Las relaciones entre los gobiernos de turno y el entorno de la izquierda “abertzale” desde que ETA anunció su final, en 2011, se mueven en el ejercicio de difíciles equilibrios y decisiones impopulares. Es como una partida de póker de baraja infinita, con sus faroles, pero con movimientos imprevistos. Tanto a los gobiernos como a los herederos de Batasuna les toca además lidiar con los suyos para evitar el fuego amigo. Son las iniciativas tomadas en función de la propia parroquia, para que pueda “tragar” con otros hechos que se desvían del supuesto ADN de la formación.
Esa es parte de la estructura profunda de incluir a 44 antiguos etarras (no sabemos si han dejado de considerarse así) condenados por la Justicia; siete de ellos implicados en asesinatos. Y otra parte de la canción tiene que ver con la lucha de EH Bildu con el PNV por la hegemonía municipal. El propio PNV atribuye la decisión de Bildu a una manera de “unificar el voto”.
La polémica provocada ha motivado que la dirección de EH Bildu rectifique y retire de sus listas a los siete candidatos con delitos de sangre. Y lo han hecho público con una comunicado conjunto en el que afirman que “no queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro”. Sus nombres no pueden desaparecer ya de las papeletas, pero han anunciado el compromiso de no tomar posesión del cargo en caso de ser elegidos.
De este “juego político” de complicados funambulismos hace más de veinte años. Las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 acabaron con el ciclo de las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy, al frente del Partido Popular, conseguía una holgada mayoría absoluta. En el nuevo Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz asumió el Ministerio del Interior, en sustitución de Antonio Camacho Vizcaíno.
Un mes antes de la celebración de los comicios, el 20 de octubre de 2011, ETA había anunciado el “cese definitivo de su actividad armada”. En su habitual lenguaje, la banda terrorista declaró su compromiso “claro, firme y definitivo” de “superar la confrontación armada”, mientras pedía a los Gobiernos español y francés un “diálogo directo” con el propósito de alcanzar una solución de “las consecuencias del conflicto”. El grupo criminal llevaba dos años sin atentados mortales. El último fue el 30 de julio de 2009, una bomba-lapa en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil aparcado en los alrededores del Acuartelamiento de Palmanova (Mallorca). Fallecieron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun.
Correspondía a Fernández Díaz, como nuevo titular de Interior, gestionar el final de ETA. Y desde el primer momento anunció que la lucha antiterrorista iba a continuar activa hasta que la banda dejara de existir. El traspaso de poderes se produjo de la manera acostumbrada, con la simbólica entrega de la cartera ministerial entre Camacho y Fernández Díaz para el recuerdo.
En enero de 2012, el expresidente Zapatero acudió al Ministerio a una reunión secreta (auspiciada por él) con Fernández Díaz con ETA como asunto principal. ¿Sirvió el encuentro para el traspaso de información vital? ¿Le comunicó Zapatero la absoluta seguridad de los servicios de la lucha antiterrorista de que la decisión de ETA era irreversible? ¿Sugirió Zapatero la necesidad de realizar “gestos” al mundo “abertzale” para que el proceso progresara adecuadamente?
Fuentes conocedoras del contenido de la reunión sugieren que se abordaron esos asuntos. Además, Zapatero se tuvo que mostrar muy convincente ante el nuevo ministro, porque cargaba a sus espaldas con el trágico atentado de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde murieron dos personas. La explosión de una furgoneta-bomba el 30 de diciembre de 2006 dinamitó el “alto el fuego permanente” promovido por la banda durante un (a la postre falso) proceso de paz entre los terroristas y el Gobierno español. Hasta ese momento, la banda nunca había perpetrado un ataque durante la suspensión de su “lucha armada”. El presidente fue tachado de ingenuo por confiar en las supuestas buenas intenciones de ETA, que demostró su capacidad de engaño.
Zapatero transmitió a Fernández Díaz que la declaración de “cese definitivo de la actividad armada”, de octubre de 2011, iba en serio, que no había marcha atrás. Se supone que no había acuerdo explícito entre el Gobierno socialista y la cúpula etarra, pero quedaba en el aire la necesidad de cumplir con sutiles pactos de no agresión y contrapartidas sin detallar.
Lo cierto es que la actitud del Gobierno del PP hacia el mundo etarra en ocasiones fue de tibieza. O así pareció a la derecha menos complaciente, incluso a destacados miembros de su propio partido: permisividad de homenajes a miembros de ETA o aplicación de las leyes en beneficio del entorno “abertzale”. Una de las mayores polémicas en este sentido fue el “caso Bolinaga”. Josu Uribetxeberria Bolinaga, encarcelado por haber participado en el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (Bolinaga había decidido dejar morir de hambre al secuestrado), comenzó en agosto de 2012 una huelga de hambre para que se le excarcelara después de habérsele diagnosticado un cáncer terminal.
