Un día después de que el presidente de Gobierno Pedro Sánchez anunciara elecciones legislativas anticipadas para el 23 de julio, se abría el plazo para solicitar el voto por correo. Miles de ciudadanos acudieron desde ese momento a las oficinas para cumplir el trámite, aunque también se puede solicitar online.
La celebración de los comicios en pleno periodo de vacaciones va a dificultar el ejercicio del derecho al voto. Pero existe un problema grave añadido: muchas personas tienen reserva de vuelos, apartamentos, hoteles. ¿Qué sucede si se nos cita para acudir a una mesa electoral? La ley no exime de ser miembro de una mesa electoral aunque se tengan programadas las vacaciones. Se puede reclamar a la Junta Electoral Central, que resolverá el asunto, pero no es este uno de los motivos establecidos para librarse de la convocatoria. No acudir a la mesa electoral sin causa justificada puede suponer sanciones de entre tres meses y un año de prisión.
Todos estos inconvenientes, también el del voto desde el extranjero, se solucionarían si se implantara el voto digital. Las organizaciones y empresas de este sector llevan tiempo reclamando a las administraciones un compromiso para implementar la identidad digital de los ciudadanos con derecho al voto con el objetivo de que se puedan digitalizar los procesos electorales.
La legislación
No parece, sin embargo, que los partidos políticos, con algunas excepciones, estén por la labor. Algunos expertos señalan que la infraestructura tecnológica para las votaciones digitales masivas ya existe, aunque no existe acuerdo. Quedaría por desarrollar una intensiva labor de aproximación a estas tecnologías para superar la brecha digital que hay en España. Aunque se han realizado simulacros con éxito, la ley impide que en pleno siglo XXI evolucionemos hacia la democracia digital.
Son solo 9 las naciones donde se ha implantado el voto digital: Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Estonia, Bélgica, India, Filipinas, Bulgaria y Emiratos Árabes Unidos.
Para que los votos digitales sean equiparables a los votos en papel se precisa la modificación de la ley electoral y la LOREG, que es la ley orgánica que regula cómo se gestiona el sistema electoral. El consenso para que esto suceda no parece sencillo, a pesar de que en 2010 la Junta Electoral aconsejó la puesta en marcha del voto digital. Pero el Gobierno de Rajoy, en 2017, descartó su implantación por temor a la ciberdelincuencia.
Los detractores del voto electrónico aluden a que la dependencia de la tecnología implica el riesgo de sufrir ciberataques o manipulaciones, amén de suponer cierta inseguridad jurídica. Desde el punto de vista de la protección de datos, se plantea que no se puede garantizar el secreto del voto.
Sobre los cambios que se deberían introducir en la legislación para implantar el voto digital, la abogada Beatriz Saura, directora de Saura Legal, considera que no solo es un problema legal sino también tecnológico: “La Constitución, en su artículo 68, dice que sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto. Hoy en día, tecnológicamente no podemos garantizar ese derecho constitucional del secreto del voto, que a su vez se remite a la ley orgánica también, reguladora de las elecciones. En el título 86.1 dice que el voto es secreto”.
Ejemplifica esta cuestión Saura con una reciente sentencia sobre las elecciones sindicales de Iberdrola “que fueron anuladas porque no se garantizaba el secreto del voto”. “Con las herramientas actuales, estos procedimientos solo podrían valer para un consejo de administración o para asambleas”, añade.
Espera Saura, no obstante, que llegue a nuestra vida la implantación del voto digital: “En el momento en que tengamos un sistema tecnológico que garantice ese secreto y que evite que pueda haber intrusiones que alteren el resultado de la votación artificialmente, habrá que realizar los cambios legales necesarios”.
Ferran Pallàs (Vocdoni): “Precisamente, con esta próxima convocatoria el 23J se resolverían muchos problemas. La primera, la total movilidad y por tanto la total libertad del votante, con su máxima accesibilidad al derecho al voto”.
No encuentra la experta demasiada voluntad política en los cambios legislativos, algo que podría haber amortiguado las molestias de la convocatoria del 23J. “Si pudieran ser online las votaciones, sería mucho más cómodo que el voto por correo. Es una pena que no se haya solucionado ya”, dice.
Iniciativas tecnológicas
Algunas iniciativas tecnológicas en España han desarrollado protocolos de voto digital avanzado. Una de ellas es Vocdoni, proyecto que comenzó en 2018 gracias a un grupo de emprendedores y expertos en criptografía. El pasado año, Vocdoni realizó la primera votación completamente digital con tecnología blockchain llevada a cabo por un organismo público en España, en una consulta que organizó el Ayuntamiento de Bellpuig (Lleida). Este proceso permite la verificación universal y la privacidad mediante la utilización de mecanismos criptográficos avanzados.
Los beneficios de organizar unas elecciones con voto digital son palpables, tanto para el ciudadano como para el Estado, según el Growth Manager de Vocdoni, Ferran Pallàs: “Precisamente, con esta próxima convocatoria el 23J se resolverían muchos problemas. La primera, la total movilidad y por tanto la total libertad del votante, con su máxima accesibilidad al derecho al voto”.
Lo extraño es que la política no siga la tendencia general, explica Pallàs: “En 2023, con la transformación digital en todos los sectores, no se entiende que no exista el voto digital”. Sobre todo teniendo en cuenta que, en su opinión, se dispone de la tecnología apropiada para implementarlo cuando se decida: “Ya se ha demostrado que funciona, con la máxima transparencia”.
