El Consejo de Europa reunirá en Estrasburgo (4-6 de junio) a más de 500 destacados expertos en ciberdelincuencia de todo el mundo para abordar los retos actuales, examinar el estado global de la legislación sobre ciberdelincuencia y seguir reforzando la cooperación internacional.
Entre los asuntos que se tratarán se encuentran la inteligencia artificial (IA), ciberdelincuencia, ciberataque a la democracia, fraude en línea, así como los vínculos entre el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest) y la nueva Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).
Representantes internacionales
Además, una serie de talleres explorarán temas destacados como las investigaciones en el mundo cripto, el intercambio de pruebas electrónicas, la ciberdelincuencia como crimen de guerra, la ciberviolencia o juventud y ciberdelincuencia. También figuran en la agenda talleres regionales sobre África, América y las regiones de Asia y el Pacífico.
El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, y el ministro de Justicia maltés, Jonathan Attard, inaugurarán el encuentro. Entre los oradores se encuentran representantes de diversos órganos del Consejo de Europa, de otras organizaciones (Unión Europea, Interpol, OSCE, ONUDD), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como del sector privado, de la sociedad civil y de las autoridades de justicia penal de todo el mundo.
Plataforma de diálogo
La conferencia se erige como una de las mayores y más completas plataformas de diálogo e intercambio en el ámbito de la ciberdelincuencia. Desde 2007, reúne periódicamente a expertos de más de 100 países, así como a representantes de organizaciones internacionales, del sector privado, de la sociedad civil y del mundo académico.
La reunión forma parte del Proyecto Octopus, que en la actualidad se financia mediante contribuciones voluntarias.
El trabajo del Consejo de Europa cuenta con el apoyo de la Oficina del Programa contra el Cibercrimen (C-PROC), que desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a los países de todo el mundo a mejorar su capacidad para afrontar frente a los retos de la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas, sobre la base de las normas establecidas por el Convenio sobre la Ciberdelincuencia y sus Protocolos adicionales Primero y Segundo.