Llueve sobre mojado. En los años noventa los guardias civiles no cobraban horas extras, ni festivos, y en las garitas de la cárceles hacían turnos infernales en los que acababan deshidratados. El famoso Cabo Rosa, defensor del asociacionismo en la Guardia Civil, fue a la cárcel 10 años por denunciar entre otras muchas cosas que había mujeres que se veían obligadas a limpiar las casas de sus mandos.
Ha llovido mucho desde entonces, pero con el PSOE, con el PP y con el partido que gobierne, la Guardia Civil sigue siendo, en opinión de muchos agentes, el patito feo y eficiente al que se puede timar. Ya se demostró bajo el Gobierno del PSOE con Felipe González. Roldán, director General de la Guardia Civil por aquel entonces, metió mano en el patrimonio de los huérfanos de la Guardia Civil, un patrimonio pagado con las cuotas de los agentes. Del dinero perdido se perdió el rastro.
En el caso de la Benemérita, su condición de cuerpo militar a la vez que civil, limita su capacidad de reacción. La obediencia ciega es uno de sus valores, pero tienen derecho a cobrar lo que les corresponde. Según informa Confilegal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la resolución de 13 de julio de 2021 de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por la que denegó el abono de la diferencia entre la cantidad percibida por un agente, como complemento de productividad estructural, y el que debería habérsele abonado desde 2017, de acuerdo con la actualización de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Esta sentencia puede crear jurisprudencia, pero Fernando Grande Marlaska, en lugar de cumplir lo que prometió a los sindicatos policiales y a las Asociaciones de la Guardia Civil, está más ocupado en cambiar normas como eliminar la estatura mínima de los Policías Nacionales que entren en el cuerpo. Mientras se habla de esos temas tan futiles no se abordan otros de mayor calado como el informe de casi 500 folios de la Guardia Civil en el que se informaba sobre los contactos que mantuvo el Jefe de prisiones, Ángel Luis Ortiz, hombre de confianza del ministro del Interior con personas afines al entorno de ETA,
La decisión judicial se basa en el criterio asentado en la sentencia número 1554/2021 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 2021, que incluyó ponencia del magistrado Rafael Toledano Cantero.
Se reconoce el derecho del guardia civil a cobrar 1.279 euros más intereses como atrasos no satisfechos desde 2017 del complemento de productividad estructural.
Este pronunciamiento, contenido en su sentencia de 2 de febrero pasado, es de aplicación a la totalidad de los agentes de la Benemérita que estén percibiendo dicho complemento, según el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, que ha llevado este caso. Comprende cinco ejercicios: 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Este ejemplo es bastante explícito del trato que actualmente recibimos por parte de nuestros jefes, lo cual es sintomático de un claro abuso, con la complacencia de @Maria2Gamez y como que ya está bien.#NosRobaLaGuardiaCivil
— AUGC Sevilla (@AUGC_Sevilla) December 12, 2020
🔻🆘👇🏽🆘🔻🆘👇🏽🔻🆘👇🏽 pic.twitter.com/cfFLxrZnwC
El abogado del Estado que intervino en nombre de la Benemérita, al igual que Grande-Marlaska al rebajar la estatura de los policías, habló de techos, en su caso de la ligazón de los complementos de productividad estructural y por objetivos a los techos de la partida presupuestaria de destino.
Según publica literalmente Confilegal, el abogado del Estado afirma que "implica que la cantidad percibida por objetivos equivale a la dejada de percibir por productividad estructural, existiendo enriquecimiento injusto del recurrente en el caso de abonar ambas cantidades acumulativamente"
Frente al abogado del Estado, que alega enriquecimiento, el TSJM afirma que es de justicia que los guardias cobren lo que se les adeuda
El Tribunal Superior de Justicia no está de acuerdo con ese argumento y recuerda que el artículo 6 de la la Orden General 12/2014 de 23 de diciembre, regula los incentivos al rendimiento de los agentes en un complemento de productividad que se articula en dos tipos: estructural y por objetivos. Y según la sentencia del Supremo es de obligado cumplimiento actualizar el complemento de productividad estructural de acuerdo a los presupuestos de cada año y «no a la cuantía fijada en el año 2014 de forma inamovible para años sucesivos. Solo esta, como dice el Alto Tribunal, puede ser la interpretación que permite mantener la correlación buscada por la disposición normativa entre el complemento de destino y el complemento de productividad».
Según refleja en su artículo confilegal, "el TSJM desestima, asimismo, la argumentación del abogado del Estado de que no existía razón para abonar la actualización en la productividad estructural porque de haberlo hecho no habría quedado remanente para pagar la productividad por objetivos" y es que según ha contestado a la Abogacía del Estado "No se da un enriquecimiento injusto en los perceptores», porque los beneficiados no cobran doblemente. Sino que cobran por dos complementos diferenciados, subraya el tribunal, que considera que estamos ante un problema que debe solucionar la Administración porque es de justicia que cobren lo que se les debe.
Hay que tener en cuenta, que tirando muy por lo alto, la cantidad a abonar a los Guardias rondaría los 80 millones de euros. No todos tienen cinco años de antigüedad ni están en el mismo caso. Estamos hablando de una nimiedad que se le debe a los hombres de uno de los cuerpos policiales más valorados del mundo. Como ha señalado AUGC en reiteradas ocasiones, un guardia civil sigue siendo el único funcionario de policía que carece de turnos de trabajo. Tampoco disfruta de unos complementos dignos por el servicio realizado en horario festivo, nocturno o en horas extras.