En un régimen democrático todos los individuos son considerados libres e iguales ante la ley. La religión, la raza, el sexo, la extracción social o la ideología política no presuponen ningún tipo de superioridad o inferioridad, todos somos iguales en derechos y deberes. La democracia también dota a los ciudadanos de igualdad ideológica, es decir, no existen ideologías superiores o inferiores, a lo sumo legales o ilegales, pero en la medida que los partidos políticos se registran y asumen nuestro marco constitucional, mientras no sean ilegalizados por nuestras leyes, todos los partidos son legales. De forma que identificarse con esta o con aquella ideología no anticipa ningún tipo de superioridad ni de inferioridad a efectos constitucionales.
Por esta razón, en España no hay problema en ser nacionalista, lo que denominamos coloquialmente como nacionalismos periféricos, ser vasco y apoyar al PNV; ni en ser independentista catalán y pertenecer a ERC o al PDeCAT; tampoco pasa nada si se es nacionalista gallego y seguidor del BNG y así con todos los partidos localistas y regionalistas. Es más, algunos defienden su independencia del Estado español, pero eso jurídicamente no les inhabilita para defender sus ideas y ejercer sus derechos como organizaciones políticas legales.
Como en el caso anterior, no hay problema con ser de izquierdas derechas o centro, por usar otra convención toponímica para clasificar a los partidos por su filosofía política rectora. Pueden defender ideas con mayor o menor radicalidad si se respeta la ley. Se puede ser liberal, conservador, demócrata cristiano, carlista, socialdemócrata, socialista, comunista, trotskista, maoísta, etc., con tintes y colores más o menos radicales. También se puede ser nacionalista de izquierdas y radical, como Bildu o Compromís; marxista, populista y extremista de izquierdas, como Podemos y sus afines, porque la legislación del estado democrático les protege. Hasta aquí la teoría.
Ahora bien, cuando toca hablar de práctica, existen ciertas formaciones políticas que se empeñan en estigmatizar o anatemizar a sus adversarios políticos por razones doctrinales e irracionales, preñadas de supremacismo moral e intelectual, que no cesa en su intento de saltarse el respeto a la legalidad. La cuestión es la siguiente: si todas las ideologías son iguales ante la ley, igualdad jurídica y doctrinal, ¿por qué ciertos partidos no aceptan este derecho constitucional y se ceban en desautorizar a aquellas formaciones que, objetiva o subjetivamente, se definan como nacionalistas españolas o de derechas extremistas? En párrafos anteriores hemos visto que cualquiera puede ser hoy día nacionalista o profesar cualquier ideología en España sin problemas. He dicho bien, ¿pero de verdad todos pueden hacerlo? La respuesta es que eso no funciona así, que a duras penas se consigue el respeto para el nacionalismo español, veamos.
Aquí, en España se puede ser nacionalista vasco, catalán o de cualquier territorio, pero si se define uno, alguien, como nacionalista español, le desacreditan, estigmatizan, acosan y vituperan a él, a sus siglas y a sus símbolos. E incluso le agreden. Sigamos con el análisis de realidad y concentrémonos en las calificaciones de radical o extremista. Si se es radical o extremistas de izquierda o nacionalista, no pasa nada, es simplemente un dato más. Pero si se es nacionalista español o de derechas, entonces emerge el catastrofismo, el cataclismo, la desautorización, el estigma, la maldición y el consecuente acoso e incluso veto preventivo de derechos. Total, la ultraizquierda es asimilable y democrática, pero la ultraderecha, no. Los nacionalismos vasco, catalán, gallego y cualquier otro nuevo que emerja, extremistas o moderados, son aceptables y asumibles, pero el nacionalismo español, no. Esto suena a prejuicio tramposo y a una actitud psicológica hispanófoba, usada como medio adoctrinador de masas. No existe racionalidad que soporte esta anatema, o asimetría en el trato de unos y otros, y valide un diagnóstico de realidad tan sesgado.
No es aceptable ni saludable en una democracia que una parte de los partidos parlamentarios se erijan en jueces y parte a la hora de calificar y juzgar a sus adversarios políticos para finalmente sentenciarlos.
