Ecuador, ¿estado fallido?

El asesinato del candidato Villacencio ha sido solo la punta de lanza de la dramática situación que viene cociendo a fuego lento a Ecuador.

Marcos Suárez.

Analista hispanoalemán de relaciones internacionales. Experto en geopolítica. @mssipmann

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Otavalo, Imbabura, Ecuador - Europa Press/Contacto/Daniel Romero - Archivo
Otavalo, Imbabura, Ecuador - Europa Press/Contacto/Daniel Romero - Archivo

El caos y la anarquía se adueñan de Ecuador. El candidato presidencial Fernando Villavicencio ha muerto asesinado por sicarios en un ataque que dejó cerca de 40 personas heridas. Pero es que el pasado día 23 el popular alcalde de Manta, Agustín Intriago, también fue abatido a tiros. Se trataba del político ecuatoriano mejor valorado, y murió en un atentado en el que además falleció una deportista que se había acercado al funcionario.

Pocos días antes, Rinder Sánchez, candidato a diputado por la conflictiva provincia de Esmeraldas, fue asesinado cuando cuatro sujetos supuestamente pretendieron robarle su coche. Y en febrero dos aspirantes a alcalde fallecieron víctimas en sendos atentados. En 2020 le tocó el turno a Patricio Mendoza, candidato en las legislativas del año siguiente.

En diversas ciudades y poblaciones ha habido atentados y ataques con bomba contra establecimientos comerciales y vehículos particulares y de transporte público. Si en 2021 la tasa de homicidios se situó en el 14,02 por cada cien mil habitantes, en 2022 subió a 25,9. El primer semestre la violencia se ha incrementado casi en un 60%. Con esta tendencia, la tasa de homicidios este año puede alcanzar los 40, la más alta de la región.

Como admite la policía "el principal problema de Ecuador tiene que ver con la geopolítica del narcotráfico". Por un lado, la ubicación entre Colombia y Perú, principales productores de cocaína del mundo. Por otro, la debilidad en los controles integrados de frontera que facilitan el ingreso de droga que con posterioridad es transportada a puntos estratégicos de la costa. Se reconoce que el escaso control por parte del Estado sobre el territorio marítimo y aéreo facilita la salida de aeronaves y embarcaciones de terminales portuarias sin apenas revisión. Desde 2019 las cantidades de droga incautada en el país sudamericano casi se han triplicado.

De forma reiterada las provincias occidentales de Esmeraldas, Guayaquil y Manta vuelven a ser los principales escenarios de la violencia. La razón: en ellas se hallan los principales puertos, unas infraestructuras muy codiciadas por los criminales, en especial los narcotraficantes.

En las cárceles se producen huelgas y motines. El mes pasado militares y policías enviados para restaurar el orden en la Guayas Número 1 de Guayaquil se incautaron de fusiles de largo alcance, lanzagranadas, municiones y explosivos. Un auténtico arsenal. Según organizaciones como Human Rights Watch, la violencia en las prisiones ha dejado 400 muertos desde 2021.

El pasado mes de abril el gobierno declaró oficialmente como "terroristas" a las organizaciones criminales con vínculos con los carteles mexicanos y colombianos de la droga y con otras agrupaciones delictivas internacionales. En Ecuador operan tres grupos criminales transnacionales: los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia de los Balcanes.

Se pretendía con ello facilitar la incorporación de las FFAA a la lucha contra estas agrupaciones. Esto, sin necesidad de dictar medidas como los estados de excepción. No obstante, pese a las medidas adoptadas, las megabandas van rumbo a convertirse en cárteles. Y las más pequeñas ya son micro cárteles.

Entre las más importantes están "Los Choneros", surgida en los 90 en la ciudad de Chone, provincia costera de Manabí, extendiéndose a Manta y otras poblaciones costeras. Entre 12.000 y 20.000 miembros. Nexos con cárteles colombianos y escisiones de las FARC. Últimamente con organizaciones mexicanas como el cártel de Sinaloa. Y tiene vínculos con la mafia albanesa operativa en Ecuador.