El 17 de agosto, el Ministerio de Interior le concedió el tercer grado penitenciario. Y en septiembre la Audiencia Nacional decretó su puesta en libertad. La dirección del PP tuvo que esforzarse para que se entendiera esta decisión, rechazada públicamente por Jaime Mayor Oreja, Esperanza Aguirre y María del Mar Blanco. No se entendía muy bien la gestión de Interior. ¿O hay que explicarla en función de ese pacto tácito de realizar concesiones?
La concesión del tercer grado para Bolinaga y los distintos informes médicos sobre su esperanza de vida provocaron bastante malestar e incluso la sospecha de que el Gobierno del PP se encontraba en la senda de las compensaciones esbozadas por Zapatero, aunque fuera por omisión. Bolinaga finalmente falleció en enero de 2015. Y así continuó el Gobierno en estos asuntos, con una vela a Dios y otra al diablo. Mantuvo la política de dispersión de presos etarras, sí, pero con alguna contraprestación como la de Bolinaga o la permisividad con los homenajes a etarras.
En la otra bancada de la partida, EH Bildu. Nada se mueve en el entorno de la izquierda “abertzale” sin la aquiescencia de la dirección: colectivos de presos, apoyos a otros grupos para la gobernabilidad... Aunque, como ya informó Escudo Digital, existe una cierta disidencia menor. Algunos movimientos de EH Bildu hay que entenderlos en clave interna. En esta partida intangible de favores, a EH Bildu le ha correspondido apoyar a Pedro Sánchez, en Madrid, y a María Chivite en Navarra. No siempre en primera línea, pero en algunas ocasiones sacando pecho, como en la reciente aprobación de la Ley de Vivienda. ¿Qué opina la vieja guardia de este “sentido de Estado”? ¿Les parece bien a los más radicales la complacencia con el PSOE? ¿Dónde han quedado los motivos de la denominada lucha armada?
La inclusión en algunas listas electorales para las municipales del 28 de mayo en País Vasco y Navarra de 44 condenados hay que leerla también en clave interna. Es un guiño a los votantes, en un claro intento por conseguir la hegemonía municipal, un recuerdo de que siguen siendo los mismos, que pactan en Madrid, pero no han dejado de ser los más duros. La presidenta del Bizkai Buru Batzar, órgano ejecutivo de dirección del PNV en Vizcaya, Itaxo Atutxa, atribuyó la inclusión de condenados en las listas de EH Bildu a su necesidad de “aunar el voto, que saben que tienen dividido entre su juventud y dentro de sus votantes”.
Uno de los frentes internos que tiene la coalición de Otegi es el colectivo de presos. Un sector ha manifestado claramente su oposición a aceptar las vías legales y se apoya en los grupos minoritarios que reclaman la amnistía total. En este contexto hay que situar la decisión de EH Bildu de colocar al histórico abogado de presos de ETA José María Txema Matanzas en la Junta Electoral de Álava. Matanzas fue condenado a 10 años de prisión porque ejercía de enlace entre los presos y la dirección de la banda. Y rechazó en 2018 en una intervención el Parlamento Vasco que los presos etarras debieran pedir perdón para poder solicitar beneficios penitenciarios. Otra de sus declaraciones ilustra el perfil del personaje, que se atrevió a criticar “la demasiada capacidad de las víctimas” para influir en el cumplimiento de las penas impuestas a los etarras.
Legal, pero inmoral, argumentaban desde el PSOE. Jurídicamente es posible, porque los incluidos en las listas ya tenían cumplidas sus penas de inhabilitación. Pero constituía una bofetada al dolor de las víctimas, a la Justicia, porque aún quedan por resolver más de 300 asesinatos de ETA. Chulería e insensibilidad a raudales. Y un flaco favor a su “aliado”, el PSOE: porque se había abierto un frente de debate para la campaña que no beneficia al partido de Pedro Sánchez. La decisión de retirar a los antiguos etarras con delitos de sangre solo minimiza el gesto de seguir apelando al pasado de ETA.
Vox y Partido Popular, por este orden, se han lanzado a la yugular de Sánchez. Y por eso han reclamado la ilegalización de Bildu, en aplicación de la Ley de Partidos. Y eso da votos, aunque ETA no haya vuelto a matar desde 2009.