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Guardias Civiles y militares, en guerra con Defensa por las vacunas obligatorias de Covid

Diez miembros de todas las escalas han presentado este miércoles ante el TSJM un recurso contencioso-administrativo por obligar a vacunar en las academias de formación.

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Redactora Jefe de Escudo Digital

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Un agente de tráfico de la Guardia Civil
Un agente de tráfico de la Guardia Civil

Los militares y la Guardia Civil no están sindicados, se lo prohibe la ley, pero sí tienen derecho a defender su salud. Por eso, algunos de ellos han presentado ante el TSJM un recurso contencioso-administrativo por obligar a vacunar en las academias de formación. Fue ayer, miércoles y ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Se trata de un recurso contencioso-administrativo en contra del Ministerio de Defensa por obligarles a ponerse la vacuna contra el coronavirus en los centros de formación. Lo ha contado en primicia El Confidencial Digital. El año pasado se intentó ya llevar a cabo, pero según ha podido saber Escudo Digital, La Asociación Liberum se quedó a las puertas por no poder contar con las quejas directas de afectados, quien por miedo a posibles represalias no se atrevieron a aparecer con nombres y apellidos.

La exigencia vuelve a aparecer este año en el documento de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Como todo el mundo sabe, es ilegal la obligatoriedad de la vacunación, y más que discutible en centros de formación. Esta exigencia se encuentra entre las páginas del documento de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, (DIGEREM) que se publicó el pasado 21 de julio para el curso académico 2022-2023. Y aunque según la administración la obligación no es tal, si se exige que los alumnos se presenten vacunados. 

Este año el recurso va a prosperar.  La Asociación Tervies ha puesto en contacto a diversas personas que se sentían damnificadas por haber sido obligadas a vacunarse pertenecientes a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas con el equipo jurídico de la Asociación Liberum. Y lo han hecho para defender los derechos fundamentales de diez personas, militares y guardias civiles que querían denunciar la situación.

Fuentes de Tervies han manifestado a Escudo Digital que hay dos sentencias en contra de la vacunación obligatoria. De hecho, el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite los recursos de amparo promovidos por personas ancianas y menores de edad contra la decisión judicial de vacunarlos de la Covid. Según publica EconomistJurist, el Tribunal entiende que estos recursos planten un problema relacionado directamente con el  principio de igualdad, al derecho fundamental a la integridad física y moral, al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar (arts. 14, 15, 18.1 y 43 CE), sobre el que no hay doctrina constitucional.  Según nuestras fuentes "cuando está en juego la salud no se puede decidir en plan 'ordeno y mando’ y es necesario defender la libertad y el derecho al amparo jurídico de los afectados sin coacciones". 

Vulneración de varios artículos de la Constitución Española
 

Entre los denunciantes, se encuentran tenientes del Ejército de Tierra, soldados, cabos 1º de la Guardia Civil y un sargento de la Guardia Civil. La Asociación Liberum es una entidad que asegura tener como propósito “restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la Covid-19”.

Según nuestras fuentes han sido impugnados varios párrafos del documento de DIGEREM relacionados con la vacunación contra el coronavirus. En el escrito, citado por El Confidencial Digital se señala que "se está obligando a inyectarse la vacuna a militares y guardias civiles en acuartelamientos, escuelas, centros de perfeccionamiento, algo que Liberum considera una gravísima vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales”.

DIGEREM imponía quer “todo el personal del centro (profesorado, alumnado y personal de la administración y servicios) deberá estar vacunado con la pauta completa”, con el fin de dejar constancia de que estaban inmunizados a la hora de ingresar en los centros. Y debían seguir el trámite burocrático de  presentar los certificados Covid ante los servicios sanitarios del centro.

De no hacerlo, tendrían que atenerse a las consecuencias derivadas de la legislación relacionada con vacunas en las fuerzas. Al no poder asistir a clase, no se podrían examinar, y se verían obligados a repetir curso o dejar de ser alumnos de los Centros Docentes Militares. 

Según Liberum y Tervies, la vacunación en España no es obligatoria, no estamos ante una medida preventiva recogida en la Ley a Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Y en el caso que nos ocupan se estarían violando varios artículos de la Constitución Española, como el derecho a no ser discriminado, y el artículo 9, al infringir el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderos públicos. 

Asimismo, relatan en el recurso que el director general de reclutamiento “no tiene competencia alguna sanitaria para adoptar dicha medida” ya que esto “corresponde únicamente a las autoridades sanitarias”, motivo por el cual vulneraría el artículo 18 de la CE.

Liberum ya solicitó al defensor del pueblo que interpusiera recursos de inconstitucionalidad frente a la normativa Covid.  y se muestra muy beligerante en estos aspectos. 

 

Cuando Margarita Robles cesó a un militar simplemente por hacer una petición en relación con las vacunas

 

Hay que recordar que, desde dentro del Ejército también se escucharon voces críticas hacia la vacunación sin garantías. Es el caso del Coronel Vara del Rey quien fue cesado en el cargo que ostentaba por la ministra de Defensa Margarita Robles por pedir precaución en la vacunación masiva en el Ejército y la población.   Fue cesado como jefe de la sección de Altos Estudios de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 

Se limitó a exponer en una instancia dos peticiones muy concretas, acompañadas de reflexiones muy respetuosas y aportes de informes sobre las consecuencias de las vacunas. Las peticiones eran estas: 

1.-Se den las instrucciones pertinentes, en el ámbito del Ministerio de Defensa o en coordinación con otras entidades de la Administración del Estado, para que se puedan llevar a cabo contraanálisis de lotes aleatorios de las inoculaciones que actualmente se están administrando a las Fuerzas Armadas y a la población española.

2. Se detenga cautelarmente la actual campaña de vacunación Covid-19 en las Fuerzas Armadas y en la población, en tanto en cuanto no se disipen las dudas sobre la presencia de óxido de grafeno reducido y otras posibles partículas y elementos potencialmente tóxicos que puedan generar un riesgo para la salud.

En el caso actual que nos ocupa, no se trata de una petición. Se considera que ha habido irregularidades. La Asociación Liberum considera que  DIGEREM, en lo relativo a la vacunación obligatoria del covid, "ha prescindido del procedimiento legal establecido para la elaboración de normas reglamentarias que se regula en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del Sector Público".

 

 

 

 

 

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