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Los sindicatos policiales anuncian movilizaciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana

El 4 de marzo en Madrid es la fecha para el comienzo de acciones contra la reforma de la conocida como "Ley mordaza".

Antonio M. Figueras

Periodista y escritor.

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Policía Nacional en el Congreso de los Diputados.
Policía Nacional en el Congreso de los Diputados.

Las diferentes organizaciones que representan a los policías de España se reunieron hace un mes con la intención de crear una plataforma conjunta para mostrar al Gobierno el rechazo a la reforma Ley de Seguridad Ciudadana.

Jusapol, Jupol y Jucil han decidido anunciar una calendario de movilizaciones y acciones contra la reforma. Madrid será escenario, el próximo sábado de 4 de marzo, de una manifestación, a la que se sumarán otras acciones reivindicativas. En la memoria de todos figura la manifestación histórica de noviembre de 2021, que concentró por primera vez a policías nacionales, locales, autonómicos y a miembros de la Guardia Civil.

Según estas organizaciones citadas, “no podemos permitirnos el lujo de demorarnos más ni esperar agónicamente a que esta reforma supere todos los trámites parlamentarios sin que mostremos nuestro rechazo a las condiciones con las que se aborda la ley”.

Llamamiento a la unidad

Por eso tienden la mano a todas las organizaciones policiales para sumar fuerzas y también hacen un llamamiento a los ciudadanos porque “directamente se verán afectados con una ley, que consideramos que no garantizará realmente la seguridad ciudadana”. La reforma legislativa afecta a policías nacionales o guardias civiles, pero también a todos los agentes de España, tanto de ámbito nacional, autonómico como local.

La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana no ha contado con el asesoramiento u opinión de los expertos, según fuentes sindicales de la Policía.

Los cambios

Una de las polémicas que plantea la reforma es la posible supresión del artículo 36.2, que penalizaba rodear el Parlamento. La “perturbación grave” ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas autonómicas podría dejar de ser delito.

También preocupa a los policías que se pueda retirar la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación y que, salvo excepciones (si pueden afectar a la seguridad de los policías, sus familias o a algún operativo en marcha), no se sancione la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que se contempla no sancionar al ciudadano que provoque desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada. 

Más cambios polémicos: la rebaja de sanciones en caso de desobediencia a la Policía y el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados, que paraliza el trabajo policialTampoco serían sancionables la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, denominado popularmente top manta, ni la “perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos”.