Si por algo era conocida Dinamarca hasta hace poco era por su énfasis en la igualdad social, el bienestar público y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esa imagen amable parece estar virando en un cambio de 180 grados debido al enfoque combativo que este país nórdico está adaptando para gestionar la estancia de sectores de su población inmigrante y refugiada.
El caso es que, en un movimiento que ha generado debate y controversia a escala internacional, Dinamarca ha adoptado una postura radical al declarar la guerra al multiculturalismo. ¿Cómo lo está haciendo? Endureciendo de manera sistemática las condiciones para que los ciudadanos que provienen de fuera de sus fronteras, sobre todo aquellos que no proceden de los países más desarrollados del mundo occidental, puedan arraigarse y disfrutar de sus ayudas y subsidios, restricciones que son especialmente severas para los inmigrantes y refugiados provenientes de África y algunas zonas de Asia. ¿Qué dos factores se esconden detrás de estos movimientos? Por un lado, la percepción de pérdida de identidad cultural que tienen determinados ciudadanos daneses. Por otro, el perfil de las personas que han protagonizado las últimas oleadas inmigrantes es de ciudadanos con una escasa formación académica y profesional, lo que repercute en una pérdida de músculo competitivo de las empresas danesas (muy orientadas a la exportación, tecnología de la información e industria marítima y logística).
El reto es mayúsculo, ya que hasta ahora la economía danesa ha generado y genera unos recursos muy estimables, tanto en términos de riqueza nación como en cuanto a la nutrición del formidable sistema de bienestar y pensiones (la carga impositiva promedio en los países escandinavos es del 40% del salario). Tanto es así que, como explican los expertos en el mercado laboral y el sistema de bienestar danés, se da la paradoja de que a algunas de esas personas con escasa cualificación profesional (lo que comporta un nivel bajo de ingresos en el ámbito laboral) les resulta a veces más rentable cobrar un subsidio por desempleo que trabajar y aportar así a la hucha común del sistema de subsidios y pensiones danés.
Desalojos forzosos de zonas “guetificadas”
Simultáneamente, el gobierno danés está derribando casas y expropiando la vivienda a familias que se encuentran en zonas “guetificadas”, con la idea de favorecer su integración a través de una triple dirección: promoviendo políticas que estimulan el regreso voluntario a sus lugares de origen (como está sucediendo por ejemplo con algunos refugiados sirios cuyos lugares de procedencia, considera el gobierno danés, son ahora más seguros), radicando la vivienda de algunas de sus familias en un entorno poblado mayoritariamente por ciudadanos daneses y promoviendo leyes y normas que hacen que los niños y adolescentes de esas familias cursen, de manera forzosa, clases de aprendizaje del idioma. En concreto, esos jóvenes están siendo obligados a ir 25 horas semanales a clases de danés y, esto es textual en la ley danesa, “formarse en valores daneses”. Uno de los riesgos a los que se exponen los impulsores de esta iniciativa es que se genere un fuerte sentimiento de indignación y aversión hacia las instituciones danesas y lo que representa el país por parte de las personas que están siendo obligadas a convertirse a los valores de esta nación. También puede convertirse en un acicate para actuar fuera de la ley.
El caso es que estas medidas han despertado un gran revuelo en los sectores más progresistas del país nórdico, así como europeo, una corriente en la que asociaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional, denuncian que Dinamarca está ejerciendo una conducta institucional violenta e incluso inhumana con sus ciudadanos procedentes del extranjero. En ese contexto, Amnistía Internacional refiere que, en aplicación de la muy denostada Ley “L38”, que considera la “procedencia no occidental” un criterio a valorar para designar una zona como “gueto”, una empresa inmobiliaria había desalojado en enero de 2020 a 96 familias del área de Nøjsomhed, en Elsinor (una ciudad portuaria, famosa por su castillo, Kronborg, que inspiró el escenario para la Hamlet, la célebre obra de Shakespeare). Lo cierto es que en septiembre de 2022 7 de estas familias vieron reconocido su derecho a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. En noviembre se remitió la denuncia de 12 personas desalojadas de igual forma al Ministerio del Interior y la Vivienda al Tribunal de Justicia de la UE para que este determinara si las categorías de “no occidentales” y sus “descendientes” encajaban en la definición de etnia de la legislación comunitaria.
