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JUCIL denuncia la persistente falta de protocolos claros en contextos migratorios masivos

La asociación ha reclamado dichos protocolos recordando que este martes se van a cumplir diez años de la tragedia del Tarajal.

Silvia

Redactora especializada en Seguridad y Tecnología.

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Vehículos de la Guardia Civil vigilan el paso fronterizo de la barriada de Benzu tras un intento de salto de valla por alrededor de 200 migrantes el 30 de octubre de 2013 en Ceuta (Foto: Antonio Sempere/Europa Press)
Vehículos de la Guardia Civil vigilan el paso fronterizo de la barriada de Benzu tras un intento de salto de valla por alrededor de 200 migrantes el 30 de octubre de 2013 en Ceuta (Foto: Antonio Sempere/Europa Press)

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado en un comunicado que, diez años después de la tragedia de El Tarajal, sigue sin existir un protocolo claro que establezca cómo deben actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "sobre todo los guardias civiles", ante "situaciones migratorias complejas y masivas, como fue aquel caso y que luego se ha repetido en varias ocasiones en los asaltos también masivos a las vallas fronterizas".

Según recuerda JUCIL, "los tristes hechos vividos en El Tarajal", que tuvieron lugar el 6 de febrero de 2014, terminaron con 15 muertes por ahogamiento de inmigrantes subsaharianos que intentaban llegar a nado a la playa de Ceuta desde el lado marroquí de la valla. Asimismo, recalca que los guardias civiles que estaban de servicio esa fatídica jornada "cumplieron las órdenes recibidas y atendieron a las normas que exige el ordenamiento español para la entrada de migrantes". Sin embargo, apunta que "se vieron completamente superados por los acontecimientos", en los que llegó a intervenir el Ejército y se puso de manifiesto la complicada controversia a la que se enfrentan los guardias civiles cuando deben gestionar situaciones migratorias.

Diez años después y "pese a las promesas del actual ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, JUCIL critica que siguen sin establecerse unos "protocolos claros y sin ambigüedades sobre cómo deben actuar las fuerzas del orden ante invasiones masivas de la frontera".

"JUCIL pretende abordar la falta de protocolos claros y específicos de actuación para los guardias civiles en contextos migratorios masivos, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias y también de garantizar tanto la seguridad como los derechos de todos los involucrados en esta situación", ha señalado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, quien también ha advertido que la ausencia de dichos protocolos "contribuye a un escenario problemático donde se observan soluciones inadecuadas tanto para la atención y el cuidado personal de los migrantes como para la tranquilidad sobre su intervención de los propios agentes".

En esta línea, la asociación ha reivindicado la importancia, "en ocasiones crítica", de que se elaboren e implementen unos protocolos de actuación "claros y específicos que establezcan sin ningún tipo de dudas cómo deben llevar a cabo su tarea los guardias civiles" y que deben ser el resultado, según ha indicado Vilariño, de una "cuidadosa consideración del respeto de los derechos humanos, la seguridad de los migrantes y los procedimientos adecuados para asegurar el orden de las fronteras".

"Si de algo debe de servir los tristes acontecimientos del Tarajal, o los que se han registrado recientemente, es evitar que se reproduzcan en el futuro. Para ello, consideramos conveniente una formación adecuada, medios suficientes para el control de grandes masas de personas y, por supuesto, unos protocolos específicos. Todo ello es esencial para que los guardias civiles se encuentren bien equipados, tanto físicamente como normativamente, para abordar estas situaciones complejas y respetar siempre los derechos fundamentales de las personas involucradas", ha subrayado el secretario general de JUCIL. Además, Vilariño no ha querido dejar pasar por alto que el triste caso de Tarajal, sobreseído en los tribunales en varias ocasiones, sigue siendo motivo de controversia judicial. "Aún ahora, diez años después, el Tribunal Constitucional tiene aún pendiente de resolución una última palabra sobre responsabilidades penales".