El Balance de Criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2022, publicado en la página web del Ministerio del Interior, dedica un apartado especial a la ciberdelincuencia, ámbito en el que se ha producido el principal ascenso anual (de enero a diciembre de 2022) de infracciones penales entre todos los tipos de delito y en relación al mismo periodo del año 19, justo antes de la pandemia de Covid-19.
Este aumento es del 72% en términos globales (375.506 delitos frente a 218.302) y de un 75,1% si nos referimos exclusivamente a las estafas informáticas (336.778 frente a 192.375) mientras que Interior recoge en un genérico "Otros ciberdelitos" que en este mismo periodo han aumentado un 49,4%.
"Para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad, y su impacto sobre el conjunto de la criminalidad, las estafas informáticas representaron la cantidad de 192.375 delitos en el conjunto de 2019 y 70.178 hechos registrados en 2016, ambos años con datos del conjunto de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Eso implica que, en apenas seis años, las estafas informáticas conocidas en 2022 crecieron un 379.9% sobre las registradas en 2016", destaca el informe.
En este contexto, como informábamos en Escudo Digital hace unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la adopción de una serie de decisiones operativas llamadas a mejorar las capacidades y recursos policiales de prevención y persecución de la ciberdelincuencia, y que constituyen un desarrollo avanzado del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad que aprobó el departamento en 2021.
Más capacidades ejecutivas a la OCC
La más relevante de estas medidas es la atribución de mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.
Esta oficina, cuya plantilla va a ser reforzada, va a constituirse en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial). Tras esta modificación, dará apoyo técnico a las unidades tecnológicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asumirá las funciones asignadas a la Secretaría de Estado de Seguridad como autoridad competente en materia de seguridad de las redes y sistemas de información para los operadores de servicios esenciales y críticos.
Observatorio de la Cibercriminalidad
Esta Oficina de Coordinación de Ciberseguridad se va a constituir también en Observatorio de la Cibercriminalidad, con la misión de monitorizar, detectar, procesar y analizar tendencias delictivas en la red, porque esta elaboración de inteligencia policial es imprescindible para hacer frente a los nuevos retos y amenazas en el ámbito digital.
Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.