EditoRed denuncia “una grave negligencia regulatoria” de la nueva ley europea de IA

El VII Congreso de Editores de la Unión Europa, América Latina y Caribe (EditoRed) se ha celebrado esta pasada entre Madrid y Bruselas.

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Foto de familia de los editores en la sede de Telefónica. Foto: Cristina Hernández.
Foto de familia de los editores en la sede de Telefónica. Foto: Cristina Hernández.

El VII Congreso de Editores de la Unión Europa, América Latina y Caribe (EditoRed), que se ha celebrado entre Madrid y Brusela esta pasada semana, concluyó con una declaración en la que expresan su condena de las presiones políticas contra los periodistas y aseguran que denunciarán todo intento de coacción contra los informadores, en cualquier parte del mundo en que se produzca. 

El Congreso, que ha reunido a medio centenar de representantes de medios europeos y latinoamericanos, entre los que se encontraba Escudo Digital, miembro de esta asociación, se desarrolló bajo el lema: “La calidad de la información y la credibilidad de los medios de comunicación, garantías para la democracia”. 

En una declaración final, los editores subrayan su compromiso con la libertad de información como pilar fundamental de la democracia e instan a proteger y promover la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación en todas las circunstancias. 

“La presión política y las amenazas representan desafíos significativos que hay que combatir sin condiciones, en todo momento, lugar y circunstancia”, afirman, al tiempo que expresan su apoyo a aquellos periodistas en cuyos países las condiciones políticas no les permiten un ejercicio pleno de la labor periodística. 

EditoRed se compromete a difundir los trabajos periodísticos de los profesionales que en sus países puedan ver condicionada su libertad en el ejercicio de su labor, y asegura que denunciará todo intento de coacción y persecución de los informadores “donde quiera que se produzca y donde se produzca”. 

La irrupción de la Inteligencia Artificial

La declaración aborda también algunos aspectos concretos que inciden en el derecho a la información, como, por ejemplo, las dificultades financieras derivadas de la transformación digital o la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).

Jennifer Wilton, del Die Welt, de Alemania, conduce uno de las mesas temáticas desarrolladas en el primer día del Congreso de Editores de EditoRed, que se desarrolló en la Casa de América, en Madrid. En el panel están Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos; Diego López Garrido, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, y Miguel Angel García, director del medio Escudo Digital.
Jennifer Wilton, del Die Welt, de Alemania, conduce la mesa temática sobre el impacto de la tecnología en la prensa, junto a Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos; Diego López Garrido, vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, y Miguel Angel García, director de Escudo Digital.

Así, los editores reclaman un amparo legal de los Estados y de los organismos internacionales “para rentabilizar las inversiones, asegurar el respeto y los ingresos legales de los trabajadores, y la independencia”.

Y en cuanto a la Inteligencia Artificial, tras aludir a la reciente ley aprobada en la Unión Europea, advierten de que se ha producido “una grave negligencia regulatoria”. En concreto, explican que “aunque los editores de noticias digitales representan el requisito previo esencial para la aportación de los contenidos de entrenamiento de IA verificados, el regulador europeo los ha dejado fuera de la cadena de valor generada por sistemas de IA”. “Si no se corrige tal disfunción legal -avisan-, los sistemas de inteligencia artificial entrenados en contenido digital poco fiables amplificarán la difusión de información errónea”.

Los editores apuntan seis requisitos clave para poder sostener un panorama mediático europeo y latinoamericano diverso: un compromiso claro con los derechos de autor, protección de contenidos actualizados, retribución exigible, reversión de la carga de la prueba y obligaciones de transparencia, aplicabilidad de la ley europea de derechos de autor, y exclusión voluntaria en minería de textos y datos.

Asimismo, se trata en la declaración sobre la ética y responsabilidad en el periodismo y sobre la desinformación y las noticias falsas y se señala: “Los editores deben comprometerse con estándares de excelencia en la verificación de hechos, la imparcialidad en la presentación de noticias y la transparencia en la corrección de errores, a fin de contrarrestar la proliferación de desinformación y noticias falsas”.

Los editores indican también que buscan asegurar que las noticias que difunden reflejen de manera precisa y equitativa la diversidad de sus audiencias y comunidades y se comprometen a amplificar y promover la diversidad de voces en los medios de comunicación, incluyendo la representación de minorías étnicas, culturales, lingüísticas y sociales.

Igualmente, se comprometen a “desarrollar esfuerzos en escuchar a la audiencia, comprender sus nuevas necesidades informativas, conocer y usar de manera periodística las formas de narrativa más cercanas a ellos y vincularse a la comunidad en los proyectos que busquen aportar soluciones a los problemas que le sean relevantes”.

Más adelante, la declaración expresa su preocupación por las “enormes dificultades para el libre ejercicio del periodismo”, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, y denuncia las condiciones en las que trabajan los profesionales de la información en la franja de Gaza, “que ha supuesto -recuerda- un elevado número de periodistas muertos y heridos, en el ejercicio de su labor, imprescindible para que las opiniones públicas internacionales puedan conocer la realidad del conflicto”.

Igualmente, rechazan los editores los ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información que se están produciendo por parte de los poderes públicos en diferentes Estados de la Unión Europea y América Latina y señalan, de forma especial, los casos vividos en Nicaragua, Venezuela, México, Cuba y Hungría, al tiempo que constatan que esas dificultades para ejercer el periodismo libre, han empezado a disiparse en Polonia, a raíz del cambio político producido en el país.  También denuncian la creciente amenaza para profesión del fenómeno narco, que ha tenido especial incidencia este año en Ecuador.

La declaración subraya la importancia de garantizar la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto y en entornos de alto riesgo. “Hacemos un llamamiento a las autoridades, a las empresas periodísticas y las organizaciones profesionales para que adopten medidas concretas para asegurar el ejercicio seguro de la labor periodística y para investigar y sancionar los ataques y amenazas a los comunicadores”, dice textualmente.

Por otra parte, la declaración considera necesaria la colaboración para informar de manera precisa y responsable sobre crisis humanitarias, desplazamientos forzados y situaciones de vulnerabilidad, y apuesta por favorecer desde los contenidos de los medios iniciativas que promuevan la alfabetización, el acceso a la educación y la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

La declaración concluye señalando que resulta imprescindible potenciar la colaboración editorial, el intercambio de recursos y la amplificación de voces diversas en el ámbito informativo. “La creación de redes de apoyo y cooperación entre los medios de comunicación, como EditoRed, fortalece la capacidad de los editores para enfrentar los desafíos comunes y fomenta el enriquecimiento mutuo a través de perspectivas regionales y globales”, indica.

El VII Congreso de Editores de Medios de la Unión Europea, América Latina y Caribe es un evento organizado por Grupo Prestomedia que cuenta con el apoyo de EditoRed, la Comisión y el Parlamento Europeo, de Telefónica, Iberia y la Comunidad de Madrid, así como con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, Turismo de Galicia y la Casa de América, y con Prensamedia como partner editorial.