El Consejo de Ministros ha adoptado una serie de medidas para paliar la complicada situación a la que muchas personas pueden verse abocadas tras el decreto de alarma por la pandemia del coronavirus y a la crisis de las Pymes, cuyos dueños son en su mayoría autónomos y han dejado de facturar. Según infroma Europa Press, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que contempla la suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, entre otros.
El Gobierno ha aprobado este martes la moratoria del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses de los autónomos y empresas.
Así lo ha señalado la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha remarcado que se ha aprobado un aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio de 2020 y una moratoria de las cuotas por los días trabajados de marzo sin intereses.
En concreto, según se recoge en el borrador del decreto al que ha tenido acceso Europa Press, el periodo de devengo en caso de empresas estaría comprendido entre abril y junio de 2020, mientras que en el caso de autónomos estaría comprendido entre mayo y julio de 2020.
Asimismo, se permitirá que las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de sus deudas con la Seguridad Social, que deberán ingresar entre los meses de abril y junio de 2020 sin intereses.
Por otro lado, el Real Decreto establece que se facilitará a las empresas y autónomos la realización de gestiones con la Seguridad Social, lo que permite a empresas y gestorías utilizar el sistema de remisión electrónica de datos (RED) para efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos indebidos de la Seguridad Social.
Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad y por conceptos de recaudación conjunta.
Así, en este punto se señala que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al sistema RED o el servicio electrónico de Seguridad Social para efectuar su solicitud.
Diez días naturales para solicitar la moratoria
La comunicación, a través de estos medios, de la identificación del código de cuenta de cotización y del periodo de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los diez primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo señalados anteriormente, "sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud".
También establece que los autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir la prestación por cese de actividad y que no haya ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días efectivamente trabajados del mes de marzo podrán abonarlas fuera del plazo sin recargo.
Además, recoge una modificación para adaptar a la realidad del sector económico las especificidades de determinados sectores productivos, con producciones que tienen como base los ciclos de vida de seres vivos que les dan carácter estacional.
Así, apunta que la referencia de partida para determinar el descenso de facturación debe realizarse para acceder a la prestación extraordinaria en estos sectores en base al conjunto de la campaña anterior y no en relación con el semestre anterior, puesto que "existen producciones que centralizan su facturación en determinados meses de campaña".
Aplazamiento de deudas a las seguridad social
El borrador del Real Decreto señala que las empresas y los trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuviesen otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento en el pago de sus deudas a la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidas en la normativa de la Seguridad Social.
Por otro lado, se recogen mecanismos de flexibilización de las condiciones de la contratación de electricidad, para los contratos se puedan adaptar a las nuevas pautas de consumo. Por ello, se permitirá a los trabajadores por cuenta propia y empresas que suspendan temporalmente sus contratos de suministros o modificar sus modalidades de contratos sin penalización.
También se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja sin coste alguno. Una vez concluya el estado de alarma, se les permitirá una nueva modificación sin coste ni penalización.
Por el estado de alarma y la capacidad de autónomos y pequeñas y medias empresas de hacer frente a sus costes energéticos, se recoge un mecanismo de suspensión del pago de la factura de la electricidad, gas natural y otros derivados del petróleo por parte del titular del contrato al comercializador.
Por su parte, para que las comercializadoras o distribuidores no asuman las cargas de tesorería indebidas, se les eximirá de afrontar el pago de peajes durante el periodo de suspensión del pago.
Además, se habilitará el acceso de estas empresas a la línea de avales aprobada el pasado 17 de marzo o a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico. El texto señala que la cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida
Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae han celebrado la decisión
El aplazamiento de cuotas ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ahora el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se encarga de su articulación.
Las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, que habían enviado una carta conjunta al Gobierno reclamando la medida, han celebrado la decisión. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha felicitado en un tuit a los autónomos que se han sumado a la petición de aplazar cuotas, al ser "muy coherente" porque "sin ingresos no se puede pagar las cuotas", aunque ha dicho temer que la cuota de marzo se cobrará.
