La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, EUROJUST y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas (Madrid), han desarticulado una organización criminal europea especializada en el fraude del IVA en el sector de la informática. La operación llevaba por nombre Nadira.
La fase de ejecución de esta importante operación se ha llevado a cabo de manera simultánea en España, Bélgica y Países Bajos. Investigadores españoles viajaron a los dos países europeos para coordinar el dispositivo.
24 registros se han llevado a cabo en los domicilios de los sospechosos, así como en las sedes de distintas mercantiles, concretamente 18 en España, 5 en Países Bajos y 1 en Bélgica.
La operación comenzó a desarrollarse en 2019 cuando los investigadores detectaron la existencia un entramado empresarial a nivel internacional, cuyo objetivo era el defraudar al erario público a gran escala, mediante una “ficción comercial” basada en operaciones de compraventa de expediciones comerciales de productos informáticos entre empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea, que actuaban de manera coordinada para lograr la referida ficción, eludiendo así el pago de los impuestos (IVA) generados por su actividad.
Las empresas a las que primero llegaba el producto en España eran ficticias y no cumplían sus obligaciones fiscales
Estas operaciones ficticias encadenadas, se iniciaban por cuatro empresas ubicadas en Países Bajos, las cuales, haciendo uso del régimen de tributación transitorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las operaciones intracomunitarias, simulaban vender estos productos a sociedades de diferentes países europeos, sin embargo, los agentes han podido corroborar como estas expediciones comerciales siempre se enviaban de Países Bajos a España, donde se almacenaban en empresas logísticas.
Ya en nuestro país, las expediciones eran objeto de una serie de liberaciones de mercancías entre las distintas empresas objeto de investigación, que permitían poner estos productos a disposición a una serie de mercantiles que, en último término, se encargaban de introducir la mercancía en el mercado nacional.
El fraude tenía su fundamento en el hecho de que las empresas del escalón de entrada de la mercancía en España de la cadena de suministros ficticia resultaban ser entidades inexistentes que no cumplían sus obligaciones fiscales, no procediendo de esta manera al ingreso del IVA generado por la operativa comercial realizada y siendo de imposible localización al detectarse el fraude.
De esta manera se logró generar un fraude a la Hacienda Pública que se estima por la Agencia Tributaria en un importe superior a los 26,5 millones de euros.
Productos a un precio sin competencia y un blanqueo de 70 millones de euros
Esta operativa además de conseguir grandes márgenes de beneficios a través de las cuotas defraudadas, lo que les permitía era poner el producto a la venta a un precio inigualable, acaparando el mercado de estos productos a nivel nacional.
Esta operativa comercial se acompaña de una estrategia financiera que facilitóun blanqueo de capitales por valor de más de 70 millones de euros.
En los registros realizados se han intervenido numerosos ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, procediéndose al mismo tiempo al bloqueo de numerosas cuentas bancarias, inmuebles y vehículos y a la incautación de 14.780 discos duros preparados para su venta, así como otro material informático.
La operación, llevada a cabo en nuestro país por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas, se ha realizado conjuntamente por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) así como por miembros de la Dependencia Regional de Inspección de Madrid y Andalucía, y de laONIF de la Agencia Tributaria (Organización Nacional de la Investigación del Fraude), apoyados por EUROPOL, EUROJUST y por unidades policiales de Holanda y Bélgica.
Igualmente se ha procedido a la prohibición preventiva de enajenación de 13 inmuebles, que ascienden a un valor aproximado de 1,3 millones de euros €, así como de 16 vehículos y el bloqueo de saldos de cuentas bancarias que en 33 entidades financieras titulaban los miembros de la organización.