El cambio climático no solo representa una amenaza ambiental, sino que también tiene profundas implicaciones económicas, especialmente en términos de deuda soberana. Según estudios recientes, los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas están incrementando significativamente el gasto público en rescates y reconstrucción, lo que presiona al alza la ratio deuda/PIB de España y otros países europeos.
Este escenario plantea un desafío doble: por un lado, mitigar los efectos del cambio climático y, por otro, gestionar la creciente deuda pública. La falta de inversión preventiva en infraestructuras verdes y sistemas de alerta multiplica los costes finales para las arcas públicas, lo que subraya la urgencia de adoptar medidas integrales y sostenibles.
‘La adaptación al cambio climático, alivio parcial’
Para conocer con rigor cómo funcionan los vasos comunicantes entre desarrollo del cambio climático e incremento de la deuda soberana, resulta ilustrativo el estudio Climate change could trigger debt crises, with adaptation providing only partial relief, (El cambio climático podría desencadenar crisis de deuda, y la adaptación solo supondría un alivio parcial), publicado recientemente por el think tank Bruegel y elaborado por Matteo Calcaterra, Andrea Consiglio, Vincenzo Martorana, Massimo Tavoni y Stavros Zenios.
La investigación emplea el modelo RICE50+ para proyectar cómo diferentes trayectorias de emisiones y desarrollo socioeconómico afectarán el crecimiento económico global y la sostenibilidad de la deuda soberana hacia finales de siglo. Por ejemplo, en escenarios de altos daños climáticos, el PIB mundial podría caer hasta un 26%, mientras que grandes economías como Brasil o India sufrirían retrocesos de hasta el 38% y 41% respectivamente. Estas contracciones empeorarían los ratios de deuda/PIB y dispararían los costes de financiación, lo que elevaría el riesgo de crisis fiscales en numerosos países.
¿Existen mecanismos para revertir esa tendencia? Sí se puedan articular algunos, aunque los autores de la organización bruselense advierten de que la adaptación al cambio climático —infraestructuras resistentes, sistemas de alerta temprana y otras medidas— ofrece solo un alivio parcial. Calculan que los Gobiernos podrían sufragar, como máximo, un tercio de los costes de adaptación sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas. El resto de la carga recaería en el sector privado, cuya capacidad de inversión puede ser insuficiente, sobre todo en economías con mercados de capitales poco desarrollados.
Norte de Europa, mayor resiliencia económica
Al poner el foco en Europa en su conjunto, el informe señala que los países del sur y del este del continente podrían experimentar presiones de deuda más agudas debido a su mayor vulnerabilidad climática y menores márgenes fiscales. Aunque las economías del norte muestran mayor resiliencia presupuestaria, ninguna nación europea escaparía por completo al aumento de los costes de endeudamiento ni al desafío de financiar medidas de adaptación a gran escala.
Mantener la sostenibilidad de la deuda exigirá ajustes fiscales significativos en toda Europa. Los autores calculan que los saldos primarios —superávits fiscales antes del servicio de la deuda— tendrían que incrementarse de forma sustancial para compensar los impactos adversos del clima. No obstante, alcanzar dichos niveles de ajuste podría ser políticamente complicado y socialmente costoso, especialmente en países con cargas impositivas ya elevadas o con amplios compromisos de gasto social.
Los investigadores concluyen su estudio subrayando la urgencia de incorporar riesgos climáticos en el análisis de la deuda soberana y en la planificación fiscal europea. En ese sentido, estos expertos abogan por estimular una mayor cooperación internacional, el desarrollo de instrumentos financieros innovadores —como bonos vinculados al clima— y el refuerzo de los mecanismos de apoyo a las naciones más vulnerables. Solo así será posible afrontar de manera sostenible la doble presión de las crisis de deuda y el cambio climático.
Efecto del cambio climático en la deuda pública española
¿Y qué se puede decir de nuestro país en lo vinculado al binomio cambio climático y deuda pública? Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, explica que los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y olas de calor, están incrementando significativamente el gasto público en rescates, reconstrucción y ayudas sociales. “Cada euro destinado a emergencias climáticas es un euro que no puede invertirse en servicios básicos ni en reducir el déficit”, señala este economista, lo que presiona al alza la ratio deuda/PIB de España y de otros países europeos.
En concreto, el experto cita datos del Banco de España que muestran cómo los costes anuales de eventos climáticos ya representan alrededor del 1,2% del PIB español, y alertan de que esa cifra podría doblarse en las próximas dos décadas si no se adoptan medidas de mitigación. Lago insiste en que “la falta de inversión preventiva —en infraestructuras verdes y sistemas de alerta— multiplica el coste final para las arcas públicas”.
Para afrontar este desafío, Lago propone vincular parte de la emisión de deuda soberana a indicadores climáticos, de modo que los intereses se reduzcan automáticamente cuando se invierta en adaptación y mitigación. Según él, “los llamados bonos verdes con cláusulas de resiliencia podrían atraer a inversores responsables y aliviar la presión sobre el presupuesto estatal”.
Además, el catedrático subraya que España se ve especialmente golpeada por el cambio climático debido a su elevada exposición a olas de calor, sequías prolongadas y fenómenos extremos en la cuenca mediterránea. Según Lago, “España es ya el país más afectado por el cambio climático en Europa, con temperaturas que suben el doble de la media continental y precipitaciones cada vez más erráticas”, lo que agrava la escasez de agua, reduce la productividad agrícola y eleva los costes de gestión de emergencias, tensionando aún más las finanzas públicas.