Controla el microtráfico de drogas en varias prisiones y organizan secuestros. Las autoridades estiman que las operaciones ilegales realizadas desde las cárceles dejan a este tipo de organizaciones beneficios de alrededor de 120 millones de dólares anuales. Debilitada por la lucha por la sucesión de algunos de sus líderes capturados.

Nacida como escisión de la anterior, "Los Lobos" podría tener unos 8.000 integrantes. En su origen activa en las zonas selváticas del sur, comenzaron a expandirse hasta la costera Guayaquil. Desde 2016, el grupo provee armas para el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Además, se les vincula con el Frente 48, una disidencia de las desmovilizadas FARC.

Junto al narcotráfico y la extorsión desde las cárceles, en los últimos años han encontrado otra fuente de ingresos en la extracción ilegal de oro. La prensa local asegura que cobran un impuesto de 10% a los mineros que operan de forma ilegal en el norte del país.

"Los Lagartos", surgidos en las prisiones de Guayaquil, también han comenzado a disputarle territorio a bandas rivales. Durante al menos diez años pusieron a disposición a sus sicarios para liquidar a miembros y líderes de otras organizaciones más grandes. Se le atribuyen crímenes sonados como el asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruales, en 2021. Está presente en las 35 cárceles existentes.

En meses recientes la prensa local ha elaborado listas de hasta 20 organizaciones. El ministro del Interior, Juan Zapata, trazó como meta elevar el número de policías hasta los 82.000 para 2024. Pero Luis Córdova, investigador del proyecto Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Quito, lamenta que "mientras se destinan hacia la seguridad enormes cantidades de recursos no se hace nada por romper las estructuras económicas del crimen organizado". Considera que "al tiempo que se sigue militarizando la seguridad pública, se tolera la infiltración del narco en las Fuerzas de seguridad del Estados, jueces, fiscales…". El ejecutivo debería enfocar más recursos a la educación, en particular para combatir la deserción escolar y evitar así que los jóvenes integren las organizaciones criminales. Aboga asimismo por reforzar los controles sobre los cuerpos policiales y los militares para combatir sus posibles nexos con los delincuentes.

Interior niega que todo el país esté bajo el control del crimen organizado (el "problema está en 5 de nuestras 24 provincias") lo que periodistas como Carolina Mella ponen en duda. "La violencia se expande a todas. En la costa porque el narcotráfico necesita los puertos; en la sierra porque allí funcionan puntos de almacenamiento, incluso en Quito".

El presidente Guillermo Lasso ha decretado el estado de excepción. Con este van 17 y no han resuelto nada. Se mantiene la fecha del 20 de agosto para los comicios y sigue la campaña. La violencia era ya el tema predominante ahora es clave para un electorado desesperado y conmocionado.

Villavicencio, activista contra el narcotráfico y la corrupción y la situación de violencia, era un antiguo azote del exmandatario Rafael Correa. Algunas encuestas le pronosticaban un posible segundo puesto por detrás de la favorita, Luisa González, afín a Correa.

¿Qué va a ocurrir tras el magnicidio? Unos quizá teman la vuelta de aquel correísmo que no respetaba valores democráticos. Y otros podrían incluso optar por un candidato como Jan Topic, que se ha mostrado como una especie de Rambo – él mismo ha publicado fotos con un rifle –, que quiere combatir el narcotráfico.

Asesinatos de políticos, masacres carcelarias, crimen organizado, narcotráfico… Ecuador padece una gravísima crisis de seguridad, económica y social. Fantasiosas propuestas como en el pasado o populismo de mano dura pueden convertirlo en un estado fallido o llevarlo a la guerra civil. Lo que necesita ahora son instituciones sólidas y realistas capaces de ofrecer estabilidad y justicia social.

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