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La historia del jubilado sevillano que le ha costado a las eléctricas más de 500 millones de euros

Antonio Moreno lleva luchando contra los abusos de las eléctricas desde 1994, cuando fue despedido por negarse a participar en un reparto ilegal del mercado.

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Central eléctrica
Central eléctrica

Antonio Moreno Alfaro es un ingeniero industrial retirado nacido en Sevilla que es conocido como el "Robin Hood del sector eléctrico" o como "el azote de las eléctricas" por la titánica lucha que mantiene contra ellas desde hace más de 25 años.

Su guerra, que emprende en solitario, comenzó el 7 de noviembre de 1994, fecha en que su vida profesional se vio truncada al ser despedido de manera fulminante de Landis & Gyrs, el fabricante de contadores suizo para el que llevaba trabajando cuatro años en Sevilla. Entonces, tenía 51 años y cuatro hijos pequeños, y asegura que lo echaron mediante una denuncia falsa, "en represalia por haberme negado a participar en el grupo clandestino Contact, primer eslabón de la cadena de corrupción que hace posible las tres gravísimas ilegalidades que vengo denunciando desde entonces".

Moreno no se fue de Landis & Gyrs de manos vacías. Se llevó del departamento de ventas una carpeta etiquetada como "Grupo Contact" que llevó al Juzgado de Guardia de Sevilla para denunciar que los fabricantes de contadores, reunidos en el "grupo clandestino Contact", se estaban repartiendo ilegalmente el mercado. Tras el registro judicial de Landis & Gyrs, el asunto saltó a la Unidad de Delitos Económicos de Sevilla y posteriormente se elevó hasta la Comisión Europea, que decidió enviar a siete inspectores para requisar más de 100.000 documentos y proceder a su revisión. Finalmente, el caso se archivó en 1999 al no encontrar delito, pero Moreno sostiene, tal y como recogió El País,  que la policía no entregó al juzgado toda la documentación para evitar que hubiera consecuencias legales.

Siguió su guerra contra la "mafia del kilowatio"

"Tras el episodio, Moreno puso una querella ante la Audiencia Nacional contra las eléctricas y las empresas del Grupo Contact. El caso fue archivado y él condenado al pago de 50.000 euros de costas y responsabilidad civil, 'por manifiesta temeridad y desprecio hacia nuestras instituciones democráticas', informa el citado medio en otro artículo del 2019. Pese a este nuevo revés, Antonio no se amedrentó y continuó su lucha contra la corrupción que ejerce la que él denomina la "mafia del kilowatio".

"La mafia del kilowatio está formada por dos familias principales: la familia política, integrada por el PSOE y el PP, que aporta el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la protección de la Administración Pública y el Congreso, y la familia financiera, formada por las cinco grandes compañías integradas en Unesa, que actúa de capo y marca las directrices a la familia política. Hay una tercera familia, formada por las empresas multinacionales fabricantes de contadores de energía eléctrica, pero su importancia es secundaria, ya que está subordinada a las compañías eléctricas, debido a que éstas adquieren al menos el 90% de su producción y forman parte de los consejos de administración de dichas empresas", explicó el ingeniero en una entrevista con Público. "Si los ciudadanos fueran conscientes de la impunidad  que el Gobierno ha permitido a las eléctricas, habría una revuelta popular", agregó.

Destapa todos los fraudes de las eléctricas en la web estafaluz.com y ha ahorrado a los consumidores  más 500 millones de euros

Tras ser despedido de Landis & Gyrs, este septuagenario no volvió a trabajar y desde entonces se dedica a intentar frenar el abuso de las eléctricas y a ayudar desinteresadamente a los usuarios a reclamar su dinero. Para ello, utiliza la página web estafaluz.com, que su hijo le abrió en 2008 y donde también recopila toda la documentación que fundamenta sus acusaciones sobre la connivencia entre el sector eléctrico, la política y la justicia.

"Todos los gobiernos de España han actuado en connivencia con las eléctricas. González, en primera instancia, permite que se infle, a partir de 1984, el precio del alquiler de los contadores. Le sigue Aznar, encubriendo a su predecesor por orden directa de José María Amusátegui, presidente de la patronal, y lo culmina Zapatero mirando para otro lado ante las constantes ilegalidades de las eléctricas", explicó en una entrevista para El Confidencial.

Entre los logros conseguidos por el "Robin Hood del sector eléctrico" están la rebaja del 10 % que ordenó el Gobierno en 2002 sobre el precio de alquiler de los contadores y que los 27 millones de usuarios con menos de 15 kW de potencia contratada no tengan que pagar derechos de enganche por la sustitución del contador electromecánico.

"Al comprobar que las compañías eléctricas estaban cobrando 10,49 euros por la sustitución del contador, denuncié el caso ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pues el derecho de enganche sólo puede ser cobrado si es el usuario el que solicita la sustitución, que no es el caso, pues la sustitución ha sido ordenada por el Gobierno", indica el ingeniero según recoge Plural. Con esta victoria, Endesa se vio obligada a instalar de manera gratuita 13 millones de contadores y se estima que el sector dejó de ingresar 300 millones de euros.

Durante su lucha, Moreno también ha ganado otra batalla contra Endesa, la que se libró después de que en el 2010 la compañía le denunciara por intromisión ilegal en el derecho al honor. Endesa reclamó el cierre cautelar de estafaluz.com y una indemnización de 50.000 euros, pero su demanda fue desestimada basándose en que la jurisprudencia defiende "que el derecho al honor está limitado por las libertades de información y expresión".

“Hago una vida de un monje benedictino, pero le he ahorrado más 500 millones de euros a los consumidores”, ha asegurado Moreno, quien continua investigando irregularidades en la factura de la luz y quiere seguir siendo el azote de las eléctricas: "Iré presentando las correspondientes denuncias en cuanto consiga reunir el dinero necesario, pues mi pensión bruta es de solo 1.134 euros mensuales", manifestó en el citado artículo de El País del 2019.