La dispersión de presos es un instrumento penitenciario que en España se utilizó en un determinado momento con miembros de las bandas terroristas ETA y GRAPO. En la actualidad se realiza con los condenados por yihadismo. Sin embargo, los narcos se mantienen agrupados en las mismas prisiones, sobre todo en la cárcel de Algeciras, el centro penitenciario de Botafogos. El sindicato mayoritario ACAIP-UGT se dirigió el pasado mes de noviembre al Ministerio de Interior para que tomara medidas en este sentido y aplicara una política de dispersión, lo que han obtenido es la callada por respuesta.
El argumento de Instituciones Penitenciarias para “permitir” esta concentración de presos es, según explica a Escudo Digital Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias), que “muchos de estos internos son preventivos y que, al estar a disposición judicial, deben permanecer lo más cerca posible de los juzgados de los que dependen”. “Pero no hay que olvidar que Cádiz tiene cuatro centros penitenciarios, que sin salir de la provincia hay otros lugares donde se puede derivar a presos por narcotráfico”, añade.
El narcotráfico en Galicia
Un ejemplo de que se puede hacer. En 1995, los grandes capos del narcotráfico y cuadros intermedios fueron dispersados por distintas prisiones del país con el objetivo de impedir que pudieran seguir comandando sus negocios desde la cárcel. Para ello se les trasladaba se prisión cada seis meses y eran ingresados en centros lejanos de las regiones donde tenían negocios e influencia. También se les controlaba exhaustivamente las comunicaciones con otros internos. Eran los tiempos de la “Operación Nécora” y la lucha contra las mafias gallegas, asunto que recoge Nacho Carretero en su libro “Fariña” (Libros del KO, 1995). Esta crónica fue ficcionada como serie de televisión.
¿Y por qué el Gobierno no interviene? Para Leyva, “es inconcebible que tengamos esta concentración de presos porque se mantiene la infraestructura de la organización dentro del centro penitenciario y todos sabemos que se trata de organizaciones muy gregarias”.
El traslado y separación de los narcos serviría, según ACAIP-UGT, para limitar la peligrosa situación que viven los funcionarios, sometidos a agresiones físicas, quema de coches, intentos de motín y amenazas. “En el centro de Algeciras se concentran un gran número de internos relacionados con el mundo de la droga de distintos clanes -indica Leyva-. Y no solo miembros de base, también altos dirigentes. Esta acumulación de internos vinculados con el narcotráfico pone en riesgo la propia seguridad de los trabajadores. Todo el mundo se conoce, sabe dónde viven y pueden amenazar a los funcionarios. De hecho los hijos de los presos y de los trabajadores a veces comparten colegio”.
Teléfonos móviles e inhibidores
Smartphones y iphones son habituales en el devenir del interior de la cárcel de Algeciras, principalmente en el módulo donde se concentran la mayoría de los condenados por narcotráfico. Gracias a los móviles, los cabecillas de las organizaciones criminales pueden seguir dirigiendo operaciones desde la prisión y, en algunos casos, ejercer violencia de género. Está pasando. El problema podría resolverse si Instituciones Penitenciarias arreglase los inhibidores de frecuencia, que no sirven. “Tenemos inhibidores preparados para la tecnología 3G, pero ahora mismo la tecnología predominante es la 5G. Es necesaria la inversión para evitar que sigan dirigiéndola organización criminal y o las llamadas a las víctimas de violencia de género”, comenta Leyva.
El uso de drones
La amenaza de los drones para el centro penitenciario de Algeciras es real. Con estos aparatos se puede introducir material prohibido, como móviles o droga, e incluso facilitar la huida de un recluso. Un dron con hachís, cocaína y dos teléfonos se estrelló en la terraza de una vivienda cercana cuando intentaba entrar en la cárcel de Botafuegos. Estos aparatos podrían incluso facilitar la huida de algún preso, porque los hay que pueden cargar con ochenta o noventa kilos. Este modus operandi también se detectó en la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde la Policía detuvo en las inmediaciones de los centros de Puerto 1 y 2 a tres personas con un dron. Llevaba adosado un móvil de gama alta y dos botellas de whisky.
En el asunto de los drones, ACAIP-UGT apuesta por la opción de medidas urgentes. “Es curioso que los centros penitenciarios -señala Leyva- en general no estén incluidos dentro de las zonas de exclusión aérea de este tipo de aeronaves. No se consideran espacio protegido, como sí se hace con aeropuertos u otra serie de instalaciones. Las cárceles que sí tienen exclusión aérea se debe a que están dentro del área de influencia de otras infraestructuras que sí están protegidas, como parques naturales o espacios aeronáuticos. No entendemos que los centros penitenciarios hayan quedado fuera de este contexto. Es una herramienta jurídica que no va a evitar el sobrevuelo de drones, pero sirve como medida coactiva para minimizar este tipo de acciones”.