La Fiscalía peruana abrió una indagación preliminar contra el director y fundador del portal de investigación independiente IDL-Reporteros, el prestigioso y multimpremiado periodista peruano Gustavo Gorriti. Entre las diligencias que la Fiscalía quiere practicar consta el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gorriti y también de dos fiscales a cargo el caso de corrupción Lava Jato en Perú.
Según la demanda que dio lugar al proceso, Gorriti habría corrompido a una unidad especial de la Fiscalía que desde el 2016 investiga los sobornos que pagó en Perú la empresa constructora brasileña Odebrecht. El trabajo periodístico de IDL-Reporteros sobre esta corporación -que ha aceptado haber pagado sobornos a políticos en varios países de Latinoamérica- se inició en 2011 y ha supuesto el procesamiento judicial de cuatro expresidentes peruanos. El medio ha explicado a profundidad cómo desarrolló su trabajo sobre ese caso.
Entre las diligencias que ha dispuesto el fiscal que lleva el caso constan dos de especial preocupación. La primera pide proporcionar los números telefónicos que el periodista y los dos fiscales indagados hayan usado entre enero de 2016 y abril de 2021. La segunda, dispone dispone “autorizar en su oportunidad el Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de los investigados Rafael Ernesto Vela Barba, José Domingo Pérez y Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen”.
"La protección de las fuentes es un precepto fundamental para la existencia misma del periodismo, que dedica buena parte de sus esfuerzos a revelar ante la sociedad los manejos oscuros de quienes detentan el poder".
EditoRed se solidariza con Gorriti y los demás periodistas de IDL-Reporteros, a la vez que condena los referidos pedidos de la Fiscalía peruana porque los considera un intento de que se revelen las fuentes informativas. La protección de las fuentes es un precepto fundamental para la existencia misma del periodismo, que dedica buena parte de sus esfuerzos a revelar ante la sociedad los manejos oscuros de quienes detentan el poder y, con sus actos, perjudican a los ciudadanos y a los estados.
Esta Asociación de Editores de la Unión Europea, América Latina y Caribe pide, respetuosamente, que los procesos judiciales contra Gorriti se detengan. Son un precedente negativo que disuade a los periodistas de investigación de seguir con su trabajo profesional y cívico, nunca exento de riesgos personales.
El mismo Gorriti, en una muestra de responsabilidad profesional, seguro de la idoneidad del trabajo que él y sus colegas han desarrollado, hasta se ha mostrado abierto a dar el número de teléfono que la Fiscalía le solicita. Como ha dicho, es un número que lo conocen centenares de personas y, ha afirmado, no guarda relación directa con la protección o seguridad de sus fuentes informativas. Pero, asegura, el pretendido levantamiento del secreto de las comunicaciones es un atentado directo contra el derecho a la reserva de las fuentes.
EditoRed apoya la posición de Gorriti y de IDL-Reporteros de no entregar “información alguna sobre contactos, ni llamadas ni sobre ningún aspecto que tenga relación con la práctica del secreto profesional y reserva de fuente del oficio periodístico”.
La organización Reporteros Sin Frontera (RSF) ha informado que en Perú se han deteriorado considerablemente las condiciones para el ejercicio periodístico. Según ha publicado, “Perú es el país de América Latina que ha registrado la mayor caída en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, en la que ocupa el puesto 110 de los 180 países analizados, lo que supone un desplome de 33 posiciones respecto al año anterior”.
El trabajo de Gustavo Gorriti ha sido reconocido internacionalmente. Entre otros, ha obtenido el Premio Neuvo Periodismo en la modalidad Homenaje, el premio Maria Moors Cabot, el premio CPJ International Press Freedom y el Rey de España. En 2005 fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y es miembro del Consorcio Internacional para periodismo de Investigación.
Este artículo se ha recogido de forma íntegra de EditoRed.