Fresas en Huelva, melocotones en Murcia, cerezas en Aragón… Comienza la recolección de frutas, pero no hay suficiente mano de obra. Ante la falta de trabajadores extranjeros, el Gobierno intenta facilitar la contratación, pero la respuesta aún es insuficiente. Pero Cataluña comienza a moverse.
Ni siquieramovilizando parados por decreto. Mientras tanto, cada comunidad autónoma vapergeñando sus normas y hoja de ruta para allanar el terreno y conseguir quelos temporeros se animen al ver protegida su salud. Todo cautelas yprocedimientos, al final muy similares en cada región.
El último protocolo desplegado es el de Cataluña. Gobierno, ayuntamientos, sector agroalimentario y agentes sociales de la demarcación de Lleida han acordado las medidas que garantizarán la seguridad en actividades y empresas agrarias de cara al inicio de la campaña de la fruta.
El marco dela alerta sanitaria había despertado preocupación e inquietud al respecto, antela dificultad de poder asegurar, en estas condiciones de confinamiento, laproducción en cantidad, calidad y seguridad de los alimentos. Estaba en dudaque se pudiera proveer a la población, como se desprendía de recientescomunicados emitidos por la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, el problemano queda circunscrito a esta comunidad; está generalizado en todas lasautonomías, aunque ha sido esta la que ha dado el paso ahora en pro de suresolución.
El documentode partida ha quedado aprobado en una reunión telemática con los agentesimplicados, presidida por la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca yAlimentación, Teresa Jordà; a la que también ha asistido Ramón Farré,delegado de la Generalitat.
El criteriobase consiste en dar información a todo el personal sobre el Covid-19, sus víasde transmisión y las medidas de prevención individuales, especialmente las decarácter higiénico.
Cada explotación agraria tiene que hacer una lista de empresas externas que vayan a prestar servicios, así como cualquier persona que vaya a acceder. Nadie puede desconocer los procedimientos que protegen la salud propia y la de los trabajadores como colectivo. Antes de hacer ninguna operación, cada persona se someterá a la toma de temperatura al llegar e irse de la explotación y si se superan los 37 grados no podrán desempeñar su tarea.
Lostrabajadores estarán obligados a llevar mascarillas y guantes, salvo que lostrabajos encomendados no lo hagan posible, por lo que se insiste sobre todo enel lavado de manos adecuado.
El protocolotambién determina que todo contratador disponga de un plan de trabajo queorganice su ejecución, de tal manera que se eviten aglomeraciones y evitarposibles contagios.
Lostraslados, la parte más delicada de la negociación, han quedado acotados através de vehículos privados, en los que puede ir un máximo de dos personas,siempre que residan en el mismo domicilio o que desarrollen la actividad en elmismo centro de trabajo. Los autocares que alquilan las empresas paratransportar a los empleados deben respetar, como límite, que la ocupación nosupere el tercio.
En cuanto alalojamiento, el propietario tiene la obligación de desinfectar los albergues yviviendas de las personas contratadas, procurando la distancia social acordadade 1,5 metros, además de impedir el uso de las zonas comunes.
Mientrasdure la campaña de recolección, los ayuntamientos deben disponer de una seriede documentos y datos concretos que permitan prever el impacto de la actividadde la campaña en su municipio y prevenir la alerta sanitaria.
Para la cosecha de este año, la patronal catalana del sector, Afrucat, viene avisando de un “colapso” que derivará del 60% menos de plantilla que calculan para estas tareas. Para la campaña del año pasado, sólo en esta zona de Lleida y el Ebro, se movilizaron 40.000 temporeros, según los datos de la Consejería de Trabajo de la Generalitat.