Multas para padres: hasta 10.000 euros si tu hijo es un ciberagresor

Casi la mitad de los adolescentes utilizan el móvil más de seis horas al día y una de cada cinco familias dan los móviles a sus hijos sin ningún tipo de control parental.

Gonzalo Díaz Bonet.

Especialista en Tecnología y Sostenibilidad.

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Tener un hijo que quebranta la ley sale muy caro, también en el ciberespacio. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya impone multas de hasta 10.000 euros a padres de menores que difunden imágenes íntimas sin consentimiento, o que reenvían contenido que fomenta el ciberacoso. 

Y es que no se trata de un tema minoritario. Uno de cada tres adolescentes y jóvenes dice haber sido víctima de ciberacoso y uno de cada cinco ha llegado a saltarse clases como consecuencia de ese acoso, según cifras de Unicef recogidas a nivel mundial. 

¿Y qué pueden hacer estas víctimas en caso de ciberacoso? El primer paso es solicitar a la plataforma correspondiente (Instagram, Google, TikTok...) la retirada de las imágenes o comentarios discriminatorios, pero, en caso de no recibir respuesta en el plazo de un mes, el afectado puede solicitar la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos, algo que deberán hacer los padres o tutores en el caso de menores de 14 años. 

La denuncia ante la AEPD abre una vía administrativa, independiente de la que, además, se plantee ante las Fuerzas de Seguridad del Estado o la Fiscalía en casos de ciberacoso, sexting o pornovenganza. La función de la agencia consiste en la retirada del material delicado de las redes, pero también tiene potestad disciplinaria. 

Y las multas para los agresores, que en muchos casos deberán asumir los padres si los infractores son menores. Entre 5.000 y 10.000 euros para los padres del menor que grabe y distribuya material ofensivo, y también para el que solo distribuya. Y es que, en el caso de menores, los padres tienen responsabilidad subsidiaria y deben responder económicamente por las infracciones administrativas y conductas delictivas de sus hijos e hijas menores de edad, así como por los daños y perjuicios materiales y morales causados. 

Según explica en 20 minutos la directora de la AEPD, Mar España, la primera sanción a padres de menores llegó en 2022. "Fue a un joven de 16 años que extorsionaba a una chica de 13 años que le envió en un principio contenido íntimo voluntariamente, pero luego el infractor le amenazó y obligó a mandarle más bajo la amenaza de que las publicaría. Fue sancionado con 5.000 euros, una multa que tuvieron que abonar sus padres", relata. 

"Cada caso lo miramos con mucho detenimiento y hay agravantes y atenuantes. Si el colegio informa de la situación desfavorable de la familia, se tiene en cuenta". Además, cuando quien publique un contenido íntimo que afecte a una víctima sea un medio de comunicación, la Agencia aumenta las sanciones a 50.000 euros. 

En el último año la agencia ha realizado 51 intervenciones a raíz de denuncias recibidas a través de su Canal Prioritario para Contenidos Sensibles. El 70% de dichas intervenciones se corresponde con violencia digital ejercida contra mujeres y niñas. El resto fueron por ciberacoso homófobo o racista. 

En 46 de las 51 denuncias por contenidos sensibles se consiguió la retirada de los contenidos publicados en Internet con inmediatez, y en los pocos en los que no se logra eliminar es por estar alojados en servidores del extranjero, donde la AEPD no tiene potestad.   

Según los datos que maneja Mar España, casi la mitad de los adolescentes utilizan el móvil más de seis horas al día y una de cada cinco familias dan los móviles a sus hijos sin ningún tipo de control parental. “Si tú das un móvil con acceso ilimitado a internet a un menor con nueve años, es lo mismo que si dieras un Ferrari a 200 km por hora sin que esa persona haya dado una sola clase del carné de conducir, ni teórica ni práctica”, denuncia. 

España ha recalcado el trabajo de la AEPD en esta cuestión: “Desde la Agencia estamos coordinando un grupo de trabajo para prevenir la adicción a las tecnologías, con lo que esto implica en el tratamiento y la monetización de los datos de menores, o los daños en su salud mental y, por otra parte, para establecer verificaciones de atributos de mayoría de edad para acceder a determinadas páginas”.