Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia al dueño de una empresa hortofrutícola que presuntamente explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros. La Policía siguió la pista de la actividad delictiva de esta persona, concretando que sometía a sus trabajadores a jornadas abusivas por un salario ínfimo y en unas condiciones laborales de insalubridad.
Según fuentes policiales, trabajaban 12 horas al día y su salario dependía de la situación legal en la que estuvieran en España. Lo percibían de forma quincenal y rondaba los 150 euros, pero esta cifra estaba sujeta a la consecución de unos objetivos marcados por el empresario y lo habitual es que les engañara diciéndoles que no los habían alcanzado.
Tenían que pedir permiso hasta para ir al baño y estaban permanentemente controlados
Según pudieron comprobar los investigadores de la Policía Nacional, los trabajadores estaban controlados en todo momento y tenían que pedir permiso incluso para ir al baño. "Un baño que se encontraba en unas condiciones deplorables, incumpliendo hasta las más mínimas medidas de seguridad sanitaria", apunta la Policía.
Además, de acuerdo a las declaraciones de varias de las víctimas explotadas, el empresario les obligaba a trabajar aunque sufrieran lesiones durante su jornada laboral. Era habitual sufrir cortes con cuchillos y, según la gravedad de la herida, o se la vendaba y continuaba su jornada laboral o se marchaba a casa sin percibir ningún salario.
Les desplazaba hacinados en una furgoneta pese a la pandemia
El detenido, un hombre de 53 años, movía de un sitio a otro a sus trabajadores utilizando para ello una furgoneta para el transporte de mercancías. Respecto a este vehículo, la Policía Nacional indica que no tenía ni asientos traseros ni cinturones de seguridad y que el empresario incumplía todas las medidas y recomendaciones sanitarias enfocadas a evitar la propagación del coronavirus.
La Policía Nacional detuvo a esta persona in fraganti el pasado 13 de enero, mientras transportaba a 7 de sus trabajadores. No obstante, la investigación determinó que en ocasiones metía en su interior hasta a 13 personas. El arrestado fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y tráfico ilegal de mano de obra.
Además, la investigación policial también consiguió que la autoridad judicial ordenara el cierre cautelar de las dos naves industriales de la empresa y el bloqueo de la cuenta del detenido.