El juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 de Barcelona ha paralizado la convocatoria de la nueva plaza de 'major' de los Mossos d'Esquadra, al estimar "íntegramente" las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y por el Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL).
Así lo han anunciado ambos sindicatos en un comunicado conjunto en el que recuerdan que impugnaron judicialmente el proceso, de libre designación, al reprobar su idoneidad y conveniencia, dado que se anunció justo después de que Pere Aragonès convocase elecciones autonómicas anticipadas y, además, consideraban que se trataba de una convocatoria "hecha a medida" para Eduard Sallent, actual comisario jefe de los Mossos.
Los sindicatos también denunciaron las bases de la convocatoria, al igual que hizo posteriormente la única persona que rivalizó con Sallent por la plaza de nuevo major, el máximo rango de los Mossos, un cargo de carácter vitalicio que actualmente solo ostenta Josep Lluís Trapero. Esta persona es la comisaria Alícia Moriana, actual jefa de la Región Central y quien presentó un recurso por la vía contenciosa contra la convocatoria antes de ser convocada a una entrevista personal, que no constaba en las bases del concurso, con el director general de la Policía, Pere Ferrer.
Sallent también fue citado a otra entrevista con Ferrer, que se reunió con ambos el 10 de mayo, a solo dos días de las elecciones autonómicas, y que terminaron con la Conselleria de Interior de la Generalitat anunciando ese mismo día que el candidato elegido era Sallent.
Tras ser escogido, Sallent inició el 21 de mayo el curso de adecuación, de unos dos meses de duración y el último paso para ser nombrado major. Sin embargo, la decisión de la jueza deja su designación en el aire.
"Nos encontramos ante una convocatoria para cubrir una plaza de la categoría de Mayor de la escalera superior del cuerpo de mozos de escuadra en la que se denuncian una serie de irregularidades que pueden dar a lugar su nulidad", indica el auto.
"Si se dicta una sentencia estimatoria, el proceso no se podrá retrotraer para hacer efectivo el derecho después de la sentencia, y de hacerse, los perjuicios serían enormes, tanto para la Administración como para terceros, ya que se habría nombrado a un intendente de forma nula y se le habría abonado un salario que no le correspondería", explica.
La jueza ha rechazado las alegaciones del Departamento de Interior que argumentaban que los sindicatos no tenían legitimidad para presentar ningún tipo de demanda, ya que solo representan la escala básica de los Mossos. No obstante, la magistrada argumenta en el auto que uno de los objetivos de los sindicatos es "defender los derechos de los Mossos d'Esquadra que quieran acceder al puesto de major, por lo que hay que estimar la legitimación activa".
SAP-FEPOL y SME-FEPOL valoran de forma "muy positiva" la disposición acordada por la jueza, aunque remarcan que "en ningún caso debería haberse llegado a esta situación".
"Lamentamos y reprobamos de forma firme y contundente la postura del Departamento de Interior y de sus actuales responsables que han pretendido tirar por la calle de en medio sin tener en cuenta las consecuencias lesivas que una situación como ésta podría provocar", subrayan los sindicatos.
"El Cuerpo de Mossos d'Esquadra ni se merece esta situación ni se merece tampoco la irresponsabilidad con la que, tanto el Departamento de Interior, como la Dirección General de la Policía vienen actuando desde hace demasiado tiempo, la cual ensucia el buen nombre de la institución que nosotros también representamos", apuntan para rematar su comunicado.
El Jutjat Contenciós Administratiu 8 #Barcelona ha estimat íntegrament mesures cautelars sol·licitades x SAP i SME i ha ordenat a @interiorcat suspendre convocatòria que,mitjançant el procediment de lliure designació, x cobrir una plaça de Major.@mossoshttps://t.co/2p5JvxJISK
— SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) June 3, 2024
Interior va a recurrir la decisión de la jueza
Solo unas horas después de conocerse la decisión de la magistrada de frenar la convocatoria de major, fuentes de la Conselleria han comentado a Europa Press sus intenciones de presentar un recurso de apelación.
Según han explicado, la resolución que estima el recurso de los sindicatos "no resuelve sobre el fondo de la cuestión, sino que establece únicamente medidas cautelares mientras no se hace la resolución final".
"El principal argumento jurídico para estimar las medidas cautelares es la 'pérdida de efectividad de la sentencia si no se adoptaran medidas cautelares', sin entrar en ningún posicionamiento concreto", arguyen. Además, han señalado que esta estimación de medidas cautelares "contrasta" con el auto de 30 de mayo del Juzgado Contencioso-Administrativo 6 de Barcelona, que descartaba fijarlas