“La tecnología ‘blockchain’ es muy pertinente en este tipo de procesos -indica el experto-, pues los típicos conceptos que se le aplican, como inmutabilidad, trazabilidad, transparencia, esa tokenización del activo, que en este caso es el voto, son los mismos conceptos que nosotros creemos que debemos aplicar a la democracia”.
El 10 de noviembre de 2019 se celebraron las últimas elecciones generales. El Ministerio del Interior cifró su coste en 136 millones de euros. Las elecciones 100% digitales supondrían un enorme ahorro. “Todo esto suma entre 120 y 140 millones de euros”, aclara Pallàs. Un voto tradicional, el de la papeleta que utilizamos ahora, tiene un coste de 3,5 euros por votante. Pero un voto digital solo vale cinco céntimos. Con una única urna virtual, el ahorro de papel, urnas, mesas, listados, censos, seguridad resultaría muy importante.
Consultas ciudadanas
Juan Romero, ahora en Kratio Sistemas, agencia especializada en gobierno abierto, participó como experto en el desarrollo de consultas ciudadanas en el entorno del 15M y Podemos. “En aquellos tiempos, trabajábamos desde la asociación OpenKratio. La parte del sistema del software libre la llevaba nVotes. Como el sistema requería autoridades electorales, nos pidieron hacer las de participación”, señala.
“El comienzo de nuestra colaboración con Podemos -relata- fue la consulta sobre si el movimiento se convertía en partido político. También hicimos las primarias del Partido Socialista Noruego, las elecciones de la Federación de Educación de Comisiones Obreras, las del Colegio de Ingenieros de Cataluña”. Vistalegre 2 supuso la ruptura de la colaboración, porque según Romero, “nos pareció que el proceso de votación tenía carencias”.
Para que hubiéramos podido votar online el 23J, estima que “la habilitación es compleja, y no solo por la legislación, pues en la actualidad no hay sistemas que puedan hacer una cobertura completa de unas elecciones tan grandes”. La solución que propone es el desarrollo de sistemas híbridos.
Romero cree no solo en el software libre, sino en el conocimiento libre: “Lo único que nos podría salvar es la tecnología. Aunque yo no lo veía al principio, para la implantación del voto online se puede apostar por el blockchain, tanto como por otros sistemas”.
Hay más iniciativas. Un equipo del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), integrado en la Universitat Politècnica de València, ha creado un sistema de voto digital que no precisa cifrado, pero que mantiene la privacidad de los electores. Este sistema podría emplearse en elecciones generales, votaciones privadas o en la realización de encuestas anónimas.
Implantación
Falta mucho camino por recorrer. Son solo 9 las naciones donde se ha implantado el voto digital: Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Estonia, Bélgica, India, Filipinas, Bulgaria y Emiratos Árabes Unidos. La nación pionera fue Bélgica, donde se realizaron las primeras pruebas con sistemas informáticos en 1989. Pero se considera el mayor impulsor del voto digital a Estonia, que en 2005 se convirtió en el primer país en permitir votar de manera vinculante con internet. Además, ha publicado como código abierto el código informático del software que se usa para la votación digital.
En aquellas elecciones locales, 9.317 personas votaron online. ¿Cómo es el proceso? Todos los ciudadanos disponen de un documento de identidad electrónico, cada uno con un número secreto PIN asociado. Así los votos que se emiten están encriptados para preservar el anonimato. El votante puede votar digitalmente a partir del décimo día hasta el cuarto día antes de las elecciones presenciales. Puede incluso el ciudadano volver a votar electrónicamente durante el tiempo que establece la ley. Y también puede hacerlo presencialmente. Pero solo valdrá el último voto. Este procedimiento es muy similar al que se utiliza en España, por ejemplo, en las elecciones a rector en la Universidad Nacional a Distancia (UNED).
En EE.UU., más de 30 Estados permiten el voto digital en alguna modalidad, especialmente para militares y votantes fuera del país. En Venezuela las elecciones suelen ser motivo de denuncias por sospechas de fraude en las mesas electrónicas. En estudio o con implantación parcial se encuentra en España, Francia, Italia, Suiza, Rusia, Canadá, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y México. Por el contrario, hay siete países que han frenado o incluso prohibido este sistema de voto: Alemania, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Kazajistán.
Las distintas pruebas en España vienen de lejos. En 1998, Euskadi reguló el voto digital para las elecciones al Parlamento vasco. En las elecciones autonómicas de Cataluña de 2003, se emplearon cinco urnas electrónicas y hubo un total de 1.555 votantes. La implantación de este sistema precisaba la reforma de ley electoral, lo que provocó que el proyecto quedara en el olvido.
Otros intentos han sido en Villena (Alicante), en las autonómicas de 1991, donde hubo una experiencia con banda magnética en 39 mesas electorales. En 2004, se realizó una prueba en la localidad granadina de Jun. En Galicia, en 2005, en los comicios al Parlamento regional se llevaron a cabo dos pruebas de voto electrónico con pantalla táctil. En Cataluña, a finales de 2018, se aprobó un anteproyecto de ley con el que se pretendía implantar el voto digital para que los catalanes residentes en el extranjero pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones al Parlament y en otros procesos de consulta popular. Esta iniciativa legislativa se paralizó tras la aplicación del artículo 155, pero se prevé retomarla.