Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha asegurado este lunes en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará "este mes" la primera línea de ayudas para digitalizar pymes.
Estas ayudas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido a aprobar antes de final de año tendrán un presupuesto de medio millar de euros, y solo pueden acceder a ellas las empresas que tengan en nómina entre 10 y 49 trabajadores. Según Carme Artigas, este primer paso servirá de rodaje para lanzar al año que viene ayudas para empresas de menos de diez empleados. No se ha olvidado de mencionar a los autónomos, el colectivo al que será más difícil acceder. La secretaria de Estado ha aprovechado su comparecencia para presentar las líneas maestras de gasto de su gabinete y los entes dependientes de ella como puede ser Red.es o Incibe.
Del plan para digitalizar la justicia a la identificación de los diez trámites más ejecutados por empresas y ciudadanos
Durante su intervención, ha hecho alusión en varias ocasiones a la importancia de "medir" el impacto de las políticas llevadas a cabo y ha asegurado que la Unión Europea está más preocupada por los hitos logrados con los fondos europeos que con la desviación temporal en la ejecución de los mismos.
175 millones de euros de la partida de gasto de su presupuesto serán destinados para la creación de espacios de datos sectoriales con especial dedicación al sector turístico y sanitario.
La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha hecho hincapié en la importancia de modernizar la Administración Pública. En este campo, ha destacado que su equipo ya ha identificado los diez trámites más ejecutados por ciudadanos y empresas para acelerar su digitalización y convertirlos en más accesible para el ciudadano .En la misma línea ha destacado la importancia del plan para digitalizar la Justicia, así como los proyectos de aplicación de la inteligencia artificial para las políticas activas de empleo o el estudio del efecto de los algoritmos en el mercado laboral, como por ejemplo en el caso de la ley Rider, creada para proteger los derechos de las personas que reparten bienes a domicilio, normalmente en bicicleta, y cuyos servicios se contratan a través de plataformas digitales.