Este fin de semana del 1 de junio, la Ciudad de México ha decretado la prohibición de la venta de alcohol. ¿La razón? Solamente una y es que México vivirá una jornada electoral inédita. Por primera vez en su historia, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a los jueces, magistrados y ministros que integrarán buena parte del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local.
Un "experimento" democrático
El despliegue mediático está siendo brutal y la magnitud del proceso es enorme: más de 2.600 cargos judiciales están en juego, incluyendo los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La "idea", impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada y adoptada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, constituye un cambio radical en el sistema judicial del país. Hasta ahora, los jueces eran designados mediante concursos y evaluaciones técnicas. A partir de este año, una parte significativa será elegida por voto popular.
Los desencuentros entre López Obrador y la Suprema Corte –que bloqueó varias de sus reformas clave– fueron sin duda el detonante de este "experimento". El exmandatario acusó al Poder Judicial de representar intereses de élites y no del pueblo, y promovió una reforma constitucional, aprobada en septiembre de 2024, que modificó su estructura y mecanismos de selección.
¿El objetivo teórico de estas elecciones? "Democratizar la justicia" y acabar con la corrupción y el nepotismo.
¿Cómo se vota y a quién se elige?
El Instituto Nacional Electoral (INE) instalará más de 84.000 casillas y ha habilitado una plataforma digital llamada "Conóceles" para que los ciudadanos pueden consultar los perfiles de los aspirantes.
Cada votante recibirá entre seis y trece papeletas –según la entidad– con cientos de nombres numerados. Para emitir su voto, deberá escribir el número correspondiente al candidato de su elección.
Como es evidente, este sistema está siendo muy criticado por su complejidad: la mayoría de los votantes no conoce a los candidatos y se prevé una participación de apenas el 20%, muy por debajo del 60 % que alcanzó la elección presidencial de 2024.
Beneficios y riesgos de la elección judicial
Quienes defienden este nuevo modelo judicial aseguran que ayuda a combatir el nepotismo y la corrupción interna, acerca la justicia al ciudadano de a pie y rompe por fin el vínculo entre jueces y élites políticas o económicas.
Sin embargo, los críticos de este cambio de sistema se muestran tajantes en su rechazo y advierten de varios peligros. Por un lado, la politización de la justicia, como han señalado diversos analistas y organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia y la Facultad de Derecho de Stanford alegando que el voto popular somete a los jueces a la lógica electoral, comprometiendo su imparcialidad y su independencia frente a presiones políticas o populares.
La incertidumbre legal y el temor a un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo generan preocupación entre inversionistas, especialmente en sectores como energía, infraestructuras y telecomunicaciones, lo que podría causar un impacto económico importante en el país.
Por otro lado, los detractores afirman que muchos de los candidatos carecen de la suficiente experiencia judicial, ya que no han pasado por ningún concurso u oposición, y que los requisitos para presentarse al cargo son demasiado escuetos y ambiguos: basta con tener título de Derecho, cartas de recomendación y "buenas calificaciones".
Otro punto al que se agarran los opositores a estas elecciones judiciales es la desinformación ciudadana. Más del 70% de la población desconoce quiénes son los candidatos. Las campañas no pueden recibir financiamiento público ni privado, ni hacer propaganda tradicional. Muchos votantes acudirán "a ciegas".
Infiltración del crimen organizado
Ya se han detectado postulaciones de personas con vínculos con cárteles, y la presidenta Sheinbaum ha solicitado al Tribunal Electoral la anulación de varias candidaturas por nexos con el narcotráfico.
Este nuevo sistema judicial podría facilitar a los cárteles seguir ganando terreno dentro de las instituciones, permitiéndoles "meter mano" en el proceso para financiar en secreto a candidatos afines, amenazar a los que no les convienen o pactar con políticos locales que les ayuden a mover fichas estratégicas.
El objetivo sería tener jueces que frenen órdenes de captura, reduzcan sentencias o filtren información clave. También buscarían controlar tribunales en zonas donde operan, reforzar su impunidad y debilitar el Estado de derecho desde adentro. Sin filtros técnicos ni control sobre el dinero que entra a estas campañas, la justicia se vuelve un botín más. Y lo compran con votos.
Participación ciudadana y percepción pública
Aunque la intención principal es que los ciudadanos sean los que tengan en su voto los designios del poder judicial, la baja participación prevista y la falta de conocimiento sobre los candidatos, auguran todo lo contrario.
Para muchos votantes, este proceso se siente lejano, técnico y confuso. Sin partidos, sin campañas visibles y sin información clara, elegir entre miles de candidatos puede convertirse en un ejercicio simbólico más que efectivo.
Los más críticos ven en esta reforma un intento de controlar políticamente al Poder Judicial. Morena ya domina el Congreso y el Ejecutivo, si controlara también a jueces y magistrados el sistema de equilibrios quedaría profundamente erosionado.
México está a punto de realizar uno de los mayores ensayos democráticos de su historia reciente. Elegir directamente a los jueces suena, a priori, como una forma de empoderar a la ciudadanía. Pero cuando el contexto incluye candidatos cuestionables, desinformación masiva, ausencia de controles y alto riesgo de cooptación política y criminal, las alarmas están más que justificadas.