Cómo proteger a los países vulnerables
El aumento de la deuda soberana y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos son dos crisis interconectadas que se retroalimentan. Así lo acredita Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, que explica que “las cargas de la deuda limitan la capacidad de los países para invertir en infraestructuras verdes y en medidas de adaptación climática”, de modo que “sin una reestructuración justa de la deuda, muchas naciones jamás lograrán recuperarse de los desastres naturales”.
En este contexto, UNCTAD presenta datos que muestran cómo los países de bajos y medianos ingresos dedican ya más del 20 % de sus ingresos públicos al servicio de la deuda, reduciendo drásticamente los recursos disponibles para la mitigación y adaptación al cambio climático. En ese sentido, Samira Sayegh, economista sénior de UNCTAD, advierte de que “cada euro destinado al pago de intereses es un euro que no llega a sistemas de alerta temprana, diques o reforestación”.
En ese marco, resultan especialmente útiles mecanismos de alivio de la deuda que incorporen criterios climáticos, como los bonos sostenibles con cláusulas de alivio propuestos por UNCTAD. Estos instrumentos ajustarían automáticamente los pagos de deudas e intereses cuando se produzcan desastres naturales. Como señala Michael Roberts, jefe de la Unidad de Financiación Climático de UNCTAD, “necesitamos vínculos directos entre los contratos de deuda y los indicadores climáticos para proteger a los países más vulnerables”.
En esa dirección, la UNCTAD recomienda crear un Fondo Multilateral de Resiliencia Climática, apoyado por donantes públicos y privados, que ofrezca liquidez contingente tras eventos extremos. Grynspan aclara que “solo un enfoque integral —deuda justa más recursos para el clima— garantizará que el desarrollo sostenible no se quede en letra muerta”.
Impacto del cambio climático en la economía global
El cambio climático tiene un impacto significativo en la economía global y afecta a diversos sectores y regiones. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global podría superar los 4 °C a finales de siglo si las emisiones de CO₂ continúan al ritmo actual, lo que tendría consecuencias devastadoras para la naturaleza, las sociedades y la economía. Entre los efectos económicos destacan la volatilidad de los precios, alteraciones en la productividad agrícola y cambios en las estructuras económicas de los países.
Además, el informe Stern señala que el cambio climático representa el mayor fracaso del mercado jamás visto y que los costes de no actuar superan ampliamente los gastos de mitigación. Por otro lado, la Ley Europea del Clima establece objetivos vinculantes para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, lo que refleja la creciente prioridad de este tema en las agendas económicas.
¿Qué es la deuda por el cambio climático?
La deuda por el cambio climático es un concepto que refleja la responsabilidad histórica de los países más industrializados en la emisión excesiva de gases de efecto invernadero, que han contribuido al calentamiento global. Por ejemplo, entre 1850 y 2011, Estados Unidos y la Unión Europea fueron responsables de más del 50% de las emisiones acumuladas de CO₂, mientras que países en desarrollo como India y África subsahariana apenas contribuyeron con un pequeño porcentaje. Esto genera una deuda climática, ya que los países ricos han agotado gran parte de la capacidad atmosférica, limitando el crecimiento de los países en desarrollo.
Un ejemplo práctico que ilustra la utilidad de este concepto es el impacto en la agricultura: mientras que los países industrializados tienen recursos para adaptarse a los cambios climáticos, los países en desarrollo enfrentan pérdidas económicas significativas debido a sequías y fenómenos extremos. La deuda climática también incluye la necesidad de compensar a los países más vulnerables mediante financiación para proyectos de adaptación y mitigación, como el desarrollo de energías renovables.
Este criterio se ha discutido en foros internacionales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se ha planteado la necesidad de que los países ricos asuman su responsabilidad y apoyen económicamente a los países en desarrollo.
¿Cómo afecta el medio ambiente a la economía?
El medio ambiente es la base de la economía, pues proporciona recursos esenciales como agua, tierra fértil y minerales, además de servicios como la regulación del clima. Por ejemplo, la agricultura, que representa el sustento de millones de personas, depende de un clima estable; sin embargo, fenómenos como sequías o inundaciones, exacerbados por el cambio climático, generan pérdidas económicas millonarias. En 2021, como muestra, los desastres naturales relacionados con el clima causaron daños globales por más de 280 mil millones de dólares.
Además, la contaminación del aire y el agua afecta la salud pública: incrementa los costes médicos y reduce la productividad laboral. Por otra parte, invertir en energías renovables y conservación ambiental no solo protege el planeta, sino que también crea empleos y estimula la innovación. Así, cuidar el medio ambiente no es solo un imperativo ético, sino una estrategia económica inteligente.
En resumen, abordar el cambio climático de manera integral es esencial para posibilitar el futuro económico y social de España. En esa dirección, la ciudadanía y el tejido asociativo tienen un papel crucial en promover cambios en las instituciones públicas y el sector privado. Acciones como la promoción de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la inversión en infraestructuras resilientes pueden reducir significativamente los costes asociados a los fenómenos climáticos extremos. Y la emisión de bonos verdes con cláusulas de resiliencia puede atraer inversores responsables y aliviar la presión sobre el presupuesto estatal. Al articular un futuro climático y económico más resiliente, España no solo protege su economía, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible y justo, beneficiando así a todas las generaciones futuras.