El Gobierno de Sánchez rubricó en 2019 con el Ejecutivo cubano la donación a fondo perdido de 57,5 millones en el periodo 2019-2022 para cumplir objetivos como "promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia". El pacto incluía "consolidar una sociedad segura, justa, cohesionada y solidaria, que se distinga: por la equidad proveniente del fortalecimiento del principio de distribución de la riqueza creada según la cantidad y calidad del trabajo aportado, la consolidación de las conquistas de la Revolución en materia social y una mayor participación efectiva y responsable de los ciudadanos en la toma de decisiones" y "eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas". Hoy la policía cubana detiene, tirotea o apalea por igual a hombres y mujeres (incluidos adolescentes) en directo por opinar, se mantiene el sistema de partido único, la sociedad se rebela por el hambre, las desigualdades y las corruptelas… Pero España ni denuncia el tratado ni califica de dictadura a Cuba.
Pero la represión policial cubana no aflora en este verano de 2021. Todo 2020, en plena pandemia, el sistema practicó los abusos policiales según datos que recogen organismos como Amnistía Internacional. Pero no era noticia en ningún telediario. La revuelta del hambre las ha visibilizado.
Sin embargo, ya en 2020, un año después de firmar el memorando en pro del estado de derecho, las autoridades cubanas seguían reprimiendo todas las formas de disidencia, y encarcelaron a líderes políticos, periodistas independientes y artistas.
En abril, las autoridades dejaron en libertad a José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso de conciencia, que había sido encarcelado en octubre de 2019 y juzgado el 26 de febrero en un proceso empañado por irregularidades. Las autoridades cubanas habían impedido que la prensa, la Unión Europea y Amnistía Internacional observaran el juicio.
Las noticias sobre periodistas independientes multados por informar sobre la COVID-19 y su impacto en el país dieron lugar a que se pidiera al presidente Miguel Díaz-Canel que adoptara medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa. La sociedad civil y algunos periodistas también expresaron durante el año su preocupación porque el Decreto Ley 370, relativo a la libertad de expresión en la web, parecía reforzar la red de control y censura digital del gobierno cubano, especialmente durante la pandemia.
En marzo, la periodista de CubaNet Camila Acosta estuvo detenida durante varias horas y fue multada por difundir información en Facebook. En septiembre fue detenida de nuevo y amenazada con ser procesada por protestar contra el Decreto 370. El 4 de septiembre, las autoridades dejaron en libertad a Roberto Quiñones Haces, de 63 años, periodista independiente colaborador de CubaNet.
Roberto había sido juzgado en 2019 y condenado a un año de prisión por “resistencia” y “desobediencia” a causa de su trabajo como periodista.
Amnistía Internacional, ARTICLE 19, el Instituto para el Reportaje de Paz y Guerra, y el Comité para la Protección de los Periodistas pidieron reiteradamente su liberación, por el peligro que corría en caso de contraer la COVID-19 por tener patologías previas y más de 60 años.
Quiñones había publicado artículos sobre sus condiciones de reclusión, que incluían hacinamiento, mala calidad del agua y los alimentos, y falta de atención médica adecuada.
A lo largo del año, las autoridades acosaron e intimidaron a miembros del Movimiento San Isidro, compuesto por artistas, poetas, activistas LGBTI, intelectuales y periodistas independientes. Los miembros del Movimiento estaban en la primera línea de la lucha contra el Decreto 349, una ley diseñada para censurar a artistas. Las acciones de las autoridades simbolizaban la constante represión en Cuba del derecho a la libertad de expresión en el país.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder clave del Movimiento, permaneció encarcelado durante dos semanas en marzo tras haber sido acusado de “insultos a los símbolos de la patria” (artículo 203 del Código Penal), un delito que no se ajustaba al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y de “daños” a la propiedad (artículo 339).
En noviembre, el Movimiento San Isidro atrajo la atención internacional cuando algunos de sus miembros se pusieron en huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís González, que había sido condenado a ocho meses de prisión por “desacato”, delito que tampoco se ajustaba a las normas internacionales de derechos humanos.
