“Band of Brothers” o “Banda de hermanos” es la que dicen es la mejor serie militar de la televisión. Y la industria de defensa española también tiene su particular banda de hermanos en los tres ejércitos al mejor estilo de serie mediática; empresas que eran pequeños talleres cercanos a los cuarteles y que han conocido en los últimos tiempos un sorprendente desarrollo ligado a los multimillonarios presupuestos de Defensa: se calcula una inversión acumulada para el periodo 2022-2030 de 60.000 millones de euros.
En lo referente al Ejército de Tierra, hay tres de estas emprensas conocidas incluso por sus motes: “Los Del Río” (sin Macarena), “los chatarreros” y “los chapistas”.
Los chatarreros es el sobrenombre con que muchos militares y parte de la Industria Defensa, conocen a los hermanos Moreno de la empresa Cohemo. Cohemo (Comercial Hermanos Moreno) S. L. comenzó su actividad en 1993 como una pequeña empresa familiar cuya principal actividad era la distribución de repuestos para vehículos militares del Ejército de Tierra. Por aquel entonces su centro de operaciones estaba ubicado en el polígono Industrial ‘El Álamo’, en la localidad madrileña de Fuenlabrada.
Según refleja su propia web, y en función de los pedidos militares, “transcurrido el tiempo Cohemo, S.L.U. ha evolucionado de tal forma que ha logrado convertirse en una moderna empresa con una gama de actividad mucho más extensa, que engloba la modernización, reparación, fabricación y distribución de piezas de repuestos para todo tipo de vehículos militares ya sean sobre ruedas como sobre cadena”. Por ello, y desde el año 2000, trasladó sus instalaciones al Polígono Industrial "Las Nieves" en el término municipal de Móstoles, donde contaba con unas instalaciones iniciales de 1.300 m2, en la que se englobaban oficinas, talleres y almacén en distintos niveles. Un crecimiento exponencial que le ha llevado actualmente a tener unas modernas instalaciones en su ubicación actual, en el Polígono Industrial “Las Pajarillas”, en Móstoles, donde cuentan con más de 30.000 m² dedicados en exclusiva a la industria de Defensa.
La segunda de las firmas de nuestros “Band of Brothers” patrios, como se les conoce en el mundo de la industria de defensa, es la firma Star Defence Logistics & Engineering (SDLE), o “los Del Rio” -por el apellido de sus fundadores, los hermanos Estrella Rio-, situada en el Polígono Industrial 1, Calle C, 24, también en la localidad madrileña de Móstoles.
Con más de 10 años de experiencia, en su página corporativa se definen como “una empresa europea moderna, innovadora y sostenible con más de 200 empleados y presencia global”. “Nuestra gran diversificación de productos y apuesta firme por el desarrollo tecnológico -explican- nos sitúa como líderes en la prestación de soluciones punteras en los mercados militar y civil. Llevamos más de 10 años creciendo, ofreciendo desde el suministro de repuestos de material militar al desarrollo integral de soluciones tecnológicas para clientes civiles y militares. En este tiempo, nuestro equipo y nuestras instalaciones han ido cambiando para hacer frente a un proceso de expansión continuo que nos sitúa hoy como referente de innovación y sostenibilidad en nuestro sector, y con líneas de investigación en robótica, nanotecnología e inteligencia artificial”.
Proveedores habituales de las Fuerzas Armadas Españolas, también declaran ser suministradores oficiales de la OTAN y Naciones Unidas, así como tener presencia en más de 25 países en 4 continentes y ser líderes en países como Jordania.
A lo largo de los últimos cinco años, la empresa de Aurelio Estrella Río, según los datos del Registro Mercantil, habría recibido más de 400 contratos del Ministerio de Defensa por valor de 73,4 millones de euros.
Sin embargo, Star Defence Logistics & Engineering, SDLE en su acrónimo, no pasa por sus mejores momentos. Hace unas semanas, la Policía Nacional detenía en Madrid y Valencia a cuatro de sus principales directivos y a un ciudadano de origen libio responsable de la RADA-SDF, un grupo paralimitar de corte salafista.
La operación policial se centra en el contrabando de material de defensa de doble uso. En concreto de la compra y venta de drones con cámaras térmicas y sistemas contra este tipo de armas. En un primer momento de la investigación, en 2020, se identificó al libio como la persona que estaba llevando todo este material a su país.
