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Spotify deberá pagar una multa de 5 millones de euros por el manejo de los datos de sus usuarios

El servicio de streaming musical ha sido sancionado por la autoridad sueca de privacidad, aunque ha revelado que piensa recurrir.

Alberto Payo

Periodista

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La lista de grandes empresas tecnológicas que son sancionadas por el mal manejo que hacen de la información personal de sus usuarios se amplía con Spotify.

La compañía, con más de 500 millones de usuarios activos y 210 millones de suscriptores, ha sido sancionada esta semana con 58 millones de coronas suecas (unos 5 millones de euros al cambio) por no informar adecuadamente a sus clientes sobre cómo se estaban manejando sus datos

IMY, la autoridad que se encarga de la protección de la privacidad en Suecia, ha sido quien habría interpuesto la sanción a causa de "las deficiencias identificadas". No obstante, estas serían "de baja gravedad". 

El regulador asegura, que acorde al Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) los usuarios tienen derecho a conocer qué datos tiene una empresa sobre ellos y cómo se utilizan. 

Aunque Spotify llegó a presentar los datos que tenía cuando un usuario los solicitó, parece que no fue lo suficientemente específica sobre cómo se estaban utilizando los mismos.

"Dado que la información proporcionada por Spotify no ha sido clara, ha resultado difícil para las personas comprender cómo se procesan sus datos personales y verificar si el procesamiento de los mismos es legal", explica IMY.

Spotify recurrirá 

La compañía fundada por Daniel Ek ha enviado un comunicado a AFP en el que asegura que ofrece a todos los usuarios información completa sobre cómo procesan los datos personales.

IMY ha encontrado "solo áreas menores de nuestro proceso que consideran que necesitan mejoras. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión y planeamos presentar una apelación", ha reconocido Spotify.

La agencia de noticias también se hace eco de una declaración del grupo activista en pro de la privacidad Noyb, quien afirma que la multa que se ha impuesto a la compañía tecnológica tiene como procedente una denuncia y litigio posterior con ellos. 

"El caso ha llevado más de cuatro años y tuvimos que litigar con el IMY para obtener una decisión. La autoridad sueva definivitamente tiene que acelerar sus procedimientos", comenta Stefano Rossetti, abogado de privacidad de Noyb, en el comunicado.