La Agencia Española de Protección de Datos ha tomado medidas contra el Servicio Cántabro de Salud, a raíz de un incidente protagonizado por un ciudadano de Cantabria que tuvo que desplazarse a Bilbao para realizarse una prueba diagnóstica.
El hombre reclamó al SCS el reembolso de los gastos de la prueba y otros -desplazamiento, dieta, etcétera- y cursó dicha petición a mediante los trámites burocráticos pertinentes al centro de salud de Dávila, en Santander. El problema surgió cuando la solicitud se extravió junto a la documentación adjunta.
Por eso, la AEPD ha procedido a sancionar, en forma de apercibimiento por infracción del Reglamento General de Protección de Datos, al servicio sanitario, al que también requiere que implante medidas correctoras que impidan que se repitan hechos similares en el futuro, según ha informado Europa Press y han recogido diversos medios de Cantabria.
Además, la Agencia Española de Protección de datos ha instado al Servicio de Salud a la actualización del plan de actuación para la gestión y notificación de las brechas de seguridad en tres meses, así como a informar a la Agencia sobre las actuaciones relacionadas con este requerimiento en el mismo plazo.
Todo surgió a raíz de una solicitud de devolución de gastos
Según la resolución del organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, a la que ha tenido acceso Europa Press, el servicio de salud de Cantabria extravió la solicitud de este paciente, que acogiéndose a la norma que garantiza tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria pública especializada de la región -la ley de listas de espera-, solicitó la devolución de los gastos derivados de una prueba en Bilbao.
El SCS le abonó los correspondientes a la prueba, desplazamientos y dietas, 210,23 euros en total, tras lo cual el interesado reclamó también el pago de los intereses a la cantidad abonada y los ocasionados por la copia de CD y portes (45,89 euros).
Cursó la reclamación a través de un centro de salud, el de Dávila, que la admitió a pesar de que no tiene la consideración de oficina de asistencia en materia de registro para que los usuarios puedan formular estas peticiones y presentarlas junto con la documentación que corresponda.
Tras esto, el reclamante no recibió contestación a su solicitud, que ha extraviado el SCS, así como los informes y facturas que adjuntó. Es decir, datos personales y clínicos del paciente, lo que constituye una vulneración en materia de protección de datos y de ahí la sanción, en forma de apercibimiento, de la AEPD al SCS.