La Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego) ha instado en un comunicado a la sustitución de los detectores iónicos de humo, “aún presentes en muchas instalaciones de detección de incendios”, por otros detectores de tecnología más avanzada y libres de componentes radiactivos.
Según cálculos facilitados por esta Asociación, al menos hay aún más de dos millones de unidades instaladas de estos detectores iónicos, que, tal y como explican, tienen como fuente radiactiva más habitual el Americio-241, que es un emisor alfa, por lo que su mayor riesgo radiactivo se derivaría de su posible inhalación o ingestión, aunque, matizan, no ofrecen “problemas de irradiación externa siempre que no se sometan a manipulaciones indebidas y/o no autorizadas”.
Estos detectores, cuando permanecen como elementos activos, no suponen ningún riesgo para la salud pública, ya que su encapsulado ofrece una garantía de contención de las radiaciones ionizantes que pudieran emitir, tal y como queda reflejado en el certificado de homologación que posee cada modelo de detector.
El problema surge cuando, debido a obras de remodelación, derribo o cualquier otra causa, estos detectores son extraídos de la instalación y depositados en almacenes sin control en los que no se garantice su integridad, y en los que no se impida que puedan ser manipulados de forma indebida o maliciosa. Estos detectores, una vez fuera de la instalación, pierden su homologación y tal y como indica su etiquetado, deben ser devueltos de forma inmediata al fabricante o gestionados por empresas autorizadas.
Tal y como afirman desde Tecnifuego, la fuente radiactiva que contienen los detectores iónicos debe ser extraída y gestionada adecuadamente. Es necesario, por lo tanto, “que estos detectores sean diferenciados del resto de material eléctrico y electrónico en obra, evitando así que puedan ser enviados como residuo común a plantas de selección de residuos, en los que la ausencia de protocolos para la gestión de material radiactivo podría originar riesgo de contaminación ambiental o de personas”.