Convocada por Jusapol, plataforma que aglutina al sindicato de la Policía Nacional (JUPOL) y la asociación profesional de la Guardia Civil (JUCIL), más de 30.000 policías de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para protestar por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”.
A la manifestación se han unido también otras organizaciones policiales como la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Con el lema “¡Por una España más segura!”, los agentes se concentraron en la Plaza de Neptuno. En noviembre de 2021 tuvo lugar una manifestación histórica, que reunió por vez primera a policías nacionales, locales, autonómicos y a miembros de la Guardia Civil.
Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos han secundado la movilización. A la marcha acudieron Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del PP; Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox; y Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
La reforma legislativa planteada afecta a policías nacionales o guardias civiles, además de a todos los agentes de España, tanto de ámbito nacional, autonómico como local. Los cambios de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana no han tenido ningún tipo de asesoramiento u opinión de los expertos, según informan fuentes sindicales de la Policía. Esta reforma fue llevada el pasado 1 de febrero a la Comisión de Interior en el Congreso
Modificaciones
Una de las polémicas que genera la reforma es la posible supresión del artículo 36.2, que penalizaba rodear el Parlamento. La “perturbación grave” ante el Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas autonómicas dejaría de ser delito.
También es motivo de preocupación para los policías que se pueda retirar la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno la convocatoria de una concentración o manifestación y que, salvo excepciones (si pueden afectar a la seguridad de los policías, sus familias o a algún operativo en marcha), no se sancione la toma y difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad.
Que las manifestaciones espontáneas no sean comunicadas con anterioridad contradice al artículo 21.2 de la Constitución, que indica la obligación de comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones.
Más cambios polémicos: la rebaja de sanciones en caso de desobediencia a la Policía y el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados, que paraliza el trabajo policial. La reforma de la “ley mordaza” disminuirá el tiempo de detención de seis horas a máximo dos horas. A esto se le añade que al infractor habrá que devolverlo al mismo lugar donde cometió la acción, lo que significa que los policías actuarán como “taxistas”. También hay conflicto con los cambios en el material antidisturbios
“Legislar para los delincuentes”
Tampoco serían sancionables la ocupación de la vía pública para la venta ambulante, denominado popularmente top manta, ni la “perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos”. Otro de los aspectos que sebe tener en cuenta es que se contempla no sancionar al ciudadano que provoque desórdenes públicos cuando sea menor de edad o tenga una capacidad económica limitada.
Consideran los convocantes de la manifestación que “la reforma de la ley de seguridad ciudadana es un fracaso total y absoluto”, porque “legislar para los delincuentes, los violentos, los sediciosos es una irresponsabilidad con consecuencias fatales, deja a los españoles, a los policías, a España desprotegidos y desamparados”.
“España necesita que la seguridad ciudadana -argumentan-, quede al margen de ideologías, que garantice que nuestras calles sean seguras. Independientemente de quien gobierne, España necesita seguridad, una ley de seguridad que nos proteja a todos, a ciudadanos y a policías”.