Tras una redada policial en la sede del Movimiento en La Habana Vieja (llevada a cabo, según la prensa oficial cubana, por presuntos incumplimientos de los protocolos de salud relativos a la COVID- 19), las autoridades pusieron de nuevo a Luis Manuel Otero Alcántara bajo custodia durante varios días y detuvieron a la intelectual Anamely Ramos González durante aproximadamente 12 horas.
En respuesta a la redada, el 27 de noviembre cientos de artistas e intelectuales organizaron una insólita protesta ante el Ministerio de Cultura y consiguieron una audiencia igualmente insólita con el viceministro de Cultura.
Durante dos semanas después de la reunión, miembros del Movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Anamely Ramos González, y aproximadamente 10 o más activistas y periodistas independientes, fueron sometidos a vigilancia constante y se exponían a ser detenidos por la policía y agentes de seguridad del Estado si salían de sus casas, lo cual constituía un arresto domiciliario contrario al derecho internacional.
En 2019, mientras el Gobierno firmaba el pacto para avanzar hacia un estado de derecho la situación en Cuba era la siguiente según Amnistía Internacional. “En 2016, en una infrecuente conferencia de prensa con Barack Obama, presidente de Estados Unidos, el presidente cubano Raúl Castro seguía negando tajantemente que hubiera 'presos políticos' en Cuba. Sin embargo, en los últimos cuatro años, Amnistía Internacional ha adoptado 12 presos y presas de conciencia en Cuba, y probablemente hay muchos más. Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas de conciencia, ya que han sido privados de su libertad sólo por ejercer pacíficamente sus derechos humanos. Poco más de un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, la ONG cubana Cuban Prisoners Defenders afirma que hay al menos 71 personas encarceladas en virtud de cargos de motivación política”.
Tras estudiar solo una muestra de esos casos, en los que se pudieron analizar las sentencias judiciales oficiales y otra documentación disponible, Amnistía Internacional considera que las personas que figuran en dicha lista son presos de conciencia, es decir, personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Sin poder acceder al país, y dado el estrecho control que las autoridades cubanas continúan ejerciendo sobre la abogacía y la judicatura, Amnistía Internacional se encuentra con graves obstáculos para documentar los casos de las personas encarceladas únicamente por motivos políticos, y por tanto es muy probable que haya muchos más casos de presos y presas de conciencia de los que nuestra organización ha podido documentar.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, todos los presos políticos de la lista son miembros de grupos políticos de oposición no reconocidos por las autoridades. Todos han sido encarcelados por delitos no reconocibles internacionalmente que han sido utilizados durante décadas en Cuba para silenciar las voces críticas.
Amnistía Internacional pide que se modifiquen las leyes penales de Cuba para retirar disposiciones que no se ajustan al derecho internacional, como las que desarrollan las figuras de “peligrosidad” y “desacato”.
El delito de “desacato” (artículo 144.1 del Código Penal de Cuba) es una restricción indebida del derecho a la libertad de expresión, ya que las autoridades públicas deben tolerar más críticas que las personas particulares. El uso de leyes sobre difamación con el fin o el efecto de impedir las críticas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión.
En la motivación de muchas condenas por “peligrosidad” analizadas por Amnistía Internacional, el tribunal hace mención al hecho de que la persona acusada no trabaja. Dado que quienes critican abiertamente al gobierno suelen ser objeto de tales despidos, esto, a su vez, facilita que las autoridades puedan encarcelar a las voces disidentes por “peligrosidad”.
Esta es la Cuba que ningún ministro español osa llamar dictadura. Y sólo Sánchez enuncia que Cuba "es evidente que no es una democracia”, sin aclarar qué es lo contrario de democracia y cómo se llama. El PSOE ha arremetido contra el PP cada vez que ha titubeado en llamar dictadura al franquismo. Entretanto, la ex vicepresidenta Carmen Calvo se jacta de que sólo exhumar al dictador español muerto ha justificado su gestión.
Francisco Mercado es periodista de investigación y autor de “Una pandemia de errores”.