Nos encontramos con una discriminación positiva social y mediática ante las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Pero simultáneamente asistimos a una discriminación negativa contra el nacionalismo español y las derechas. Son reglas trucadas que no soportan un análisis racional más allá de el de ser pura arbitrariedad y propaganda interesada ¿Quién ha construido este discurso sesgado, falso e ilegal? ¿Qué autoridad moral asiste a sus defensores y divulgadores? ¿Por qué no se puede ser nacionalista español sin ser insultado? O ¿por qué razón no se puede ser radical o extremista de derechas sin ser acosado? Es más, ¿por qué no se pueden ser ambas cosas a la vez? La respuesta a estas cuestiones desde mi punto de vista es la paranoia que asiste al progresismo y al nacionalismo periférico.
Es una retahíla calculada que ha producido la factoría anónima del Club de los Derrotados en la guerra civil. Son estas, las formaciones políticas que aspiran antidemocráticamente a una hegemonía política y moral en España, interesadas en identificar gratuitamente a sus adversarios políticos como franquistas, fascistas o lo que sea, para desautorizarlos socialmente y llegarlas a considerar como una suerte de “patología democrática”. No es aceptable ni saludable en una democracia que una parte de los partidos parlamentarios se erijan en jueces y parte a la hora de calificar y juzgar a sus adversarios políticos para finalmente sentenciarlos.
¿Qué legitimidad les asiste a las izquierdas y los nacionalistas periféricos para estigmatizar y negar la libertad de los ciudadanos españoles para poder ser tan libres como ellos? ¿Por qué no se puede elegir ser nacionalistas españoles y extremistas en un mismo estado democrático? La Constitución no plantea límites de asociación política más allá de lo que estipulen las leyes, y de momento a legislación al respecto, no impide a los españoles asociarse en grupos extremistas o nacionalistas, del color que sea, siempre y cuando respeten la legalidad vigente. Por tanto, ¿desde que legitimidad pueden ciertas formaciones políticas negar el derecho democrático a existir a otras formaciones de ideología antagónicas?
Pretender excluir a quienes piensan distinto del escenario democrático es un acto ilegal, arbitrario y totalitario y, si se recurre a la fuerza, podría calificarse incluso de corte fascista. No existe ninguna evidencia de superioridad de ningún tipo que acredite que los nacionalismos periféricos o los partidos de izquierdas o progresistas ostenten una superioridad moral, doctrinal o social que les otorgue prioridad alguna frente a los movimientos nacionalistas y extremistas de derechas españoles. No es democrático inhabilitar caprichosamente a quienes piensan distinto a no ser que quienes lo hagan, se atribuyan la virtud de un mesianismo, redentorismo y totalitarismo doctrinal o sociológico en exclusiva.
Este es el caso de Vox, un partido respetuoso con la Constitución y el orden establecido en nuestro Estado de derecho, que tiene sus propuestas y programas encajables en nuestra legalidad, y si se excediesen, serían legalmente rechazadas, como sucede con otras formaciones de signo distinto. Como observador ajeno a esta formación no atisbo a clasificar ni calificar de forma clara y contundente a este partido, ni de nacionalista ni de extremista, pero si así fuese, ¿quién se lo puede impedir? Si comparamos la radicalidad exhibida por el nacionalismo vasco o catalán, a su lado, el nacionalismo de Vox resulta blando e incluso romántico.
Concluyendo, ¿por qué vascos y catalanes pueden ser nacionalistas y el resto de los españoles, no? ¿Por qué las izquierdas pueden ser extremistas y las derechas, no? ¿Qué estado democrático puede aceptar estas asimetrías sin negarse a sí mismo como tal? Ni la razón, ni el estado de derecho, asisten a estos censores intolerantes y no hace falta entrar en más consideraciones doctrinales y mucho menos históricas. Este es el espectáculo lamentable a que estamos asistiendo donde nacionalistas y grupos de izquierdas, exhibiendo lo peor de su totalitarismo, incluyendo la violencia y coacción, pretenden aniquilar la esencia de un estado democrático, negando la igualdad jurídica de muchos de sus ciudadanos. ¿Por qué lo hacen? Sencillamente, para poder acceder al poder sin adversarios doctrinales, negándoles sus derechos fundamentales y tratando de boicotear su existencia. Mal presagio para nuestra democracia y mal futuro para nuestra convivencia cívica.