¿Regular o no regular internet? Esa es la cuestión que mantiene en vilo al gobierno británico mientras continúa creando nuevas enmiendas de la nueva Ley de Seguridad en Línea.
La propuesta de ley tiene como objetivo convertir el Reino Unido en “el lugar más seguro para navegar en línea”, en las palabras del gobierno británico. Para ello, plantea hacer responsables a las empresas que controlan las grandes redes sociales de moderar el contenido que se publica en las mismas, para evitar que los menores de edad estén expuestos a publicaciones consideradas “dañinas”.
La legislación ha sido muy polémica en Gran Bretaña. Mientras las organizaciones de protección del menor hacen llamamientos para que se apruebe lo más pronto posible, los expertos en informática han advertido sobre el posible debilitamiento del cifrado que implicaría, algo que puede crear el efecto contrario al objetivo del proyecto: un internet menos seguro.
El pasado enero, cuando parecía que el proyecto de ley iba a recibir el beneplácito de la Cámara de los Lores, una rebelión dentro del Partido Conservador detuvo la partida. Casi 50 miembros conservadores del Parlamento se pusieron de acuerdo con el Partido Laborista para forzar al Primer Ministro a redactar una nueva enmienda. El objetivo de la misma es establecer penas de cárcel para altos directivos de empresas que no cumplan con los requisitos de la ley, y expongan a menores a contenido considerado como perjudicial para su bienestar.
Proteger a los menores
En noviembre de 2017, la joven Molly Russell se quitó la vida. Cinco años después, un juez declaró que la muerte de la adolescente había sido provocada por una depresión, unida a “los efectos negativos del contenido en internet”. Su padre ha sido desde entonces un ferviente defensor de la propuesta de Ley de Seguridad en Línea, asegurando que salvará vidas.
El odio, los desórdenes alimenticios, las autolesiones, el terrorismo, el suicidio, el fraude, el tráfico de personas y la explotación sexual, son algunos de los contenidos que las plataformas de redes sociales deberán controlar bajo la la Ley de Seguridad en Línea.
“Esto trata sobre la libertad de expresión; trata de la libertad de vivir,” escribió Ian Russell en una columna reciente. “Un psiquiatra infantil dijo que había sido incapaz de dormir durante las semanas siguientes a ver el contenido que Molly vio en redes sociales antes de quitarse la vida. Mi hija tenía solo 14 años.”
El odio, los desórdenes alimenticios, las autolesiones, el terrorismo, el suicidio, el fraude, el tráfico de personas y la explotación sexual, son algunos de los contenidos que las plataformas de redes sociales deberán controlar bajo la la Ley de Seguridad en Línea. Estos no se consideran “ilegales”, pero sí “dañinos” para los menores de edad, según la legislación propuesta. Por ello, las empresas que gestionan redes sociales serían responsables de asegurar que estos contenidos no estén al alcance de los usuarios menores de edad, ya sea retirando el mismo o estableciendo controles parentales y procesos de verificación de la edad.
La penalización por el incumplimiento de estas medidas, según la enmienda propuesta, consistiría en multas de hasta 18 millones de libras, o el 10% de su facturación global anual. Además, estas podrían incluir penas de cárcel de hasta dos años para altos ejecutivos de grandes tecnológicas, entre los que se encontraría Elon Musk, dueño de Twitter o Mark
Zuckerberg ya se ha enfrentado a críticas en el pasado sobre el daño provocado por plataformas pertenecientes a Meta, como Facebook e Instagram. Estas se acrecentaron en 2021, cuando un antiguo empleado reveló que la plataforma era consciente del impacto dañino de sus contenidos en adolescentes, a pesar de haber expresado lo contrario en público.
El problema de encriptar
Aunque el proyecto de ley británico pretende proteger a los usuarios de internet, algunos expertos han advertido del riesgo de provocar el efecto contrario.
El 19 de enero, Internet Society solicitó la redacción de un nuevo borrador, diciendo que el actual “amenaza con eliminar el cifrado fuerte del mercado y poner a los usuarios de internet del Reino Unido en mayor riesgo que nunca”. La organización explicó que la versión actual del proyecto obligaría a los proveedores de servicios a debilitar o eliminar el cifrado para facilitar los nuevos requisitos de identificación y eliminación de contenidos, socavando en el proceso la seguridad de la red.
Los proveedores de servicios internacionales a abandonar el Reino Unido para evitar multas y cargas normativas, lo que tendría consecuencias nefastas para su economía.
Una encuesta de la British Computer Society (BCS) de agosto reveló que el 46% de los 1.300 expertos en informática consultados creen que el proyecto de ley no es “factible”, y solo el 19% opina que haría de internet “un lugar más seguro”. Además, el 74% consideraba que el proyecto sería incapaz de impedir la distribución de desinformación y fake news.
Además de los peligros de debilitar el cifrado, los expertos también han expresado su preocupación sobre los efectos que este nuevo proyecto puede tener sobre el mercado británico. La aprobación de la ley propuesta podría llevar a los proveedores de servicios internacionales a abandonar el Reino Unido para evitar multas y cargas normativas, lo que tendría consecuencias nefastas para su economía.
¿Protección o tiranía?
“Tiranía” ha sido la palabra utilizada por Jimmy Wales, co-fundador de Wikipedia, para describir el proyecto de ley británico, uniéndose así a las voces que lo consideran un ataque directo a la libertad de expresión.
Las altas sanciones que la ley impondría podrían provocar (según opositores) un aumento de la censura en internet, provocada por la imprecisión del proyecto sobre los contenidos que se consideran “dañinos”. Por este motivo, organizaciones como Article 19 la consideran una legislación “incoherente y extremadamente compleja, que socavaría los derechos humanos y el estado de derecho”. A ella se ha unido el Instituto de Asuntos Económicos, que ha advertido que la ley podría entregar “poderes sin precedentes”, a la Secretaría de Estado y la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del Reino Unido.
A pesar de la polémica, el gobierno de Rishi Sunak parece dispuesto a aprobar la Ley de Seguridad en Línea antes de que finalice la sesión parlamentaria del Reino Unido en noviembre. La administración estaría actualmente preparando una nueva propuesta, que se debatirá en la Cámara de los Lores esta primavera, bajo la atenta mirada de las grandes tecnológicas, y los gobiernos del resto del mundo.