Es una estampa habitual en Europa en situaciones de alerta terrorista. Los militares patrullan por las calles, vigilan los monumentos, las estaciones de metro y ferrocarril o aeropuertos. Soldados armados al lado de los turistas pueden verse en lugares emblemáticos de París, Bruselas o Roma. En Francia, Bélgica, Italia, Alemania o Reino Unido resulta normal. Pero en España no.
La posibilidad de que el Ejército participe en la lucha contra la delincuencia no parece realista, al menos de momento. En Suecia, en 2023, hubo una propuesta en este sentido debido al aumento de la violencia callejera, como evidenciaban los asesinatos por enfrentamientos entre bandas criminales. El plan inicial era que el Ejército proporcionara a la policía asistencia de análisis y logística, también en manejo de explosivos y trabajo forense.
Esta iniciativa tuvo cierto eco en la prensa española, pero la sugerencia se quedó en nada. Thomas Gustafsson, periodista sueco, explica a Escudo Digital que “fue un idea de partido Sverigedemokraterna (SD), el partido de extrema derecha nacionalista y populista, el Vox de Suecia”. “Una idea sin apenas discurso y de debate corto”, añade.
Aunque el SD no forma parte del Gobierno conservador, apoya al Ejecutivo con sus votos. “La opinión pública del país está en contra de utilizar militares en la calle. El Ejército en Suecia se usa para defendernos de enemigos como Rusia. No es para asuntos políticos”, sentencia Gustafsson.
Contra el narcotráfico en América Latina
El Ejército ha luchado en América Latina contra el narcotráfico y el crimen organizado, de manera temporal o casi permanente, con unos resultados muy discutibles. Ecuador, Colombia, México, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador han protagonizado episodios con desiguales resultados.
Juegos Olímpicos de París
El pasado año se celebraron en la capital del Sena los Juegos Olímpicos. La intención de los organizadores era conseguir que la capital francesa fuera “el lugar más seguro del mundo”. Una fuerza de 45.000 policías fue apoyada por un contingente de 20.000 soldados. Jets de combate vigilaron desde los cielos los distintos escenarios. A ningún lugareño le extrañó. Los atentados de 2015 motivaron el despliegue desde entonces del Ejército en las calles.
En España los militares no patrullan las calles
Sin embargo, en España la imagen de militares patrullando las calles no se da. ¿Por qué? La clave de la decisión gubernamental del empleo de las FAS en territorio nacional está en la Ley de Defensa Nacional 5/2005 en sus artículos 15.3 (“Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”) y 16, que se refiere a los tipos de operaciones en las que pueden participar, en los apartados C (“El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento”) y D (“La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. A estos efectos, el Gobierno designará la Autoridad nacional responsable y las Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos pertinentes”).
Niveles de Alerta Antiterrorista
Los Niveles de Alerta Antiterrorista, desarrollados por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 2005, surgido tras los atentados del 11M en 2004, marcan el grado de actuación. Esta primera estrategia contemplaba tres niveles. La clasificación fue modificada en 2009 y en 2015.
Actualmente, las medidas asociadas a los distintos niveles de alerta antiterrorista datan de febrero del 2022 como consecuencia de la entrada en vigor de la Instrucción 2/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualizó el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.
El Plan cuenta con cinco niveles de activación vinculados con un determinado nivel de riesgo: el nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el 2 a riesgo moderado, el 3 a riesgo medio, el 4 a riesgo alto y el 5 a riesgo muy alto. El nivel 4 implica mayor vigilancia callejera, con un aumento de la presencia de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Son movilizadas unidades especiales de intervención a infraestructuras esenciales y aquellos lugares con gran afluencia de personas. Solamente en el caso de alcanzar el nivel 5, riesgo muy alto, serían movilizadas las Fuerzas Armadas para ayudar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Operación Balmis
La cobertura jurídica de la implicación del Ejército en la lucha contra los efectos de desastres naturales y otro tipo de catástrofes se circunscribe al citado artículo 15.3 de la Ley 5/2005. En 2020, en lo más crudo de la pandemia de COVID-19, las Fuerzas Armadas participaron en la denominada operación Balmis: 189.000 militares se desplegaron por todo el territorio nacional. En los 98 días que duró el operativo se realizaron 20.000 intervenciones.
Este servicio tenía como objetivo principal el apoyo a la población y se realizó en estrecha colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organismos institucionales y administraciones públicas.
Tras el decreto del Estado de Alarma, establecido por el Gobierno y por el que se aplicaron las medidas que contemplan la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de Estados de Alarma, Excepción y Sitio donde se fijan las competencias y limitaciones correspondientes aunque también son recogidos por la Constitución Española en su artículo 116, el Estado Mayor de la Defensa designó al Mando de Operaciones (MOPS) como responsable de la ejecución de la operación Balmis, en la que participaron los tradicionales mandos del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, junto con el Mando Componente de Emergencias, formado por los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como la Guardia Real y la Inspección General de Sanidad de Defensa (Igesandef).
Cuatro fueron las líneas de intervención: seguridad, apoyo logístico, desinfección y apoyo sanitario, y montaje de hospitales de campaña, campamentos y albergues. La operación no significó ninguna merma en otras actuaciones de las Fuerzas Armadas como las operaciones permanentes en el territorio nacional o los compromisos en misiones internacionales.
La UME tuvo un papel destacado en las labores de ayuda en diferentes zonas de la Comunidad Valenciana arrasadas por la DANA el pasado mes de octubre. Pero también fueron desplegados otros efectivos de las Fuerzas Armadas. Sobre el terreno actuaron más de 8.000 militares, procedentes de la UME, los tres Ejércitos y la Guardia Real, a los que se sumaron 5.000 militares más participando desde sus centros para dar apoyo logístico.
Su última intervención fue con el reciente apagón del 28 de abril. Entre otras acciones, proporcionó varios grupos electrógenos y suministros de combustible a hospitales de toda España que requirieron la reposición de sus equipos tras más de 12 horas sin poder conectarse al sistema eléctrico.
La UME depende directamente del Ministerio de Defensa y siempre trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y con Protección Civil. Entre sus labores habituales figuran intervenciones en incendios forestales, temporales de nieve, rescates de montaña e incluso acciones en el exterior (como en los terremotos de Turquía o Marruecos).
Fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto dice la Ley Orgánica 5/2005 sobre la UME: “Es una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas". Francisco Javier Marcos Izquierdo es en la actualidad el general jefe de la UME.