Asimismo, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha celebrado la decisión en otro mensaje, porque "solo la negociación, el diálogo y el trabajo son capaces de cambiar las cosas", al tiempo que la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha subrayado que "será un gran alivio para los trabajadores autónomos, conquistado gracias a su empeño".
El Gobierno ya estableció hace dos semanas una prestación extraordinaria, distinta al cese de actividad ordinaria, a la que pueden acogerse aquellos autónomos que hayan cerrado sus negocios por la crisis sanitaria o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita se vea reducida, al menos, en un 75%, en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Dicha prestación es incompatible con cualquier otra de la Seguridad Social y tiene una cuantía del 70% de la base reguladora, con una duración de un mes, pudiéndose ampliar hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.
Además, el tiempo de su percepción se entiende como cotizado y no reduce los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. Esta prestación también la pueden solicitar los profesionales autónomos con trabajadores a su cargo. En este caso, pueden tramitar un ERTE y, al mismo tiempo, acceder a esta prestación extraordinaria.
Subsidio para empleadas del hogar
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un subsidio extraordinario temporal para las trabajadoras del hogar que estén inscritas en la Seguridad Social y que hayan sido despedidas o no puedan trabajar durante la crisis sanitaria del coronavirus.
Tal y como ha informado el Ejecutivo, se trata de una ayuda para aquellas profesionales que "hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios, total o parcialmente, para reducir el riesgo de contagio por la pandemia. Así como aquellas que hayan sido despedidas como consecuenca de la crisis. Para acceder al subsidio, deberán presentar la declaración firmada por la persona empleadora o la carta de despido o la baja del Sistema de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.
El objetivo, según ha explicado el vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es "dar seguridad y protección" a unos colectivos que sufren el "impacto negativo" dela pandemia y que no habían sido incluidos en el primer decreto.
En su intervención, Iglesias ha destacado la labor de este colectivo "poco reconocido" y, en muchas ocasiones "invisible", "precario" y "olvidado", en un momento en el que, a su juicio, se ha demostrado la importancia "de cuidar mejor a quien cuida".
El Gobierno permitirá retirar ahorro de sus planes de pensiones a los desempleados por el Covid-19
El Consejo de Ministros ha aprobado que los trabajadores que se hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de actividad como consecuencia de la crisis del Covid-19 podrán disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.
Según Calviño, la medida busca "contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares". De ella podrán beneficiarse los empleados afectados por un ERTE, los autónomos que hayan visto cesada su actividad como consecuencia del coronavirus y los empresarios titulares de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma.
A falta de conocer el detalle de la medida, el borrador inicial contempla que la ampliación de derechos se podrá hacer efectiva durante seis meses, por un importe que no podrá superar el salario dejado de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE o los ingresos netos estimados que se hayan dejado percibir por el cese de actividad o la suspensión de apertura al público del establecimiento.
Se prevén ayudas al alquiler de hasta 900 euros al mes que podrán ser aprobadas también en el Consejo de Ministro de hoy, como un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses, una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
El plan incluye una línea de 'microcréditos' avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.
Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más. Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO.
La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
Prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya durante el estado de alarma
En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.
Asimismo, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma.
El plan del Gobierno para el alquiler contempla también el supuesto de aquellas personas que no sólo estén afectadas por la crisis, sino que se encuentren en situación "ruinosa". En estos casos, se habilitará parte de los fondos del Plan Vivienda.
Distintos colectivos habían reclamado las ayudas para el alquiler, que se suma a la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual destinada a deudores en situación de vulnerabilidad económica aprobada el pasado 17 de marzo para un mes, en función del estado de alarma, junto a la prohibición del corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a los más vulnerables.
Igualmente, las nuevas medidas de este martes se suman a las ya implementadas por el Gobierno, con el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y otras que movilizaron 18.225 millones, y posteriormente el paquete que movilizará hasta 200.000 millones, junto a la moratoria hipotecaria de un mes, entre otras.