrir el uso de los nuevos poderes y que la supervisión del Inspector General de Inteligencia y Seguridad se extienda a la función de inteligencia de las AFP.
La Ministra del Interior de Australia, Karen Andrews, ha elogiado estos cambios al considerar que con ellos "las autoridades dispondrán de más herramientas para perseguir a las bandas de delincuencia organizada para mantener las drogas fuera de nuestras calles y de nuestra comunidad".
Por su parte, el parlamentario laborista Andrew Giles ha declarado que la oposición apoyó el proyecto de ley porque "las capacidades cibernéticas de las redes criminales se han expandido, y sabemos que están utilizando la dark web y la tecnología de anonimización para facilitar delitos graves, lo que está creando importantes desafíos para la aplicación de la ley".
La preocupación del Partido Laborista: abarca demasiados delitos menores
No obstante, el Partido Laborista también está preocupado porque los "poderes extraordinarios" se extiendan a todos los delitos que conllevan una pena de cárcel de tres años o más.
"El comité de inteligencia y seguridad escuchó preocupaciones de expertos de que este es un enfoque demasiado amplio para estos poderes y abarca demasiados delitos menores, y es por eso que el Partido Laborista agregó comentarios adicionales para ver que este proyecto de ley está vinculado a delitos graves", manifestó la senadora del partido laborista Kristina Keneally.
"Sería una restricción importante en el uso de estos nuevos poderes de orden judicial y limitaría la aplicación a delitos que conllevan un máximo de al menos siete años de cárcel y otros delitos especificados", agregó Keneally, subrayando también que el gobierno sigue avanzando en las recomendaciones de la revisión de Richardson y esto contribuirá a abordar "esta preocupación".
Las críticas y la polémica que ha desatado esta ley
Este proyecto de ley también ha desatado una fuerte oposición entre los Verdes y el partido Rex Patrick, que han promovido enmiendas para implementar las otras recomendaciones del PJCIS y para requerir que los magistrados o jueces sean los que tengan que aprobar las órdenes.
Lidia Thorpe, del Partido de los Verdes, ha calificado la legislación como "terriblemente defectuosa" y "problemática" y ha criticado la falta de tiempo del gobierno para considerar todas las enmiendas. "Como era de esperar, los dos partidos principales están completamente sincronizados y nos están conduciendo por el camino hacia un estado de vigilancia", afirmó.
Thorpe también ha criticado que las órdenes pueden ser emitidas por un miembro del Tribunal Administrativo de Apelaciones australiano, en lugar de por un tribunal superior. "Es indignante que estas órdenes no provengan de un juez de un tribunal superior designado a título personal".
Esta nueva ley de vigilancia australiana también ha generado polémica entre sus propios ciudadanos y ha abierto un debate del que se están haciendo eco en todo el mundo.