El gigante de Internet volvió a ser condenado por la justicia, en este caso frente a las gobernaciones de Indiana, que recibirá 20 millones de dólares, y Washington DC, al que debe pagar 9.5 millones. Estos dos estados se suman a los 40 que han realizado acusaciones similares en el pasado. La empresa ya acumula una cifra superior a los 400 millones de dólares abonados por estas denuncias, mientras que aún le queda enfrentar intimaciones similares de parte de Texas y Washington.
Los hechos que desencadenaron las demandas se produjeron en 2018, cuando usuarios de iOS y Android continuaron siendo rastreados por geolocalización en sus móviles, a pesar de haber desactivado las opciones del "Historial de ubicaciones" en la configuración de la "Actividad web y de aplicaciones".
Google también fue acusado de utilizar patrones oscuros para recopilar información, lo que hace alusión a diseños y técnicas con la finalidad de engañar a los usuarios para que no sean plenamente conscientes de aquellas acciones que están realizando o de la información que comparten, y que conllevan violaciones de privacidad.
En un comunicado de prensa, el estado de Indiana publicó que "Google utiliza datos de ubicación recopilados de los consumidores para crear perfiles de usuario detallados y anuncios dirigidos, pero esta compañía ha engañado a los usuarios sobre sus prácticas desde al menos 2014".
Además de la multa millonaria, se ha ordenado a Google que notifique a los usuarios con el historial de ubicaciones y/o la actividad web y de aplicaciones habilitados si se están recopilando datos de ubicación. Asimismo, deberá informar los pasos para que los usuarios puedan desactivar y eliminar los datos que no quieren compartir con el gran buscador.
Se espera entonces que Google publique una página web donde revele todos los tipos y fuentes de datos de ubicación que recopila, y que se abstenga de compartir la información de ubicación precisa de los usuarios con anunciantes externos sin consentimiento explícito. Además, deberá eliminar automáticamente los datos de ubicación dentro de los 30 días posteriores a la obtención de la información.
"Dado el vasto nivel de seguimiento y vigilancia que las compañías de tecnología pueden integrar en sus productos ampliamente utilizados, es justo que los consumidores estén informados de cuán importantes son los datos de los usuarios, incluida la información sobre cada uno de sus movimientos, que estas compañías recopilan, rastrean y utilizan", declaró Karl A. Racine, fiscal General de Washington DC.
Por su parte, la compañía dijo que las demandas se basan en "políticas de productos obsoletas" y que ha implementado una serie de mejoras de privacidad y transparencia que permiten a los usuarios eliminar automáticamente los datos de ubicación vinculados a sus cuentas.