Hay un enfrentamiento indisimulado entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y uno de los dos cuerpos policiales sobre los que manda, la Guardia Civil (curiosamente es el más disciplinado, por su formación militar) debido sobre todo a la manera tan personal y política (según tanto la Guardia Civil como en la Policia Nacional se quejan sus integrantes) de ejercer su cargo.
Este enfrentamiento ha alcanzado su mayor intensidad con la muerte de los guardias David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González, asesinados el pasado viernes en una operación antidroga en el puerto de Barbate.
Grande-Marlaska es uno de los seis ministros que sobreviven de los 18 que integraban el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Quien decide es el presidente, pero además Sánchez ejerce un poder tal en el partido que nadie se atreve a cuestionar al ministro del Interior en Ferraz.
Cuando Sánchez llamó a Grande-Marlaska en 2018, el juez era vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Cuando, en las últimas elecciones, parecía que el PSOE perdería el gobierno, Grande-Marlaska manifestó a su entorno que no quería volver a la Audiencia Nacional. Su inclusión como cabeza de lista de los socialistas en las últimas elecciones generales le aseguraba un puesto de diputado en el Congreso pese a no tener vinculación ninguna con la provincia que le tocó, Cádiz.
¿Qué le recriminan sus subordinados?
En primer lugar, le recriminan que se encuentre cada vez más a gusto en su tarea de político que de ministro, obsesionado por “controlar la narrativa y la comunicación”.
A los guardias civiles les duele esa manía de querer reducir y esquematizar la gravedad de hecho y acciones donde intervienen, persiguiendo una especie de mensaje Mundo Feliz, un estilo que maneja a la perfección el equipo de Nieves Goicoechea, nombrada directora de comunicación del Ministerio de Interior (de la “escudería” PRISA) y secretaria de Estado de Comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, el viernes, los medios oficiales y hasta Televisión Española hablaban de “incidente con dos guardias fallecidos”, mientras el resto de los medios y cadenas hablaban claramente de asesinato e incluso de ejecución.
En segundo lugar, sus subordinados le echan en cara que minimice su reconocimiento colectivo como grupo de riesgo o frene la declaración de Zona de Especial Singularidad en lugares más conflictivos; algo que sería (para todo un Ministro del Interior y cabeza de la lista PSOE por Cádiz) como admitir que ser Guardia Civil en la España happy del presidente Sánchez es una vocación de riesgo.
O que hay Zonas de Especial Singularidad, ya sea por su alto coste de vida y donde reforzar la presencia policial (véase Baleares en verano) exige una ayuda o donde por especial violencia de la delincuencia (zona costera Cádiz) el peligro es mayor. Lo demuestra el hecho de que, en este mismo Barbate, para poder realizar una operación antidroga en la barriada La Fátima este último diciembre, hubo que reunir diversas unidades de la Benemérita, como el GAR, Useci, Edoa de Cádiz y miembros del puesto de Barbate, para llegar a los 70 agentes necesarios.
O cuando tienes las santas narices de desmantelar en el verano de 2022 la unidad de élite de la Guardia Civil que lideraba con eficacia la lucha contra los narcos del Estrecho. Con la disolución del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur) en el Campo de Gibraltar, que había sido creada cuatro años antes, los 150 efectivos de esta famosa unidad volvieron a sus destinos en otras provincias españolas y los narcos lo celebraron a lo grande.
“En sus cuatro años de existencia, la OCON Sur descabezó los principales clanes de la droga de la zona y arrestó a miles de narcos, además de incautar toneladas de droga, desmantelar sus redes de ‘guarderías‘, decomisar fortunas y acabar con las flotas de helicópteros de la droga”, publicó en su momento Periodista Digital.
Grande-Marlaska desmanteló la unidad, según él, para “reestructurar la lucha de la droga” porque ya no eran necesarios. Y según el propio alcalde de Barbate, “parece que están como en una nube y no atienden a los alcaldes”.
A partir del caso Tito Berni y de la “forzada” presencia en la foto de cuatro tenientes generales, el máximo nivel al que se puede llegar en la Guardia Civil, mientras la señora Gámez (directora Guardia Civil) presentaba su dimisión por una presunta implicación de su marido en un caso de corrupción, todo el mundo tiene claro que “el que se mueve no sale en la foto”.
Así no es de extrañar que cuando el alcalde de Barbate avisó a la Guardia Civil ante la imposibilidad del destacamento marítimo de Cádiz para intervenir, el alcalde recurriera al subdelegado del gobierno. Este último emitió la polémica orden de intervenir, llevando al GEAS de Algeciras al puerto con la furgoneta y la lancha neumática usual. La falta de formación para abordajes llevó a solicitar apoyo a los compañeros GAR comisionados en la provincia, y ante la embestida de la narcolancha (en una proporción de tamaño y potencia de 10 a 1), todo el temor del mundo a echar mano del arma reglamentaria.
Empiezas a pensar que vives en una democracia fallida cuando el Estado despliega un ejército de antidisturbios para combatir tractores, la sede de un partido o unos premios de Cine, mientras las narcolanchas acaban con la vida de dos guardias civiles, y los buenos tienen más temor de ejercer la fuerza y menos medios que los malos.