En las últimas semanas, distintos medios de comunicación se han hecho eco de informaciones vinculadas con internos de alto perfil mediático, donde se vierten acusaciones sobre supuestas irregularidades en centros penitenciarios.
Desde el sindicato ACAIP, manifiestan su “profundo malestar y rechazo ante el tratamiento sesgado, sensacionalista y carente de rigor con el que se está abordando la labor profesional que desarrollamos en las prisiones españolas”.
Acusaciones sin pruebas
ACAIP, que asegura haber defendido “siempre el respeto a las investigaciones judiciales en curso, así como a la presunción de inocencia, principio básico de cualquier Estado de Derecho”, subraya en un comunicado la preocupación causada por “la difusión de declaraciones de ex personas internas o familiares de personas privadas de libertad que, sin respaldo probatorio, realizan afirmaciones categóricas o insinuaciones sobre supuestos tratos de favor, irregularidades o actuaciones ilícitas por parte del personal penitenciario”.
Aduce la organización sindical que estos testimonios, “lejos de esclarecer hechos, generan un relato perjudicial y difamatorio, basado en suposiciones o fórmulas tan poco rigurosas como ‘he oído...’, ‘se comentaba...’, ‘creo que...’”. “No se puede construir una acusación sin pruebas, ni alimentar una sombra de duda sobre un colectivo por declaraciones sin contrastar, muchas veces motivadas por intereses personales, estrategias de defensa o simple búsqueda de notoriedad”, recalca ACAIP.
Criminalización injusta
Este relato, sostienen, contribuye a sembrar la sospecha, el descrédito y la criminalización injusta del colectivo de trabajadores que desarrolla su labor en “condiciones muchas veces extremas, con un alto nivel de profesionalidad, compromiso y responsabilidad”.
La falta de apoyo institucional enoja a los funcionarios: “Lejos de garantizar nuestra seguridad laboral e integridad moral, con su silencio y la ausencia de un reconocimiento firme a nuestra labor, es cómplice”.
“Los funcionarios y funcionarias de prisiones ―prosigue el comunicado― desempeñamos un servicio público esencial. Nuestra labor, silenciosa pero imprescindible, se basa en el cumplimiento estricto de la legalidad, la ética profesional y los principios del Estado de Derecho”.
Exigencia a los medios y a la ciudadanía
Esas denuncias de conductas corruptas, abusivas o delictivas encuentra en ACAIP la respuesta sobre el procedimiento habitual: “Cuando se producen comportamientos reprobables exigimos su investigación y, en su caso, la aplicación rigurosa de las sanciones correspondientes. Generalizar y sembrar sospechas sobre todo un colectivo por hechos que ni siquiera han sido demostrados, no solo es injusto, sino que supone un atentado directo contra la dignidad y el prestigio de estos trabajadores públicos”.
Ante la situación, exigen a los medios de comunicación “responsabilidad, rigor informativo y respeto”. “El sensacionalismo no puede prevalecer sobre la verdad, ni el espectáculo sobre la ética periodística”, añaden. Y a la ciudadanía se le pide “que no se deje arrastrar por juicios paralelos ni generalizaciones injustas”.