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Cae una red criminal que vendía cadáveres a través de una funeraria

Falsificaban documentación para vender los cadáveres por 1.200 euros la unidad y cobraban por incineraciones que luego se ahorraban.

Silvia

Redactora especializada en Seguridad y Tecnología.

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La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que vendía cadáveres a través de una funeraria (Foto: Europa Press)
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que vendía cadáveres a través de una funeraria (Foto: Europa Press)

La Policía Nacional ha anunciado que ha conseguido desarticular un grupo criminal relacionado con la venta de cadáveres a través de una operación que ha resultado en la detención de los responsables de una funeraria de Valencia y de dos de sus empleados.

Vendían cada cadáver por 1.200 euros y buscaban fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros

Según informa en un comunicado, la investigación comenzó a principios del año pasado, a raíz de que los agentes tuvieran conocimiento de la retirada irregular por parte de la funeraria del cuerpo de un fallecido de la morgue de un hospital. Tras numerosas pesquisas, los agentes descubrieron que dos trabajadores de la funeraria se habían apoderado del cadáver falsificando documentos y, en vez de darle sepultura, lo habían trasladado a una universidad para su estudio.

"El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana, sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento", señala la Policía Nacional en su comunicado.

En el trascurso de la investigación los agentes localizaron otro caso que seguía el mismo patrón, aunque esta vez el difunto estaba ingresado en una residencia geriátrica y, al parecer, él mismo había autorizado supuestamente la donación de su cuerpo tres días antes de fallecer. No obstante, los investigadores pudieron comprobar que el hombre sufría un deterioro cognitivo severo, por lo que tenía menoscabadas sus capacidades mentales y no podía entender lo que suponía la donación.

"Además dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo", subraya la Policía.

Siguiendo su información, los ahora detenidos buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que tuvieran condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando de esta manera una mayor impunidad. "Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver".

Facturaban varias incineraciones, pero solo realizaban una

Por otro lado, la Policía Nacional señala que los agentes también averiguaron que la empresa funeraria había cometido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez que las universidades terminaban los estudios sobre los cadáveres, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Sin embargo, los investigadores constataron que la funeraria había facturado a una universidad 5.040 euros por once incineraciones y que ninguna de las cuales aparecía reflejada en las facturas emitidas por las incineradoras que operan en Valencia.

"Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica", apunta la Policía Nacional, que remata su comunicado indicando que todos los detenidos están acusados de un delito de estafa y que a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.