La Unión Europea ya está un poco mayor. No la UE como tal, que nació en 1993, sino sus predecesores, la CEE y, sobre todo, la CECA. Debemos tener en cuenta que el primer esbozo de lo que hoy es la Europa comunitaria nació en 1951, y sus iniciales se correspondían a las de Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Era, en esencia, una comunidad creada para gestionar de manera conjunta las producciones de carbón y acero de seis países europeos. El objetivo: impulsar la siderurgia mediante el intercambio de materias primas para acelerar la dinámica económica, con el fin de dotar a Europa de una capacidad de producción autónoma.
Y claro, han pasado 72 años desde eso. Aunque Europa, con mayor o menor éxito, sigue luchando por tener una producción autónoma, lo de gestionar el carbón se ha quedado un poco obsoleto. Ahora las prioridades son otras y, si en algo destaca la UE a nivel mundial es en la defensa de los principios medioambientales y su lucha contra el cambio climático, conceptos diametralmente opuestos al uso del carbón como fuente de energía.
La rápida evolución tecnológica y de los planteamientos políticos en favor de las energías renovables está obligando a revisar viejos acuerdos firmados hace décadas cuando los problemas del cambio climático no tenían el actual apoyo institucional. Este es el caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) firmado en Lisboa en diciembre de 1994 por 53 países, incluidos los de la Unión Europea, cuyos planteamientos medioambientales chocan de frente con la filosofía de Bruselas. Por este motivo, la Comisión Europea ha presentado una propuesta para que los países miembros realicen una salida “coordinada” del Tratado.
A través de este sistema de resolución de conflictos, las empresas que explotan yacimientos petrolíferos, gasoductos y centrales eléctricas de carbón pueden emprender acciones legales contra los Estados que aprueban leyes para luchar contra el cambio climático. Por eso se considera que, en la práctica, supone un freno para la adaptación de las energías renovables.
El valor de las infraestructuras de combustibles fósiles en la UE, el Reino Unido y Suiza protegidas por el tratado se estima en 344.600 millones de euros, según recoge una publicación de PwC España. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el arbitraje privado a puerta cerrada del Tratado viola la legislación de la UE y no debe utilizarse para resolver conflictos entre los Estados miembros.
La iniciativa de retirada del tratado tiene que ser ratificada con mayoría cualificada (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población) en el Consejo de la UE. La decisión de proponer la salida coordinada del TCE era la opción que, entre otros, reclamaba España, que anunció a finales del año pasado su decisión de retirarse del tratado. Finalmente, no lo cumplió, puesto que ha preferido esperar a que fuera Bruselas la que diera el paso, permitiendo así, como prefería Madrid, una salida “concertada” del acuerdo.
Aprobada la Ley de Restauración de la Naturaleza
Por otro lado, el Parlamento Europeo ha aprobado la Ley de Restauración de la Naturaleza. Se trata de la primera legislación de la historia que persigue explícitamente restaurar la naturaleza de Europa. Incluye proteger y restaurar al menos el 20% del suelo terrestre y marino degradado de la Unión Europea para 2030 e iniciar el proceso para recuperar el 80% de los hábitats europeos en mal estado.
Se trata de devolver a su estado natural a todos los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ecosistemas marinos, de agua dulce y urbanos. Europa, advierten los expertos, está perdiendo biodiversidad a un ritmo alarmante. Ahora la ley pasará a la fase final del proceso legislativo (los trílogos) para llegar a un acuerdo sobre el texto definitivo de la ley.