La Estrategia de Seguridad Nacional vigente es de 2017 y la Ley de Seguridad Nacional establece su renovación cada cinco años, pero el Gobierno ha decidido adelantar su reforma para adaptarla al contexto actual, "caracterizado por una mayor competición geopolítica y un entorno socioeconómico marcado por las consecuencias del COVID, así como por la aceleración de la transformación provocada por la tecnología y la transición ecológica".
El exdirector de gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ya anunció el pasado mes de junio que se adelantaría su revisión y este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba su modificación.
Según ha informado el Ejecutivo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional tiene tres grandes objetivos que marcan las prioridades de la Seguridad Nacional para los próximos cinco años. El primero de ellos es avanzar en materia de gestión de crisis. El segundo es favorecer la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos. Y el tercero pretende desarrollar la capacidad preventiva, de detección y de respuesta frente a las amenazas híbridas.
"Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas, a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada", señala el documento, según recoge El Mundo.
Tal y como indica este medio, en la lista de riesgos también figuran otros clásicos para cualquier Estado como son los conflictos, el terrorismo, el crimen organizado, el espionaje o la inmigración ilegal, así como otros más modernos que se han introducido en los últimos años y que incluyen la inestabilidad económica o la vulnerabilidad del ciberespacio. No obstante, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional incluye por primera vez las campañas de desinformación, que el Gobierno eleva al nivel de "amenaza" para la seguridad del Estado.
El texto advierte de su "potencial peligrosidad" y se refiere directamente a las "estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estatales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones". Por ello, uno de sus objetivos es "prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes del exterior, cuyo objetivo es obtener información sensible de forma ilegal para atacar la imagen internacional de España o realizar acciones de injerencia".
El informe también diferencia entre las campañas de desinformación y las "fake news": "Las campañas tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –' fake news' – o información errónea –' misinformation'. Las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado".
En este sentido, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional alerta de que "el ámbito cognitivo" es un espacio más "en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo", según destaca La Vanguardia, que apunta que enumera los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación: la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque.
"Para hacer frente a estas injerencias externas se apuesta por elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación, así como incrementar las capacidades de los servicios de inteligencia", añade El Mundo.
Otras novedades de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional
Además de la elaboración de una Estrategia Nacional para luchar contra las campañas de desinformación, la reforma incluye otras nuevas actuaciones. Entre ellas, destacan la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, y la creación de una Agencia Espacial Española con un componente dedicado a la Seguridad Nacional o la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para desarrollar estos objetivos, las actuaciones se articulan en torno a tres ejes: la protección de las personas y el ordenamiento; la promoción de la prosperidad y el bienestar y la participación en la seguridad internacional. Por ello, el Gobierno prevé elaborar un catálogo de recursos de los sectores estratégicos para que sea puesto a disposición de las autoridades competentes, así como redactar planes de preparación y disposición de recursos.
Además, la estrategia incluye el desarrollo de un sistema de indicadores críticos para la elaboración de un Sistema de Alerta Temprana y la adopción de soluciones de inteligencia artificial para la evaluación de la situación de seguridad y el apoyo al análisis estratégico.