Entretanto, los expertos en migración reconocen que es interesante que se ejerciten políticas de integración de los ciudadanos extranjeros, aunque señalan que el dilema ético está en que se obliga a esa integración, a menudo con métodos más que cuestionables desde el punto de vista de respeto de los derechos humanos. Hablamos, en definitiva, de una problemática de largo alcance, ya que algunos analistas temen que esas prácticas que se están desarrollando en Dinamarca funcionen, en el corto y medio plazo, como laboratorio de experiencias de una política de regulación del tránsito migratorio muchas más duras y restrictivas, que sirva como espejo en el que mirarse de países europeos que, de manera creciente, están viendo cómo las formaciones de ultraderecha se están haciendo con cada vez más votos y poder institucional, hasta el punto de que ya gobiernan, o están en el gobierno, en cuatro países de la Unión Europea: Italia, Hungría, Finlandia y Letonia. También es reseñable que en Polonia esas políticas de discriminación de los inmigrantes han estado presentes durante ocho años del gobierno ultraconservador de Mateusz Morawiecki y sus políticas contrarias a la Unión Europea, a quienes le tomó el relevo el nuevo primer ministro polaco Donald Tusk, que ha prometido reestablecer relaciones con la UE y establecer un gobierno progresista y liberal. Por no hablar de que en Países Bajos el partido neerlandés de extrema derecha PVV, liderado por el antiislamista y euroescéptico Geert Wilders, fue el ganador de las elecciones generales celebradas el pasado mes de noviembre y actualmente se encuentra en proceso de formación de gobierno.
El multiculturalismo, bajo sospecha
Para comprender este conjunto de decisiones tan controvertidas conviene entender cómo se articula actualmente el gobierno danés, conformado por una mayoría socialdemócrata en alianza con liberales conservadores. Este enfoque político refleja una tendencia emergente en algunos sectores de la sociedad danesa, que ven al multiculturalismo como una amenaza para la cohesión social y la identidad nacional. Ese creciente sentimiento en la población danesa se ha traducido en el ascenso de partidos políticos de derecha y la preocupación por el aumento de la inmigración en las últimas décadas. Estos sectores críticos de este país escandinavo argumentan que el multiculturalismo ha llevado a la fragmentación de la sociedad y a la pérdida de los valores tradicionales daneses.
Pero, ¿qué consecuencias están generando esas políticas draconianas para regular la inmigración? Como se informa en El Debate, la política restrictiva y consensuada entre los principales partidos de la tierra de Søren Kierkegaard y Lars von Trier ha generado una reducción del 28 % en inmigración y del 82 % en demandas de asilo. Si indagamos en las condiciones tan severas que ha implantado Dinamarca para regular el tránsito y la regularización de la situación de los inmigrantes y los refugiados, el acceso a la nacionalidad está supeditado a la aprobación de un examen de lengua y una prueba de conocimiento de la historia y la sociedad danesas. Esos dos requisitos no son los únicos que posibilitan la obtención del pasaporte en Dinamarca: cualquier condena a pena de cárcel, incluso suspensiva, impide con carácter permanente el acceso a la nacionalidad danesa.
La llamada “Ley de Joyería” permite a las autoridades confiscar los objetos de valor de los inmigrantes para contribuir a los gastos de recepción, primer alojamiento y tramitación de los casos.
Uno de los ejes legislativos más controvertidos e insólitos del restrictivo conjunto legislativo danés modelado para regular la inmigración es la conocida como “Ley de Joyería”: aprobada por el Folketing (la Asamblea del Pueblo Danés) en enero de 2016, bajo un Gobierno de centroderecha. Esta ley está concebida para disuadir a los inmigrantes de emigrar y arraigarse en Dinamarca. Entre las disposiciones de esa “Ley de Joyería” está la potestad, por parte de las autoridades, de confiscar los objetos de valor de los inmigrantes para contribuir a los gastos de recepción, primer alojamiento y tramitación de los casos. Los bienes en cuestión que se requisan son dinero, joyas y otros objetos si su valor supera las 10.000 coronas danesas (que representan al cambio unos 1.340 euros) y carecen de significado sentimental. De manera que quedan exentos de ese embargo forzoso de bienes los objetos de alto valor emocional como por ejemplo los anillos de matrimonio.
El respaldo a esta ley fue más que significativo. Hasta el punto de que la “Ley de Joyería” fue suscrita, hace ya 8 años, por 81 de los 109 diputados presentes aquel día en un Folketing (Asamblea del Pueblo Danés) que cuenta con 179 escaños. Entre los que la apoyaron estaban los parlamentarios del Partido Socialdemócrata, entonces en la oposición. Incluida una joven Mette Frederiksen, actual primera ministra danesa, quien ya dio muestras de su pragmatismo radical en este ámbito migratorio en su posterior etapa como ministra de Justicia, previa a sus responsabilidades actuales; la suya es una trayectoria política que ha evolucionado del idealismo inicial hacia el pragmatismo impositivo a través del que articula las líneas maestras de su actual política migratoria.