El sistema antidrones de la española SDLE tenía como destino final el aeropuerto de Tripoli, la capital de Libia. La infraestructura está bajo control de la milicia que lidera el quinto detenido. El valor en el mercado se estima en más de dos millones de euros. Y vender material militar a Libia está prohibido por las sanciones que afronta el país de oriente medio.
Y la tercera de las compañías de esta singular saga de familias metidas en el mundo de las contratas de defensa es la de los ya populares Hermanos Escribano, los “chapistas” como les conoce popularmente este mundillo.
Ángel y Javier Escribano Ruiz son los dos hermanos que están detrás de Escribano Mechanical & Engineering, compañía fundada por su padre Angel Escribano, tornero fresador, en 1989. De aquel pequeño taller instalado en Coslada (Madrid) ha nacido una empresa con cinco edificios en Alcalá de Henares que ocupan una extensión de 75.000 metros cuadrados, con más de 700 empleados, una facturación que supera los 90 millones de euros y presencia en más de 25 países.
Según reseña de su propia página corporativa, Escribano M&E es, en la actualidad, “un referente internacional en Sistemas Complejos de Defensa”. Sus productos incluyen, por una parte, plataformas estabilizadas para aplicaciones terrestres, navales y aéreas; por otra, el diseño integral, desarrollo y producción de cámaras térmicas y sensores para vigilancia de fronteras. Dispone también, como explica su página web, de altas capacidades de fabricación mecánica, electrónica y óptica, además de contar con un departamento de ingeniería. Como resultado de lo anterior, EME realiza en sus propias instalaciones el desarrollo integral de sus productos y la adaptación a las necesidades del cliente sin la intervención de terceros.
Es este un éxito que los ha llevado a estar en el foco de las críticas de sus competidores por su supuesta cercanía con el gobierno de Pedro Sánchez y su “notable éxito” a la hora de ganar mucho de los contratos que adjudica el Ministerio de Defensa, donde, afirman, tienen las puertas abiertas de par en par.
Precisamente la semana pasada ESCRIBANO M&E inauguraba una oficina de representación y lobby en Bruselas para estar más cerca de donde ahora mismo se cuecen la mayoría de los grandes contratos armamentísticos europeos.
Y es que la guerra de Ucrania, y la necesidad de rearme de Europa y la OTAN frente a la amenaza rusa, ha llevado a que ahora la industria de defensa sea un suculento negocio para este tipo de empresas familiares recicladas que compiten con el cuchillo en la boca en las adjudicaciones de todo tipo de programas armamentísticos.
Falta de control en los concursos
Son muchos los que ya en el sector dan la voz de alarma ante la falta de control a la hora de elaborar pliegos y adjudicar concursos en el propio ministerio de Margarita Robles. A modo de ejemplo más que llamativo es el reciente recurso de una adjudicación millonaria de Defensa en el que se alegó que la empresa ganadora contrató a su único empleado “tres días antes”.
Dicho contrato, recurrido por una de las empresas aspirantes, asciende a 18 millones de euros y es para el suministro de piezas para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra a una empresa que alegó tener el 100% de su plantilla con discapacidad para ganar el concurso público. Sin embargo, esta solo tenía un único empleado, que también era una persona con discapacidad, y que fue contratado como apuntamos “tres días antes” de presentar su oferta en el contrato público.
Y este solamente sería la punta del iceberg de uno de los casos que están empezando a ver la luz pública. Curiosamente, en los últimos cinco años, el mantenimiento de los tanques Leopard se ha adjudicado principalmente a empresas que están siendo investigadas por la CNMC por haber manipulado presuntamente contratos públicos relacionados, en especial, con vehículos militares.
El pasado mes de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba también a cuatro empresas y a seis directivos por repartirse varias licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles. La investigación abarcó desde enero de 2016 a junio de 2021, y descubrió que las empresas amañaron el precio en contratos relacionados con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares. SDLE fue una de las multadas, y de hecho la que se llevó la peor parte con 3,3 millones de multa.
Según la CNMC, las empresas se repartieron contratos. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE).
Los acuerdos anticompetitivos afectaron a casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento.