Una comitiva de la dirección del sindicato Alternativa Sindical, encabezada por su máximo representante en Andalucía, Manuel Rueda García, se ha reunido con el jefe de Régimen Interior del Parlamento de esta Comunidad a fin de tratar los asuntos más preocupantes que se tiene respecto a la empresa de Seguridad Grupo Control después de que el sindicato haya denunciado que la misma no ha cumplido con el contrato y las mejoras que le hicieron ser adjudicatarias del concurso de seguridad por el que presta servicio en el Parlamento en una adjudicación cifrada en 5.140.192€.
Esta preocupación además se agrava después de que la empresa almeriense, según informa el sindicato profesional de seguridad privada, se haya quedado fuera del acuerdo Marco de la Junta de Andalucía, al concluir el citado organismo que "la información aportada por Grupo Control no justifica el cumplimiento de las condiciones salariales establecidas en el convenio colectivo de aplicación (CCEES-22) y, en consecuencia, entender que sus ofertas no pueden ser cumplidas por la inclusión de valores anormalmente bajos conforme al artículo 149.4 in fine de la LCSP, y proponer excluirlas de la clasificación”, si bien hay que añadir que la mercantil tiene recurrida la resolución dictada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Dirección General de Contratación.
El representante de Alternativa Sindical en Andalucía ha añadido a Escudo Digital que el jefe de Régimen Interior del Parlamento ha venido a reconocer que Grupo Control no cumple en su totalidad con el pliego de contratación en relación con las mejoras que debería tener implantadas y en pleno funcionamiento desde hace ya más de dos años, mejoras que viene cobrando la mercantil en base al contrato suscrito con el Parlamento pese a no haberse implantado aún, afirma Rueda.
Tras las inquietudes trasladadas por el dirigente andaluz, el representante legal de la cámara ha adquirido el compromiso de exigir el cumplimiento tácito a Grupo Control de la totalidad de las mejoras que aún tiene sin ejecutar y que una vez implementadas se verá obligada a certificar por escrito.