Los países escandinavos como ejemplo de integración
Sin embargo, esta postura contrasta con el enfoque histórico de los países escandinavos. Durante décadas, los países nórdicos, incluida Dinamarca, han sido líderes en la implementación de políticas sociales inclusivas vertebradas a través de los principios de igualdad y solidaridad. Esto ha permitido que los inmigrantes accedan a servicios sociales de alta calidad, como educación, atención médica y vivienda, independientemente de su origen étnico o religioso.
Esta igualdad de oportunidades ha sido fundamental para facilitar la integración de las comunidades migrantes en la sociedad danesa. Además, las políticas de bienestar social han contribuido a reducir las desigualdades económicas y mejorar las condiciones de vida para todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes. Esto ha creado un entorno propicio para la cohesión social y el desarrollo conjunto de la comunidad.
Otro aspecto clave del modelo socialdemócrata es su enfoque en la educación y la formación profesional. Los programas educativos accesibles y de elevada calidad han permitido que los inmigrantes adquieran las habilidades necesarias para integrarse en el mercado laboral y contribuir al crecimiento económico del país. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece la economía en su conjunto. A través de estas políticas progresistas y una visión de solidaridad, los países nórdicos han demostrado que la diversidad cultural puede ser una fuente de enriquecimiento y no necesariamente una amenaza para la cohesión social.
El problema en Dinamarca es que compensa más tener un subsidio que un empleo de baja cualificación, por lo que un número de inmigrantes opta por esta vía, que representa un problema de integración.
Frente a estos argumentos, están las objeciones del actual gobierno danés, que se concretan en la aplicación de políticas restrictivas de la inmigración, que se amparan en que una parte importante de la inmigración que han recibido Dinamarca y sus hermanos nórdicos estos últimos años se caracteriza por apenas tener formación y cualificación profesional. El problema en Dinamarca es que compensa más tener un subsidio que un empleo de baja cualificación, por lo que un número estimable de inmigrantes opta por esta vía, que representa un problema de integración. Lo que se traduce en más economía sumergida y más grupos criminales, como apuntan en VisualPolitiks. A este cóctel, hay que agregar que a Dinamarca ha llegado un número muy importante de inmigrantes de la guerra de Ucrania. En suma: cada vez más demandantes de asilo o de nacionalidad danesa han aportado nada o muy poco al sistema, lo que ha generado un desfase estructural en la articulación del sistema de bienestar de este país nórdico.
El acuerdo de 2023 de los países nórdicos para restringir la inmigración
Dinamarca, en cualquier caso, no es una realidad aislada. El pasado noviembre, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia suscribieron junto a este país un acuerdo para endurecer las políticas migratorias, siguiendo así la estela de la política belicosa que Dinamarca ha fijado en el trato con los inmigrantes y los refugiados desde hace años.
En ese contexto, Helsinki cerró en pleno invierno cuatro pasos fronterizos para frenar la llegada de refugiados en plenas tensiones con Moscú. Este plan ha sido concebido para atender a personas solicitantes de asilo en los países nórdicos a las que los tribunales han denegado la protección y deben ser devueltos a sus países. El propósito de este se centra en acelerar el ritmo de las deportaciones de personas que no tienen el derecho de residir en esos países escandinavos, y los vuelos de retorno se están estableciendo en cooperación con la agencia de protección de fronteras de la Unión Europea, Frontex. Así mismo, el acuerdo suscrito entre estos países nórdicos contempla incrementar, por su parte, la ayuda dedicada a los programas gestionados por Naciones Unidas de retorno voluntario para inmigrantes en situación irregular procedentes de los países del norte de África, y para los programas de asistencia y reintegración de las personas retornadas voluntariamente, como se detalla en ElDiario.es.
Sea como fuere, la reciente declaración de guerra al multiculturalismo en Dinamarca plantea interrogantes sobre el futuro de la tradición del estado de bienestar e integración escandinavo. Si bien es importante abordar las preocupaciones legítimas sobre la integración y la cohesión social, es fundamental que este enfoque no comprometa los valores fundamentales de igualdad y solidaridad que han definido a la sociedad nórdica durante décadas. En última instancia, el desafío para Dinamarca y otros países será encontrar un equilibrio entre la preservación de la identidad nacional y la promoción de la diversidad y la inclusión como factores de desarrollo armónico en el marco de un mundo cada vez más conectado, mestizo y cosmopolita, en el que las cada vez más envejecidas sociedades europeas necesitarán de la vitalidad, natalidad, riqueza cultural y, en muchos casos, ganas de construir y aportar de las jóvenes poblaciones provenientes de lugares del planeta cuyo desarrollo material y económico está en vías de desarrollo.