China podría solicitar a aquellas empresas que manejen datos y planeen salir a Bolsa en Hong Kong que lleven a cabo una revisión de ciberseguridad. Esto será así si se determina que los listing de dichas compañías pueden suponer un impacto potencial en su seguridad nacional.
El borrador de la regulación, que ha sido publicado por el regulador del ciberespacio en el país asiático, no especifica de qué manera definirán las autoridades cómo estas empresas ponen en riesgo la seguridad del país.
Lo que sí se sabe es que esta medida afectaría a aquellas empresas que albergan datos de más de un millón de usuarios y deberán someterse a la aprobación de la autoridad china de ciberseguridad cuando busquen pisar los parquets en otras naciones, según se hace eco Bloomberg.
Así lo subraya un comunicado emitido por la Administración del Ciberespacio en China (CAC), reiterando una directriz publicada en julio. En aquel momento no se habría especificado el requisito mencionado para salir a bolsa en Hong Kong.
La nueva regulación complica el proceso para las empresas que coticen en Hong Kong. No obstante, algunos expertos aseguran que, pese a ello, la salida bolsa en dicho mercado aun tiene sus ventajas frente a comenzar a cotizar en EE.UU. Xia Halong, abogado del bufete radicado en Shanghai Shenlun, subraya que "no todas las empresas deberán someterse a revisiones de seguridad de datos".
También para fusiones y adquisiciones
Las principales afectadas serán aquellas plataformas de Internet que acumulen gran cantidad de información de sus usuarios relevantes para la seguridad, el desarrollo económico o los intereses públicos del país. Estas también tendrán que someterse a la revisión en el caso de cualquier fusión y adquisición o reestructuración si dichos cambios afectan a la seguridad nacional, según ha manifestado la CAC.
El borrador de la medida, que pide comentarios públicos hasta el próximo 13 de diciembre, también requiere que los grandes operadores de plataformas de Internet informen a los reguladores del ciberespacio y a las autoridades pertinentes en el caso de establecer sedes, operaciones o centros de investigación en el extranjero.